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A principios de marzo, mientras el presidente Donald Trump disfrutaba del éxito de una intervención militar en Venezuela, se reunió con el secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, en el Ala Oeste para una celebración privada. También asistió un empresario, que llevó una pila de oro.
El presidente vio con aprobación los 10 lingotes de oro venezolano apilados en la Sala Roosevelt, frente al Despacho Oval, según recordaron funcionarios de la Casa Blanca. Los asesores tomaron fotos y bromeaban sobre quedarse con el oro.
En su momento, el propio Trump había puesto al oro venezolano en una lista negra, al declarar que destruía el medioambiente, envenenaba a la gente y financiaba a miembros de bandas criminales y oficiales militares corruptos. Pero después de que Trump derrocara al presidente venezolano Nicolás Maduro, su postura cambió.
El mismo día en que los lingotes llegaron a la Casa Blanca, el gobierno de Trump emitió una nueva política que permite a los comerciantes importar oro venezolano proveniente de una de las regiones mineras más violentas y corruptas del mundo. Los primeros suministros provendrían de una empresa minera estatal que seguía catalogada como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
“Por lo general, hay que competir en los Juegos Olímpicos para traerse el oro”, dijo más tarde Burgum en una conferencia sobre energía, mientras cautivaba a los asistentes con el relato de cómo había abierto el conducto de oro de Venezuela.
El acuerdo de comercio de oro ejemplificó cómo Trump aprovechó la captura de Maduro para obtener el control de los recursos de Venezuela. Primero, tomó el control de las exportaciones de petróleo de Venezuela. Después, su gobierno se volcó hacia la riqueza mineral del país.
Eso incluía una de las mayores reservas de oro sin explotar más grandes del mundo, en un momento en que los precios rondaban máximos históricos y los compradores estaban ávidos de conseguirlo.
El gobierno de Trump y sus aliados empresariales dijeron que la venta de oro beneficiaría a la economía de Estados Unidos, ayudaría a desarrollar la región minera de Venezuela y privaría de ingresos a los delincuentes y a los funcionarios corruptos.
Pero una investigación del New York Times, que va desde las minas del sur de Venezuela hasta la Casa Blanca y las casas de comercio en Europa, encontró que Trump alineó a Estados Unidos con una industria todavía plagada por la misma criminalidad que, según él, enfrentaba al detener a Maduro.
Aviones sacaron oro de Venezuela incluso antes de que las empresas hubieran visitado las minas. Parte de ese oro, descubrió el Times, está vinculado a mineros que pagan cuotas de protección a bandas criminales. Eso permite que los delincuentes se beneficien del acuerdo insignia del gobierno.
Y los financieros estadounidenses están explorando nuevas inversiones en minas vinculadas a bandas criminales como parte de un acuerdo negociado por el gobierno de Trump.
El oro venezolano había beneficiado en el pasado a adversarios de Estados Unidos como Irán. Trump buscó redirigirlo hacia Estados Unidos para su refinación.
Pero, en parte como consecuencia del enfoque apresurado del gobierno, todo ese oro —con un valor de cientos de millones de dólares— permanecen intactos en almacenes, según tres personas con conocimiento de los envíos. Las refinerías tendrían que garantizar, conforme las normas internacionales, que el oro no haya financiado a bandas criminales, la destrucción ambiental o la corrupción.
“¿Queremos ser la primera refinería en anunciar públicamente que estamos recibiendo oro venezolano?”, se preguntó Simon Houghton-Dodd, de Asahi Refining, en una reciente reunión del sector en Londres.
Este relato de la fiebre del oro de Trump se basa en entrevistas con mineros y refinadores en El Callao, el corazón de la minería venezolana, así como en entrevistas con funcionarios de la Casa Blanca y del gobierno venezolano, líderes del sector y corredores globales de materias primas.
