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Al sol y al agua, con sequías, incendios o inundaciones: así se produce la comida en Colombia. Los riesgos son muchos cuando se habla de una actividad que depende de seres vivos y cuya vida sostiene la de los productores y campesinos que, a su vez, alimentan a las ciudades y centros poblados.
Ante la incertidumbre de las actividades agropecuarias hay más alternativas que esperar que el fenómeno de El Niño cese o que el clima mejore. Una forma de mitigar los riesgos, que cobra más relevancia en este contexto, son los instrumentos financieros. Principalmente, el crédito y el seguro. El primero permite hacer inversiones productivas que ayuden a reducir la vulnerabilidad climática. Algunos ejemplos son reservorios de agua, sistemas de riego, entre otros. Y el segundo es un elemento que blinda las pérdidas en la producción y evita las quiebras.
Actividad de alto riesgo
Sin el acceso al sistema financiero, el peso del riesgo que trae consigo la actividad agropecuaria recae sobre el campesino o productor. Son ellos los que quedan expuestos a las consecuencias del clima.
Milton Moscoso es uno de los afectados por los incendios y la sequía en la vereda Jagua Flor, de San Luis (Tolima). Bajo las condiciones extremas, no aspiraba a producir alimentos sino que su preocupación era la de evitar que las plantas murieran porque ello implicaría la pérdida de toda su inversión.
En la misma posición se encuentran los ganaderos, que intentan mantener a los animales en medio de pastos secos, escasez de alimentos y los gallinazos que los rondan. De acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), entre el 1 de junio y el 21 de septiembre, las afectaciones por cuenta del fenómeno de El Niño ascienden a COP 100.000 millones, con 19.030 animales muertos, 511.604 desplazados y 3.424.829 hectáreas afectadas por verano.
Las cifras del gremio fueron cuestionadas por el Gobierno, pues desde el Ministerio de Agricultura sostienen que “no existe sustento técnico ni estadístico para asegurar que se hayan presentado más de 4.000 muertes de bovinos o pérdidas superiores a los COP 47.000 millones”. Lo que sí es indiscutible es que el sector enfrenta una situación delicada por cuenta de El Niño.
Estos son apenas unos ejemplos que muestran las dificultades de producir alimentos en un contexto climático tan adverso e impredecible. Las consecuencias serán peores si el fenómeno se extiende y es "muy fuerte" entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, como proyecta el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
El agro, históricamente, concentra cerca del 82 % de los daños y pérdidas ocasionados por eventos de sequía, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura.
Créditos y barreras
Precisamente para amortiguar y trasladar la exposición del sector agropecuario, se hacen más necesarios los créditos y seguros. Lo ideal sería contar con una entidad financiera que respalde las inversiones.
Sin embargo, acceder a estas facilidades termina por ser un privilegio, pues su implementación no se ha masificado y presenta varias barreras de acceso. En la mayoría de los casos se debe a un asunto estructural en el que las entidades financieras exigen muchos requisitos, como documentación que a veces no tienen los productores (especialmente porque hay predios sin título, el 52,7 % de los rurales, según la UPRA en 2019) o una determinada extensión a asegurar como mínimo (que tampoco cumplen).
Mónica Rangel, consultora, y Ángela María Penagos, directora de la Oficina de Cepal en Colombia, agregan que una parte importante de los productores no tiene historial crediticio, y muchos aparecen reportados en centrales de riesgo por el sector real. Los pequeños productores se concentran en el eslabón primario y no logran tener los excedentes necesarios para mejorar sus activos.
Desde la Cepal consideran que lo que fragmenta la oferta y reduce el poder de negociación es que el 65,8 % de los predios son microfundios (4 % del área rural). Y solo el 65,6 % de los adultos rurales accede al sistema financiero (99,5 % en zonas urbanas) y siete de cada 10 usuarios potenciales no tienen crédito vigente.
