"Herramienta necesaria": así reaccionan sectores políticos a ley de sometimiento

“En la política criminal de este gobierno, el Estado va a someter a los delincuentes. Vamos a dar algunas herramientas para que ese sometimiento sea por la vía pacífica con el uso de la ley”, afirmó el el ministro Cancino, en medio de la presentación del documento. Esta y otras tesis que están en el documento que llegó a discusión del Congreso fueron bien recibidas por sectores afines al Ejecutivo, que también ratificó que parte de su objetivo es ponerle punto final al reconocimiento político a criminales y dejar atrás figuras como las de “gestor de paz” que se reeditaron durante la administración de Gustavo Petro.

Para el presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), es una “herramienta necesaria” para combatir a los grupos criminales. Agregó que se debatirá “sin dilaciones”. Esta claridad la hizo porque el proyecto fue radicado con mensaje de urgencia, lo que permite sesionar a Senado y Cámara de forma conjunta, acortando los plazos de discusión y decisión.

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El también senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, redobló sus críticas frente a “beneficios, concesión o impunidad” de la llamada “paz total” que promovió el expresidente Petro. Por eso, destacó la necesidad de una nueva política criminal que sea “flexible” en algunos aspectos, pero que no derive en una negociación política de paz. En esa línea, el congresista de Cambio Radical Julio César Triana, se sumó al respaldo a la inicitiva oficialista y afirmó que “se acabó la lógica de premiar al que delinque”.

Pero desde el lado de la oposición mantienen sus críticas. Esta misma línea de controversia con las iniciativas del Gobierno comenzó con el estatuto antiterrorista, el cual aún está en análisis antes de su llegada al Congreso, y con el decreto que reglamentó la protesta. En ese sentido, desde el Pacto Histórico rechazaron la ley de sometimiento que llegó este 13 de octubre al Capitolio.

Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), criticó que ese texto pueda abrir la puerta a que reclutadores de menores obtengan beneficios. Además, señaló como “incoherencia” que el proyecto incluya rebajas de penas. “Ni ‘Justicia y paz’ se atrevió a tanto”, advirtió el exfuncionario del gobierno Petro.

Otra exfuncionaria que también criticó el proyecto fue Ángela María Buitrago, exministra de Justicia. La abogada insistió en que la propuesta debe distinguir entre Grupos Armados Organizados (GAO) y estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Advirtió que estas últimas requieren un marco jurídico específico, cuestión que no estaría prevista en el texto que tiene mensaje de urgencia en el Congreso.

¿Qué dice la ley de sometimiento?

El documento, que se radicó este martes en el Congreso, consta de 22 artículos en los que se establece una serie de condiciones para lograr el sometimiento. Entre estos, está la interlocución a través de abogados, limitación de los lugares para negociar y de compromisos que deberán adquirir los miembros de grupos ilegales para acceder a beneficios y rebajas de pena. Este beneficio de rebaja estará entre el 30 % y 50 %, dependiendo de su rol en el entramado criminal.

Se trata de la modificación de la Ley 418 de 1997, que ha funcionado como base jurídica para casi tres décadas de distintas políticas de paz. Con este nuevo enfoque, los actores armados ilegales o terroristas serían organizaciones, grupos o estructuras que estén involucradas en economías ilícitas y que cometan actos que alteren el orden público o comprometan la seguridad ciudadana. Bajo esta definición, su caracterización no dependería de su tamaño, capacidad militar y operativa.

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La iniciativa, además, tiene la particularidad de que está en una carrera contrarreloj, pues la ley que pretende modificar para crear su modelo de sometimiento (Ley 418 de 1997), está próxima a vencer. Hasta el 4 de noviembre tiene vigencia el texto que ha servido, a través de modificación y prorrogas, como base jurídica para los procesos y políticas de paz, como la “Paz Total” del gobierno Petro.

Ahora, se espera que el Congreso debata y decida en sesiones conjuntas el futuro de la hoja de ruta de una de las promesas de campaña del gobierno de Abelardo de la Espriella: un nuevo modelo de sometimiento sin negociaciones de paz.

Vea aquí el documento completo:

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