Algunos hablaron bajo condición de anonimato, ya sea porque no estaban autorizados a declarar públicamente o porque hacerlo pondría en riesgo su sustento o su seguridad.
El acuerdo del oro cristaliza las posturas que Trump ha sostenido desde hace tiempo sobre Venezuela, los recursos naturales y el poder de Estados Unidos. Maduro era un dictador que supervisaba un sistema corrupto y violento, pero Trump ha hecho tratos en repetidas ocasiones con líderes de ese tipo.
Lo que distinguía a Maduro, además de su negativa a ceder ante la exigencia de Trump de que dejara el poder, era que controlaba una nación rica en recursos y los comercializaba con los adversarios de Estados Unidos. Trump, especialmente durante su segundo mandato, ha declarado que Estados Unidos debe tener acceso a minerales clave en todo el mundo y expandir su influencia en el hemisferio occidental.
En enero, Trump envió comandos estadounidenses para sacar a Maduro. Luego tomó medidas para poner las riquezas de Venezuela bajo control estadounidense. Fue una apuesta a que la inversión traería reformas, y no al revés.
La Casa Blanca dijo que el progreso toma tiempo. “Durante años, la industria minera y aurífera de Venezuela le ha sido robada al pueblo venezolano y se ha utilizado para financiar a pandillas peligrosas y apoyar a actores malintencionados en todo el mundo“, escribió Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. “Estados Unidos está ayudando a resolver este problema de larga data. Estamos limpiando la industria minera de Venezuela. Las empresas occidentales la están mejorando y legitimando“.
Para llevar a cabo esa visión, el gobierno de Trump recurrió a líderes empresariales ansiosos por sacar provecho de la visión mercantilista del presidente.
Entre ellos se encontraba Richard Holtum, director ejecutivo de Trafigura, una de las mayores casas del comercio del mundo. Holtum se reunió con Trump en la Casa Blanca para conmemorar ese primer envío de oro venezolano.
Tenía buenas razones para celebrar. Fue su empresa la que, en primer lugar, había convencido a la Casa Blanca de actuar respecto al oro venezolano.
El hallazgo del oro
A los pocos días de la detención de Maduro, ejecutivos de Trafigura contactaron a la Casa Blanca con una idea audaz.
El gobierno de Trump acababa de otorgarle a Trafigura el derecho a vender petróleo venezolano, lo que, según la empresa, le daba un amplio permiso confidencial para eludir las sanciones. Pero con los precios del oro por las nubes, los ejecutivos tenían ambiciones que iban más allá del petróleo.
Ejecutivos de Trafigura le dijeron a la Casa Blanca que el oro venezolano era un asunto de seguridad nacional, según personas familiarizadas con la propuesta. Argumentaron que la Casa Blanca tenía la oportunidad de tomar el control de una industria sin ley y poner los minerales de Venezuela en manos del gobierno de Estados Unidos y sus socios, es decir, Trafigura.
Al menos algunos empleados de Trafigura se mostraron recelosos, según personas que participaron en las discusiones de aquel momento. Venezuela tenía mucho oro, pero ¿cuánto de ese oro podía rastrearse y documentarse conforme a los estándares de la industria? Involucrarse en un país donde el oro está asociado con abusos de derechos humanos, financiamiento del terrorismo y corrupción era arriesgado.
Los funcionarios de la Casa Blanca conocían estos riesgos y la dificultad de sanear la industria. Sin embargo, dijeron haber sentido presión por parte de Trump para cerrar acuerdos, y rápido. Algunos sostuvieron que una inversión inmediata tenía más probabilidades de generar un cambio que continuar con el aislamiento.
Trump había puesto la mira en el oro venezolano desde que regresó al cargo en enero de 2025. Hizo de ese país una prioridad de su política exterior y designó a un emisario de confianza, Richard Grenell, para negociar el acceso de Estados Unidos a los recursos, incluido el oro. Grenell llegó a un acuerdo provisional, pero este se vino abajo por desacuerdos en torno a la salida de Maduro del poder.
