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Solicitan a Estados Unidos incluir a Euclides Torres en lista OFAC

El gobierno norteamericano anunció la revocatoria de las visas de Torres y su familia el pasado 28 de septiembre. Estos son los puntos que pide revisar el Instituto Anticorrupción que elevó la solicitud.

30 de septiembre de 2026 – 11:27 a. m.
Empresario Euclides Torres, presidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás.
El Instituto Anticorrupción pide al gobierno de Estados Unidos revisar la relación de Torres con la campaña de Petro.
Foto: Archivo

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El Instituto Anticorrupción le pidió al gobierno de Estados Unidos que evalúe la posibilidad de incluir a Euclides Torres en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como la lista OFAC. Uno de los argumentos para esa inclusión es la aplicación de las disposiciones estadounidenses que permiten imponer sanciones económicas a personas involucradas en conductas de corrupción.

La solicitud del Instituto va dirigida al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Departamento de Estado. Además, tiene como antecedente reciente la decisión del gobierno norteamericano de revocar las visas de Euclides Torres y miembros de su familia el pasado 28 de septiembre. "Las autoridades estadounidenses deberían determinar si la información disponible justifica la imposición de sanciones económicas", señaló el Instituto.

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Entre los puntos que piden que Estados Unidos revise en el caso puntual de Euclides Torres está la relación financiera y política con Armando Benedetti; la financiación atribuida a Torres de actividades políticas relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022; sus conexiones con financiación de campañas al Congreso; y la contratación.

"La solicitud destaca particularmente la necesidad de investigar un eventual nexo entre financiación política, influencia sobre funcionarios públicos, nombramientos en el Gobierno y contratación estatal", detalló el Instituto.

En ese sentido, la entidad aclaró que precisamente ahí recae la solicitud a las autoridades estadounidenses para analizar registros financieros, societarios, contractuales y de beneficiarios, pues señalan que la existencia de contratos públicos otorgados a empresas vinculadas con un financiador político no constituye por sí misma una prueba de corrupción.

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"No estamos pidiendo que se sancione una persona por sus relaciones políticas. Estamos pidiendo que las autoridades competentes sigan el dinero y determinen si existe una conexión entre financiación política, acceso al poder, decisiones públicas, contratación estatal, abuso de poder y corrupción. Si la evidencia satisface los estándares establecidos por la legislación estadounidense, deben aplicarse las consecuencias correspondientes", afirmó Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y ex Secretario de Transparencia de Colombia.

Torres, financiador de la campaña del expresidente Gustavo Petro y cercano al exministro Armando Benedetti (ambos en la denominada Lista Clinton), es señalado en Colombia de haberse beneficiado de múltiples contratos en la administración anterior. Por su parte, Torres ha defendido su inocencia en varias declaraciones a medios. “Ni yo ni mi familia hacemos parte de lo que de forma malintencionada y peyorativa ha sido denominado como el ‘clan Torres’. Toda la vida he desempeñado mis actividades empresariales apartado de la política, eso sí respetando la decisiones personales de todos los miembros de mi familia”, dijo en un comunicado.

“Los señalamientos -hechos desde diferentes sectores- sobre mi relación con supuestas irregularidades en la campaña ‘Petro presidente’ no corresponden con la realidad. Nunca aporté dinero a la campaña presidencial de nuestro actual presidente; solo apoyé con algunos aspectos logísticos mucho antes que él fuera siquiera candidato”, agregó el empresario.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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Comentarios
  • Alejandro(83663)•Hace 3 minutos
    Aquí para sancionar se necesita una decisión judicial, allá no se dan explicaciones, ¿qué criterio tiene el dichoso instituto para decir a quienes investiga y a quienes no? ¿ya pidió lo mismo para el Clan Char que si tiene procesos en curso en nuestro sistema legal?

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