Otros asuntos estructurales están relacionados con la dispersión territorial y la baja conectividad que dificulta el seguimiento a los créditos. Al final, la oferta está muy concentrada en la banca pública. El Banco Agrario tiene el 92 % del redescuento para pequeños productores, y cerca del 90 % de las garantías del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) se expiden a la banca pública, según las expertas.
Un estudio publicado por el Banco de la República reconoce que el crédito destinado a los pequeños productores agropecuarios en Colombia ha estado predominantemente orientado a financiar capital de trabajo, lo que ha limitado su capacidad para realizar inversiones significativas en el crecimiento y la expansión de sus actividades productivas. Así lo establece la publicación de 2025: Caracterización del crédito al pequeño productor rural en Colombia: evolución reciente y retos.
“Esta tendencia ha llevado a una disminución relativa en los créditos destinados a la inversión, lo que, a su vez, ha tenido un impacto mínimo en la productividad y competitividad del sector”, dice el documento.
Así las cosas, es muy poco el espacio que ocupa el crédito para financiar mejoras que podrían contribuir a mitigar la exposición a las consecuencias climáticas, por ejemplo.
El crédito también es el principal canal a través del cual los instrumentos de política pública llegan efectivamente a los productores del sector. Como lo son los subsidios a la tasa de interés, a la capitalización y las garantías, sin el financiamiento formal, estos instrumentos no logran cumplir su propósito, expresa la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).
Seguros y riesgos
El seguro protege las inversiones, pero la cultura del aseguramiento es todavía más baja, así como el acceso a ellos.
El seguro es un mecanismo de transferencia por excelencia. Permite trasladar a expertos, las aseguradoras, el riesgo que no se puede gestionar de ninguna otra forma, como lo son los riesgos naturales propios de un fenómeno como El Niño.
En caso de materializarse un evento adverso, el seguro brinda liquidez a través del pago de la indemnización, justo cuando el productor la necesita para retomar su actividad, cumplir con las obligaciones financieras y proteger su patrimonio más importante: su actividad productiva. El apalancamiento financiero que brindan los seguros es mucho más costo-eficiente que la atención a través de recursos públicos de emergencia, de acuerdo con la Cepal.
Para que un productor logre tener un seguro, Rangel y Penagos establecen que se enfrenta a dificultades significativas relacionadas con:
- Oferta limitada para cubrir las diferentes capas de riesgos, pues no solo deben garantizarse a la hora de enfrentar El Niño o factores extremos. En Colombia no se cuenta con una oferta estructurada.
- Las aseguradoras no disponen de información suficiente sobre el riesgo de los proyectos productivos, lo que encarece el producto.
- Los productores que más demandan seguro tradicional son precisamente quienes han sufrido pérdidas con mayor frecuencia o intensidad. Esto deteriora la siniestralidad del pool asegurado, lo que a su vez presiona las primas al alza y disuade a los productores con menor siniestralidad de contratar (un círculo vicioso que reduce el tamaño del mercado y su viabilidad).
- Existe la posibilidad de que el productor asegurado reduzca sus prácticas de mitigación de riesgo (riego, control fitosanitario, manejo del cultivo) al saber que cuenta con un seguro. Las aseguradoras compensan esta posibilidad con recargos en la prima o mayores niveles de deducible en las pólizas tradicionales.
Además de todos los factores que encarecen el seguro, los productores no lo reconocen como un mecanismo de gestión de riesgos. Esto hace que no internalicen el valor del seguro en sus estructuras de costos y tienden a priorizar los gastos con efecto directo e inmediato en su proyecto productivo. Incluso con subsidios (pues existe el Incentivo al Seguro Agropecuario), si el productor no tiene claridad sobre qué cubre exactamente la póliza, cómo se activa la indemnización y qué tan rápido la recibe, el costo del seguro se percibe como alto respecto a un beneficio incierto, establecen las expertas de la Cepal.