Trump optó entonces por la vía militar.
En ese contexto, dijeron funcionarios, la propuesta de Trafigura era exactamente lo que la Casa Blanca quería escuchar. “Trafigura tenía un plan viable y rápido para comercializar el oro de manera legítima tras años de prácticas corruptas en Venezuela“, dijo la Casa Blanca en un comunicado aparte.
El nuevo gobierno venezolano se mostró menos entusiasta.
Recelos en Venezuela
A principios de marzo, Burgum, secretario del Interior, voló a la capital venezolana, Caracas. Trump parecía eufórico por el éxito de su intervención, y Burgum, quien supervisa la minería estadounidense, quería dejar su huella en el proyecto, según dos personas familiarizadas con las negociaciones.
Burgum dejó claro a los funcionarios venezolanos que quería negociar acuerdos importantes, dijeron esas personas. La propuesta de Trafigura, que había quedado en segundo plano frente a los acuerdos petroleros, pasó a ser una prioridad.
Delcy Rodríguez, presidenta interina del país, parecía escéptica, según personas cercanas a ella. Según la propuesta, los ingresos del oro venezolano se depositarían en una cuenta controlada por el Tesoro estadounidense, que luego los distribuiría.
A pesar de su cargo, ella solo tenía un mando nominal sobre los generales militares que ejercían el control en la región minera. Si algo salía mal, Rodríguez no quería que la responsabilizaran.
Pero no estaba en posición de negociar. Desde que Trump la nombró como reemplazo de Maduro, Rodríguez dependía de la buena voluntad de Washington para mantenerse en el cargo.
Días antes de la llegada de Burgum, accedió a permitir que Trafigura se asociara con Minerven, la productora de oro estatal de Venezuela. El acuerdo otorgó a Trafigura el derecho, por un año, de comprar y exportar oro de las pocas minas industriales subterráneas de Venezuela.
El Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas de Venezuela, que firmó los acuerdos sobre el oro, y la oficina de prensa del gobierno no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El 5 de marzo, Burgum presidió la firma del contrato. En cuestión de horas, Trafigura trasladó rápidamente el primer cargamento de oro a Estados Unidos en un avión fletado.
“Al cabo de los dos días, pudimos traer a casa 100 millones de dólares en oro, físicamente, el oro”, relató más tarde Burgum a los inversionistas del sector energético.
Trafigura fue la primera en ingresar al mercado, lo cual fue motivo de celebración en el Ala Oeste.
Sin embargo, la asociación de Trafigura con Minerven no fue nada sencilla. Las instalaciones de Minerven están rodeadas de territorio controlado por pandillas, donde trabajadores y proveedores pagan cuotas de protección. Los vínculos criminales con la industria aurífera de la región están bien documentados.
Los funcionarios del gobierno de Trump dejaron claro que el presidente quería que las cosas avanzaran rápido. “Lo que le gusta al presidente es la acción”, dijo Jarrod Agen, principal asesor de energía de la Casa Blanca, en Caracas en abril. “También le gustan los acuerdos y le gusta el progreso”.
Trafigura y Minerven idearon una solución que, aparentemente, separaba sus operaciones de la criminalidad. Trafigura compraría oro únicamente de dos minas industriales que están cercadas y custodiadas por el ejército. El oro se extraería y procesaría en el lugar, manteniendo a raya a los pandilleros y a los funcionarios corruptos.
Trafigura enviaría después el oro semipuro a Estados Unidos para su refinación y posterior venta.
Pero las cosas no han salido tan bien.
Pagos de protección a las bandas
La cadena de exportación se puso en marcha en cuestión de semanas. Desde entonces, se ha convertido en compras regulares que pueden alcanzar hasta 400 kilogramos al mes (unas 880 libras, o aproximadamente el peso de un piano de cola de concierto), según un funcionario venezolano y otra persona familiarizada con el acuerdo.
