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La Corporación Colombiana de Padres y Madres (Red PaPaz), entidad que trabaja por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia, hizo un llamado al Congreso para que ajusten técnicamente el proyecto de ley que busca modificar los impuestos a los cigarrillos tradicionales, electrónicos y bolsas de nicotina.
Se trata del proyecto de ley 136 de 2025 de la Cámara, el cual fue radicado el 30 de julio del año pasado y ya fue aprobado en segundo debate. Ahora deberá continuar su trámite en el Senado, pero antes, organizaciones de la sociedad civil y expertos en salud piden que se revise.
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La iniciativa permitiría, entre otras cosas, que los gobernadores de los departamentos fronterizos puedan reducir hasta en un 15 % el impuesto a estos productos en las zonas de frontera.
La representante del Partido Liberal, Bleydi Pérez, dijo que hay que “garantizar recursos para atender las consecuencias que genera el consumo de tabaco en la salud. Bogotá también enfrenta necesidades urgentes en materia de salud y esos recursos deben contribuir a fortalecer la atención de ciudadanos”.
De acuerdo con RedPaPaz, el Senado ha presentado esta propuesta como una alternativa para incrementar los recursos para el país y desincentivar el consumo. Sin embargo, dicen que “por la forma en que ha transitado, se siente la interferencia de la industria tabacalera”.
La corporación asegura que la discusión ha avanzado sin la participación, ni conceptos técnicos de los ministerios de Salud y Hacienda. Además, afirman que durante las discusiones ha habido una “persistente presencia de las tabacaleras y sus representantes en el Congreso”, y que “han utilizado datos sobreestimados de contrabando para exigir impuestos privilegiados para cigarrillos convencionales, electrónicos y bolsas de nicotina”.
RedPaPaz pide que los ministerios de Salud y Hacienda, el Instituto Nacional de Cancerología, así como expertos, sin conflictos de interés, presenten sus conceptos técnicos para un debate riguroso.
Su preocupación se centra en que, de acuerdo con los últimos registros, la edad de inicio de consumo de estas sustancias es a los 13 años, y 1 de cada 4 estudiantes de séptimo grado ya los ha probado. “Para las organizaciones, es necesario que las autoridades sanitarias y de hacienda intervengan y que se tenga en cuenta el costo que generan estas adicciones al sistema de salud y a las finanzas del país”, escribieron en un comunicado.
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