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El Gobierno llevará al Congreso un traslado presupuestal de COP 1,2 billones para atender las deudas que Air-e mantiene con los generadores de energía y reducir el riesgo de que los problemas financieros de la distribuidora terminen afectando el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Los recursos se sumarían a otros COP 300.000 millones ya girados y elevarían a COP 1,5 billones el paquete anunciado dentro del Plan Energía Ya.
La medida busca asegurar que las plantas que respaldan al sistema eléctrico, especialmente las térmicas, tengan recursos para comprar combustible y puedan generar cuando sean necesarias. Air-e atiende a unos 1,2 millones de usuarios en la Costa Caribe y está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde septiembre de 2024.
El traslado no consiste en entregar los COP 1,2 billones a Air-e para que disponga libremente del dinero. El proyecto establece que COP 750.000 millones provengan del Ministerio de Hacienda y COP 450.000 millones del Ministerio de Minas y Energía, para ser administrados a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. Desde allí se utilizarían para pagar directamente a los acreedores de la compañía.
El mecanismo busca cortar una cadena que se ha vuelto un problema para todo el sistema. Air-e distribuye y comercializa electricidad, pero necesita comprarla a los generadores. Cuando acumula obligaciones sin pagar, los generadores reciben menos liquidez y las plantas térmicas, que necesitan comprar combustible para producir, quedan expuestas.
El problema ya había sido advertido por el sector generador. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, calculó que las deudas de Air-e ponían en riesgo alrededor de 6.000 megavatios de generación térmica. Esa capacidad equivale a casi la mitad de la demanda máxima que tuvo Colombia en noviembre de 2025, cuando alcanzó 12.056 MW.
No significa que esos 6.000 MW estén apagados ni que Colombia esté a punto de quedarse sin electricidad. El riesgo está en que una parte importante del respaldo del sistema no pueda operar cuando las condiciones de generación hidroeléctrica sean menos favorables.
Contexto: La deuda de Air-e pone en riesgo 6.000 MW de generación térmica en Colombia
Las térmicas cumplen precisamente esa función. Colombia produce buena parte de su electricidad con agua, pero una temporada seca reduce los aportes de los embalses y obliga a utilizar más generación térmica. El fenómeno de El Niño 2026-2027 introduce presión adicional sobre ese margen de seguridad.
El más reciente informe de XM, el administrador del Sistema Interconectado Nacional, muestra un nivel de embalse útil de 76,18 %, mientras los aportes hídricos estaban en 66,64 %, por encima del promedio histórico de 61,73 %. En septiembre, algunos embalses importantes, como Guavio y Chivor, permanecían por encima de 90 %, pero otros en la región occidental estaban alrededor del 50 %.
El problema de Air-e se conecta así con una discusión mayor sobre seguridad energética. En el Congreso Anual de Energía de Acolgen, realizado hace dos semanas, la presidenta del gremio, Natalia Gutiérrez, señaló que el déficit de energía firme frente a la demanda podría llegar a 5,4 % en 2026 y 7,8 % en 2027. La energía firme es la que el sistema puede garantizar incluso cuando las condiciones de generación son adversas.
La demanda eléctrica, además, viene creciendo alrededor de 6 % anual, según las cifras expuestas por Acolgen, mientras la expansión de la oferta avanza cerca de 3 %. Esa diferencia reduce el margen disponible cuando coinciden una demanda elevada, menor disponibilidad de agua y problemas en centrales o redes.
Contexto: Seguridad energética en Colombia: por qué crece el riesgo y qué tan cerca está el país
En ese escenario, una deuda de una distribuidora deja de ser solamente un asunto empresarial. El parque térmico colombiano puede gastar hasta COP 1,5 billones mensuales en combustible, según Castañeda. Si el generador no recibe el dinero necesario para comprarlo, una planta puede tener capacidad instalada y, aun así, enfrentar dificultades para producir.
El Gobierno sostiene que los nuevos recursos serán una solución temporal. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicó ante la Comisión Quinta que el traslado tiene como propósito atender el “estrés del sistema eléctrico de la Costa Caribe” y que no busca sanear las responsabilidades de administraciones anteriores ni entregar recursos de libre disposición a Air-e.
La deuda total de Air-e con agentes del mercado se ha ubicado, según distintas fuentes del sector, entre COP 3,5 billones y COP 3,7 billones. Una parte importante corresponde a obligaciones con generadores. Los COP 1,2 billones anunciados, por tanto, no resuelven el problema financiero de la empresa: buscan evitar que su falta de liquidez se traslade al resto de la cadena eléctrica.
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