El gobierno de Trump dejó en manos de terceros la certificación de que el oro cumplía con los estándares de la industria, inclusive estar libre de actividades ilegales. Pero el oro comenzó a fluir antes de que Trafigura o los auditores independientes hubieran siquiera visitado las minas.
La empresa contrató a un auditor la primavera pasada y a un consultor de riesgos durante el verano, después de haber comprado ya millones de dólares en oro sin certificar. “Continuamos realizando la debida diligencia de nuestra cadena de suministro e implementando nuestro programa conjunto de abastecimiento responsable con Minerven“, dijo Trafigura.
Un reportero del Times visitó este verano el centro de producción de oro de Venezuela, la localidad de El Callao. Además de las minas subterráneas de Minerven, allí se encuentran cientos de operaciones mineras rudimentarias y de gestión privada, incluidas cooperativas conocidas como “brigadas”. Los operadores de esas minas extraen oro y entregan una parte al grupo criminal local, el Tren de Guayana, como cuota de protección, según entrevistas con una docena de propietarios de minas, líderes de brigadas y empleados de Minerven.
Algunas brigadas operan dentro del cercado, en terrenos de Minerven. El líder de una de estas brigadas le dijo al Times que, cada mes, el 20 por ciento del oro del equipo va a parar a manos de la banda, una práctica tan arraigada en la economía local que se conoce como “el sistema”.
Otra parte de lo que recolectan, dijo el líder de la brigada, va a Minerven, que lo funde junto con el oro que se vende a Trafigura. Esa versión está respaldada por entrevistas con otros miembros de brigadas de la zona, así como con empleados de Minerven.
Esto significa que, en la emblemática iniciativa del gobierno de Trump relacionada con el oro venezolano, Estados Unidos está importando lingotes que contienen al menos cierta cantidad de oro vinculado al Tren de Guayana.
David Soud, un investigador especializado en rastrear oro ilícito, a quien Trafigura contrató como consultor este verano, reconoció que operar en Venezuela sigue siendo riesgoso.
“Lo que puedo decir es que la explotación está profundamente arraigada en el ecosistema aurífero venezolano”, dijo. “Y es extremadamente difícil trabajar para construir una cadena de suministro que esté libre de ella”.
Decenas de oficiales militares venezolanos siguen ocupando puestos directivos en Minerven, a pesar de las preocupaciones que había expresado anteriormente Trump de que las fuerzas armadas venezolanas ejercían sobre la corrupción relacionada con el oro.
Varios trabajadores de Minerven dijeron en entrevistas que han sido amenazados con frecuencia por militares y agentes de inteligencia que trabajan para la empresa con despidos o cargos relacionados con el terrorismo por exigir las prestaciones establecidas en sus contratos.
Las nóminas a las que tuvo acceso el Times muestran que Minerven declara solo una fracción del oro que le vende a Trafigura. Los trabajadores dicen que esta subdeclaración reduce sus salarios, que se basan principalmente en la producción.
Trafigura se refirió a la visita del auditor a las minas. “Hasta la fecha, no se han identificado en los sitios violaciones de derechos humanos, financiamiento de conflictos, impuestos ilegales, extorsión ni participación de actores ilegales”, dijo Trafigura.
Una vez que Trump le abrió las puertas a Trafigura, otras empresas buscaron sacar provecho de la situación.
Un territorio aún más peligroso
A finales de abril, la Casa Blanca organizó una delegación empresarial a Caracas, una más entre un número creciente de oportunidades que tienen los ejecutivos estadounidenses para negociar acuerdos.
Uno de esos ejecutivos fue Sean Pi, gestor de un fondo de capital privado cuya empresa, Heeney Capital, invierte en minas. Pi había testificado ante el Congreso en apoyo de una legislación para agilizar proyectos mineros, en consonancia con los objetivos más amplios de Trump en materia de minerales.
