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Defensoría pide ampliar medida cautelar sobre Zona de Ubicación Temporal del Putumayo

La Defensoría del Pueblo solicitó a un juzgado de Puerto Asís una intervención urgente debido al inminente riesgo de violación de derechos humanos tras la decisión del gobierno De la Espriella de cerrar la zona en 48 horas.

Iris Marín Ortiz llegó a la Defensoría del Pueblo en septiembre de 2024 y se convirtió en la primera mujer en llegar a ese cargo.
Iris Marín Ortiz llegó a la Defensoría del Pueblo en septiembre de 2024 y se convirtió en la primera mujer en llegar a ese cargo.
Foto: Mauricio Alvarado

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La Defensoría del Pueblo le envió una solicitud urgente al Juzgado Segundo del Circuito de Puerto Asís (Putumayo) para ampliar la medida cautelar e intervenir ante el riesgo de violación de derechos humanos tras la resolución del gobierno de Abelardo de la Espriella que orden el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) que alberga a excombatientes en Putumayo.

En contexto, la petición de la entidad señala que, de manera informal, desde el gobierno comunicaron que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz exigió la Resolución 215 de 2026 que adopta el cronograma para el cierre de la ZUT y las medidas para garantizar las rutas institucionales de las personas que permanecen allí.

Lea en contexto: Gobierno dio 48 horas para cierre de Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Putumayo

La Defensoría hace especial énfasis en el artículo 2 de esa directriz que señala la salida de las personas sin órdenes de captura activas desde las 00:00 horas del 1 de octubre de 2026 hasta las 00:00 horas del 2 de octubre de 2026. Según la entidad, esta disposición afecta a quienes se encuentran amparados por una medida provisional y pone en riesgo su seguridad.

Asimismo, la Defensoría señala que hasta el momento no han sido notificados para participar en las misiones y comisiones humanitarias que se mencionan en la resolución sobre la salida de los excombatientes.

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"La urgencia de esta solicitud se fundamenta en que la ejecución de la Resolución 215 de 2026 está prevista para comenzar en las primeras horas del 1 de octubre de 2026. Respetuosamente solicitamos que el despacho adopte las medidas que correspondan con carácter inmediato, antes de que se produzca la salida de las personas y se consolide una situación que pueda tomar ineficaz la protección judicial otorgada", se lee en el comunicado de la Defensoría.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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