Más allá del seguro, la gestión del riesgo que trae consigo la actividad tiene que ver con prácticas productivas, información agroclimática, infraestructura, ahorro y fondos de contingencia. Pero en el país hay amplios riesgos sin gestionar. Solo el 10 % de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) recibían asistencia técnica, solo el 18,1 % tiene riego. “Para el banco, un proyecto sin gestión de riesgos es un proyecto con alta probabilidad de impago”, afirman Rangel y Penagos.
Un panorama espinoso
Más allá de las barreras, la coyuntura es adversa. El clima es cada vez más complejo, los productores enfrentan elevados costos de producción porque los agroinsumos se encarecieron con las dificultades logísticas y el cierre del estrecho de Ormuz, en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.
El contexto internacional ha contribuido a subir también el precio del petróleo. Lo que nos lleva a otro aspecto relevante: el país se encuentra atravesando un repunte inflacionario desde febrero de este año, con una leve pausa en julio. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reporta que la variación del Índice de Precios al Consumidor fue del 6,24 % en agosto, comparado con el mismo mes del 2025.
El dato es más del doble de la meta del Banco de la República (3 %). Esto hace que el emisor, responsable de la política monetaria del país y de mantener a raya la inflación, suba las tasas de interés. Así se encarece el crédito, enviando el mensaje a los colombianos de que no es un buen momento para endeudarse.
Actualmente, la tasa de interés de política monetaria del Banrep es del 12 %. En este escenario los productores se preguntan si es posible que les presten y a qué costo, reflexiona Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
El problema de fondo es que también se vuelve más costoso el financiamiento para producir alimentos, un renglón que últimamente se ha destacado justamente por impulsar la inflación y que le pega directamente a los bolsillos de los hogares.
Las medidas del Gobierno en debate
Es entonces cuando el papel del Estado toma mayor protagonismo. Ante las barreras de acceso y la vulnerabilidad de los productores, se requieren alivios, ayudas y el respaldo del Gobierno.
Algunas de las estrategias que encabeza Finagro, y que la administración actual busca fortalecer, son: los instrumentos de fomento agropecuario y garantizar crédito con tasas competitivas, el Incentivo a la Capitalización Rural, el seguro agropecuario y el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías. También se ha hablado de refinanciar las deudas, especialmente para aquellos afectados por el terremoto del 10 de agosto.
Para los efectos de El Niño ya se anunció que los pequeños productores tendrán subsidio de hasta el 85 % del costo de la prima del Seguro Agropecuario (ISA) y para los medianos será de hasta el 35 %. De otro lado, el Incentivo de Capitalización para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (ICGR) se orienta a disminuir la vulnerabilidad de los productores ante el déficit o exceso hídrico, con abono de hasta el 40 % del valor del crédito si se invierte en sistemas de riego, reservorios e infraestructura hídrica. Y el Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGRA) que ofrece acceso a crédito con tasas de interés bajas y fijas y a incentivos de hasta el 40 % a la inversión, así como un beneficio de hasta 80 % para la prima del seguro agropecuario.
Para Jaime Alberto Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR) de la Universidad de La Salle, las medidas no son suficientes porque se debe profundizar en los pequeños productores y ampliar su alcance.
Algunos otros ajustes que se podrían hacer están relacionados con fijar subcuotas para pequeños productores dentro de las inversiones forzosas, incluir el seguro paramétrico por defecto en los créditos y usar las compras públicas de alimentos como apalancamiento para las cooperativas campesinas, en palabras de Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.
El reto relacionado con los créditos y seguros para el agro va más allá de ampliar el acceso y deshacer las barreras. También implica un mejor manejo productivo y de los riesgos asociados a la producción. Las expertas de la Cepal sostienen que si no hay infraestructura productiva y asistencia técnico-productiva, un productor no logrará generar rentabilidad y consolidar su actividad.
Si la propuesta del Gobierno es pensar en los campesinos como empresarios, como lo ha dicho el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, el Estado debe garantizar que dejen de producir en condiciones precarias y que tengan las herramientas necesarias para desempeñar sus labores, como el acceso a los instrumentos financieros y todo lo que ello conlleva.
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