Pi se unió a líderes empresariales en Caracas para reunirse con Rodríguez. Pronto concretó un acuerdo de oro para su empresa.
Heeney Capital se asoció con Mercuria, una empresa rival de Trafigura, para producir y exportar oro venezolano. Ambas empresas estimaron que sus acuerdos generarían algún día alrededor de 2,2 mil millones de dólares en exportaciones mineras anuales.
Dado que Trafigura ya se había asegurado el suministro de las minas subterráneas establecidas de Venezuela, Heeney tendría que recurrir a sitios más informales, que conllevan mayores riesgos de corrupción y daño ambiental.
Heeney puso su mirada en El Chocó, una gran mina a cielo abierto operada por el Estado venezolano.
Los contratistas de la mina, que proveen maquinaria, servicio de banquetes y otros, pagaban cuotas de protección al Tren de Guayana, dijeron en julio dos trabajadores empleados por los contratistas de la mina.
Sin embargo, en cierto sentido, El Chocó representa una victoria para el gobierno de Trump. El gobierno venezolano había estado trabajando con una empresa iraní, Espadana, para construir una planta de procesamiento en la mina. Tras la caída de Maduro, Estados Unidos le prohibió a Venezuela colaborar con Irán. La mayoría de los trabajadores de Espadana hicieron las maletas y se fueron.
En una visita reciente, la minería en El Chocó continuaba, pero la construcción de la planta se había detenido. La maquinaria de la empresa iraní permanecía inactiva. Escuadrones de contrainteligencia militar y vehículos blindados de transporte de personal custodiaban el perímetro.
A pesar de esos cambios, cualquiera que obtuviera oro de El Chocó correría el riesgo de involucrarse en un sistema vinculado al crimen organizado.
“Alrededor del 90 por ciento del oro producido en Venezuela proviene de actividades delictivas”, dijo Julia Yansura, directora de programas de la FACT Coalition, una organización anticorrupción con sede en Washington. “Si las empresas internacionales quieren entrar y tratar de encontrar ese 10 por ciento que supuestamente está en regla, es como buscar una aguja en un pajar”.
Heeney y sus fundadores no respondieron a las múltiples solicitudes de comentarios. Un portavoz de Mercuria se negó a hacer comentarios.
Este mes, Heeney anunció que había firmado un acuerdo para hacerse cargo de las operaciones mineras y los derechos de exportación en El Chocó. La empresa dijo que modernizaría las operaciones para cumplir con los estándares internacionales. No está claro qué medidas podría tomar Heeney para desvincular la mina del crimen organizado.
Una confianza inquebrantable en la Casa Blanca
Medio año después de que el gobierno de Trump le permitiera a Trafigura traer oro venezolano a Estados Unidos, la empresa no ha logrado revenderlo, según personas familiarizadas con el acuerdo.
Eso significa que ese oro, pensado para ser un beneficio para las empresas estadounidenses, en cambio permanece almacenado. Quien lo compre y lo refine tendría que garantizar que el oro no tiene vínculos con la delincuencia.
El gobierno de Trump no se deja disuadir. Ha seguido flexibilizando las sanciones económicas contra la minería venezolana. Sin embargo, los legisladores demócratas han cuestionado la legalidad del acuerdo con Trafigura y prometen una mayor supervisión si ganan el control del Congreso en noviembre.
Algunos en la industria sostienen que los riesgos de comerciar con el oro de Venezuela no son excusa para rendirse.
“El objetivo es involucrarse e intentar encontrar una manera de crear una cadena de suministro con integridad“, dijo Soud, consultor de Trafigura. “El principal riesgo de involucrarse de cualquier manera con el oro venezolano es: ¿cómo diablos evitas que el oro que sacas de Venezuela esté manchado?”.
Mariana Martínez colaboró con este reportaje desde Caracas, y Justin Scheck desde Londres.
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