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Desde agosto pasado, la Corte Constitucional avaló la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y ordenó que su implementación inicie el 1 de abril del próximo año. Aunque el tema parecía zanjado y solo quedaba esperar su entrada en vigencia, la realidad es otra y, pese a los cálculos más optimistas, esa implementación podría demorar todavía un año más. El Ejecutivo, el Legislativo y el propio fondo público de pensiones (Colpensiones) han hecho peticiones al alto tribunal para que extienda los plazos, apuntando a la falta de tiempo para discutir los artículos que debía corregir la Cámara de Representantes, así como a la falta de recursos financieros que no fueron contemplados en el Presupuesto General de la Nación.
De un lado y del otro, hay problemas operativos y financieros que imposibilitarían cumplir para 2027 la sentencia de la Corte. En concreto, Colpensiones argumentó que el tiempo concedido inicialmente es insuficiente para ajustar su plataforma tecnológica a más de 10 millones de cotizantes que tendrá que atender de ahora en adelante. Por su parte, el Congreso explicó que no ha tenido tiempo de corregir los errores que evidenció el alto tribunal al estudiar el trámite de la reforma, pues le dio prioridad a las discusiones sobre el Presupuesto para el próximo año. Mientras la Corte analiza si accede a modificar el calendario ya fijado, el nuevo modelo pensional permanece congelado en sus componentes más relevantes. Con ese panorama, la transición hacia el esquema de pilares propuesta por el gobierno pasado sigue siendo incierta.
Los problemas en el Congreso
Vamos por partes. Primero, el problema del Congreso. El próximo viernes 30 de octubre vence el plazo que dio el alto tribunal a la plenaria de la Cámara de Representantes para revisar, debatir y aprobar nueva y correctamente los nueve artículos de la reforma que fueron devueltos por tener errores. Aunque la cámara baja tiene en su orden del día de este martes el inicio de la discusión para corregir lo que hicieron mal, desde el pasado 21 de octubre la Secretaría le pidió al alto tribunal un plazo de 30 días más para cumplir completamente la orden de la Corte. Hasta el cierre de esta edición, el alto tribunal no había respondido a la petición del Congreso, pero fuentes enteradas del caso le aseguraron a este diario que la Sala Plena lo concedería en el transcurso de la semana.
Dentro de lo que le dijo la Cámara a los magistrados en su solicitud es que, a la hora de corregir los errores de los nueve artículos, “concurrieron, en el mismo lapso, el deber de discutir y expedir el Presupuesto General de la Nación para 2027”. Según expuso el Legislativo, esa discusión era impostergable y debían dar todas las garantías para saber de cuánto dinero dispone el Estado para el próximo año. Según le expuso la Cámara a la Corte, “la ampliación pedida es idónea porque proporciona un intervalo adicional expresamente determinado para estructurar y desarrollar la secuencia de actuaciones que la sentencia exige”. En otras palabras, cumplir con la orden de agosto.
Hasta que la Corte no les de respuesta, los congresistas avanzarán con el acelerador a fondo para cumplir la orden judicial que se vence el viernes. En teoría, tiene todo para lograrlo, pues la sentencia dejó claro cómo debe debatirse cada punto pendiente. Cada artículo devuelto tiene un ponente que tendrá que presentar y defender el artículo; sin embargo, en caso de que el ponente no esté, cualquier miembro de su partido podrá presentarlo y defenderlo ante la plenaria. Por otra parte, hay un caso particular, el de la congresista Jennifer Pedraza, quien es ponente de un artículo y, aunque tendrá voz para presentarlo y defenderlo, no tendrá voto, pues en esta legislatura dio el salto de la Cámara al Senado.
El cálculo del impacto fiscal
Ahora, vamos por el segundo tema. Más allá del tema de tiempos que pide el Legislativo, habría un problema más grande, y de fondo, para implementar la reforma pensional desde el próximo año: el dinero para materializarla. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, le pidió al alto tribunal abrir un incidente de impacto fiscal. El jefe de la cartera sostuvo que la decisión de la Corte se conoció a finales de agosto, cuando el proyecto del Presupuesto ya estaba estructurado y el gobierno no hizo los cálculos que requería para cumplir la sentencia del alto tribunal. Es decir, que fijar la vigencia del sistema pensional para el 1 de abril de 2027, como lo ordenó la Corte, desajustaría las partidas de la Nación.
