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La Defensoría del Pueblo respaldó el enfoque general del proyecto de Ley de Sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella, aunque planteó varias observaciones sobre su articulado. Marín entregó las declaraciones tras su participación en el foro sobre la iniciativa, realizado este 29 de octubre.
La defensora sostuvo que el proyecto de ley “tiene una aproximación integral en la que tiene en cuenta no solo las políticas de seguridad, sino también el fortalecimiento de la justicia y la capacidad de la Fiscalía; la posibilidad de que haya puertas abiertas para que las personas abandonen las armas a través de beneficios jurídicos y socioeconómicos”.
Agregó que “también hace un avance en el tema de los derechos de las víctimas y contempla la importancia del desarrollo territorial integral como parte de la sostenibilidad de la seguridad y los derechos humanos en las regiones. Entonces el enfoque nos parece integral”.
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Entre las principales observaciones, que buscan “mejorar el texto”, la defensora mencionó la necesidad de revisar la proporcionalidad de las sanciones. Marín explicó que, aunque “hay unos mínimos de cumplimiento de sanción que se pueden imponer, también se establecen una serie de subrogados penales que pueden terminar disminuyendo el tiempo efectivo de cumplimiento de la sanción”. “Creemos que por la gravedad de los hechos y estas criminalidades es importante mantener un mínimo objetivo y que sea razonable”, advirtió.
La entidad también insistió en que deben fortalecerse las políticas de reparación para las víctimas del conflicto armado y advirtió que se necesitan una fuente de financiación y un plan concreto. En palabras de Marín, “creemos que hay que fortalecer las políticas de reparación para las víctimas del conflicto armado y también de la criminalidad organizada. El proyecto de ley lo prevé, pero requerimos una financiación, un plan y para eso llamamos al Gobierno Nacional a que active la Comisión de financiación para la reparación de las víctimas”.
Marín también enfatizó en la necesidad de precisar la definición de los grupos que podrían acogerse al sometimiento a la justicia, con el fin de delimitar con claridad el alcance del proyecto de ley.
De acuerdo con la defensora, “en términos generales la definición es buena, pero incluye dos elementos que creemos que deben eliminarse: la capacidad de afectar la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana, porque eso genera, dicho de manera muy coloquial, que hasta una banda de apartamenteros se pueda someter o interpretaciones inclusive más críticas para los derechos humanos”.
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En esa línea, también se refirió a la protesta social, que con el nuevo proyecto se podría entender “como criminalidad organizada, que por supuesto eso no es así. Sabemos que tampoco es intención del Gobierno”.
Otro de los puntos que “preocupa” a la entidad es la disposición del proyecto que limita la investigación de terceras personas mencionadas por quienes se sometan. De acuerdo con la entidad, esa restricción reduce la posibilidad de compulsar copias a la Fiscalía y, además, la capacidad del ente acusador de investigar a partir de esas declaraciones. Ante esto, consideró que lo más adecuado es eliminar esa prohibición.
“Creemos que es mejor eliminar esa prohibición de compulsa respecto de terceros o el establecimiento de unos requisitos muy altos para esas otras personas que además hacen parte de las redes de criminalidad organizada”, sostuvo Marín, y aclaró que “en realidad no son terceros porque participan por redes de corrupción, por lavados de activos, etcétera, aunque no estén armados”.
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