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En las últimas horas surgió nuevamente una polémica por la mesa de diálogo que se propició durante el gobierno de Gustavo Petro, entre el entonces ministro de Interior Armando Benedetti y exlíderes paramilitares para lograr una reapertura del proceso de Ralito. En las reuniones, que se hicieron bajo la política de “paz total”, la administración anterior habría intentado influir a exparamilitares para que hablaran contra el hoy presidente Abelardo de la Espriella, el líder del Centro Democrático Álvaro Uribe y el difunto exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Frente a esta situación, el presidente Abelardo de la Espriella, quien era uno de los líderes políticos que habrían intentado afectar las presuntas acciones del exministro del Interior, afirmó: “Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria”. A su vez, mencionó que durante “la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece”, a pocos días del nombramiento de Cristina Lombana, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia quien ha investigado a Benedetti por presunto tráfico de influencias, como su secretaria de Transparencia.
La versión sobre presiones de funcionarios del gobierno Petro a los exjefes paramilitares tomó fuerza después de que una columna de Melquisedec Torres, publicada en El Colombiano, revelara detalles inéditos de esta reunión. La información señala que Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), habría alistado la colaboración de tres exlíderes paramilitares “siguiendo precisas instrucciones del presidente Petro”, para vincular a ciertos políticos de la derecha con los crímenes cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Por su parte, el exfuncionario del gobierno Petro respondió a las declaraciones del jefe del Ejecutivo. Advirtió que se trata de "un perfilamiento de graves dimensiones" y responsabilizó al mandatario "de cualquier cosa que me suceda mí o a mi familia". Sobre las versiones que han circulado en prensa, el exministro señaló que interpondrá acciones legales en defensa de su buen nombre. Benedetti, cerrando su única declaración sobre este tema, le dijo al presidente De la Espriella: "si estoy callado es porque estoy descansando pero si me quiere oír, hablo".
En octubre de 2025, Benedetti le dijo a este periódico, con relación a las posibles declaraciones de los antiguos miembros de organizaciones paramilitares, que según el entonces ministro era posible que “los actores que estuvieron en esas etapas macabras del país sean hoy actores políticos”.
Las declaraciones finalmente no se dieron, pues los exlíderes que habían sido nombrados “gestores de paz” se negaron a declarar en contra de estos políticos. Las reuniones también han sido mencionadas por la propia Angie Rodríguez. Además, Salvatore Mancuso, líder paramilitar que estuvo en estas reuniones, señaló que los delegados de la administración Petro sí le habrían pedido realizar estas declaraciones y advirtió que ningún exlíder de las autodefensas aceptó.
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El expresidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X. De acuerdo con el exmandatario, no aceptará que se le "atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que [dio] una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político". Además, subrayó que la mesa de diálogo "no nació a escondidas" y fue reglamentada a través de la resolución 327 de 2025 para "avanzar en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el cierre de un proceso de paz que comenzó hace más de veinte años".
"Si alguien utilizó un espacio de paz para presionar testimonios o fabricar acusaciones, que responda ante la justicia. Pero si alguien pretende atribuirme una orden que no he dado, también tendrá que responder por sus afirmaciones", agregó.
Por su parte, el Centro Democrático pidió adelantar investigaciones contra la anterior dirección del Ejecutivo, señalando que “el Estado no puede ser usado como arma de persecución”. Además, señalaron que el líder natural de la agrupación, Álvaro Uribe, ha sido “víctima de montajes judiciales con falsas declaraciones”. En la misma línea, el senador Hernán Cadavid cuestionó lo que él llama un silencio por parte del exministro Benedetti frente a las versiones de estos exmiembros de grupos paramilitares.
Otro de los testigos de las reuniones que habló sobre estas presiones fue Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor del líder paramilitar Mancuso. En entrevista con medios de comunicación, Villamizar señaló que las reuniones en Valledupar se habrían realizado bajo la excusa de una posible reapertura del proceso de Ralito, un acuerdo entre el Estado colombiano y las AUC para iniciar un proceso de paz. En todo caso, la versión del abogado señala que en las reuniones no se discutió un posible acuerdo de paz y reparación, sino que lo que se habló fueron las posibles declaraciones contra los políticos opositores.
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