Según el ministro Gómez Martínez, para implementar la reforma en 2027 requerirá recursos adicionales para Colpensiones por un monto cercano a los COP 5 billones. Así se lo hizo saber a la Corte: “(Implementar la reforma en abril de 2027) introduce requerimientos fiscales que no pudieron ser incorporados en la planeación y presupuestación ordinaria”. Asimismo, la cartera expuso que Colpensiones también pidió a la Corte Constitucional aplazar un año la entrada en vigencia de la ley, teniendo en cuenta que necesita ese tiempo para adecuar sus plataformas tecnológicas, unificar historias laborales y asumir el traslado de más de tres millones de afiliados de los fondos al régimen de prima media.
Además, explicó el gobierno, la entidad dejará de recibir COP 14 billones anuales por traslados de quienes están el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Tras estudiar la petición, el pasado 15 de agosto la Sala Plena de la Corte aceptó la solicitud de abrir un incidente de impacto fiscal que pidió el Ejecutivo. La ponencia estuvo a cargo de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y la votación quedó 7-0. Así, le dio “un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, para que sustente el incidente de impacto fiscal. Pasado dicho término sin que el incidente se sustente, se declarará desierto” dice la decisión. Pero, si se sustenta y convence a la Corte de que lo mejor es postergar la entrada en vigencia, el país tendrá que seguir esperando.
La contrarreforma que alista el Centro Democrático
Mientras que la Corte, el Congreso, la Casa de Nariño y Colpensiones miran qué hacer con el futuro de la reforma pensional de Petro, en el Legislativo se alista una propuesta alternativa denominada como “la contrarreforma pensional”. La iniciativa es impulsada por el Centro Democrático y es liderada por los senadores Claudia Margarita Zuleta, Andrés Forero y Zandra Bernal. El proyecto busca modificar de forma sustancial las reglas del modelo aprobado por la Corte. El eje central de la contrarreforma está en eliminar la obligatoriedad de cotizar en Colpensiones para aquellos trabajadores con ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos. En su lugar, propone conceder libertad plena al ciudadano para seleccionar si prefiere que su ahorro lo administre el fondo público o una entidad privada.
La segunda gran modificación consiste en permitir que las personas que no alcancen la pensión, se les devuelva el saldo acumulado con rendimientos del dinero que hayan aportado. A diferencia de la reforma actual, que restringe el retiro tras ciertas semanas, el afiliado podrá elegir entre devolver sus recursos, una renta vitalicia o un Beneficio Económico Periódico (BEPS). El tercer pilar fija a las cuentas de ahorro como patrimonios autónomos independientes y ratifica al Estado colombiano como el garante final del pago de todas las mesadas. La propuesta exige estudios actuariales para vigilar el fondo de pensión mínima y permite traslados de administradora cada cinco años sin restricción de edad. La bancada aclaró que la contrarreforma no plantea la eliminación de Colpensiones.
Por ahora, las miradas estarán puestas en el Congreso, donde, según conoció este diario, si la Corte no les da más tiempo, se dedicarán de lleno a la pensional en las sesiones de este martes 27 y miércoles 28 de octubre. El representante a la Cámara por el partido de la U, Víctor Manuel Salcedo Guerrero, quien tiene la tarea de liderar la presentación de cinco de los nueve artículos, le dijo a El Espectador que “de la mesa directiva y de la plenaria dependerá que se tomen las decisiones y se le cumpla a la Corte”. Sin embargo, dijo, concuerda con el Ministerio de Hacienda en que Colpensiones no está listo para asumir toda la carga que le llegará para responder por las pensiones de los colombianos y que esa es una preocupación generalizada en el Congreso. Pero, por ahora, solo les queda debatir a toda velocidad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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Carlos Federico(ar680)•Hace 8 horasPrimero entraría en vigencia la contrarreforma pensional de la derecha, que la reforma pensional de Petro. No quieren que los nadie mejoren sus condiciones socioeconómicas
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Lalo(70277)•Hace 9 horasLa derecha, mañosa y manipuladora, busca echar atrás lo que es una conquista popular.
