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Sometimiento y rescate fiscal: Así están las cuentas del Gobierno ante el Congreso

El Ejecutivo se juega varias cartas en el Capitolio durante las últimas seis semanas de labores legislativas. La administración de Abelardo de la Espriella espera consolidar las mayorías con la llegada de su nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez.

Las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron en la noche de este miércoles la ley de sometimiento del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron en la noche de este miércoles la ley de sometimiento del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Foto: @SenadoGovCo

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El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se juega desde este lunes y durante las próximas seis semanas un pliego de iniciativas clave que requieren el visto bueno del Congreso y que tendrá que sacar adelante el nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez. Las matemáticas serán claves para el Ejecutivo que debe consolidar un bloque mayoritario si quiere la luz verde en la ley de sometimiento, la ley de rescate fiscal y un estatuto antiterrorista que aún no ha aterrizado en el Capitolio.

La primera prueba de fuego para Ordóñez será precisamente esa ley de sometimiento que ya superó los primeros debates en el Legislativo. Las comisiones primeras de Senado y Cámara ya dieron el visto bueno a ese proyecto (cuando Rodrigo Lara estaba al frente de la cartera Política) e incluso, el ministro de Justicia, Iván Cancino, logró que la plenaria del Senado avanzara en la discusión. No obstante, el reloj corre en contra.

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El plazo máximo para aprobar esta ley de sometimiento es este mismo martes. La cámara baja ya dio inicio al trámite, pero los ajustados tiempos obligan a que una de las dos corporaciones tenga que ceder en sus intenciones, algo que ya sucedió con el presupuesto general de 2027, pero que por falta de conciliación impidió aplicar las modificaciones realizadas en las plenarias y llevó al Ejecutivo a impulsar ese documento mediante un decreto. Esa vía se quiere evitar, pues obligaría a que las modificaciones a la ley de orden público se tramiten desde cero, en un extenso proceso que implicaría un desgaste político. El proyecto pone fin a la política de paz total impulsada en el gobierno de Gustavo Petro.

Aquí los votos parecen claros. En la oposición se han elevado varios argumentos contra el proyecto, varios de ellos enfocados a puntos en el articulado que darían mayor flexibilidad a quienes cometan delitos relacionados con testaferrato o el narcotráfico. Pese a ello, en la última sesión de la plenaria del Senado hubo mayorías a favor del gobierno y que incluyó la presencia de hasta cuatro congresistas del Pacto Histórico, que si bien votaron en contra del proyecto, siempre permanecieron en sala para evitar una ruptura del quórum.

Sin embargo, la balanza no parece tan equilibrada referente al proyecto de rescate fiscal. Aunque ese articulado que llegó el pasado 29 de octubre al Congreso propone un recorte del Estado y un ajuste de cinturón en las finanzas nacionales –punto que tiene un consenso mayoritario– también toca directamente el bolsillo de los colombianos al incrementar impuestos como el IVA al 19 % en cigarrillos, alcohol, varios productos de la canasta básica familiar, vehículos híbridos e incluso, ajustar el sistema de tributación en Colombia. Esa propuesta llega justo cuando arranca el pulso regional para las elecciones del 2027.

En ese contexto, fuentes dentro del Capitolio le contaron a El Espectador que no hay un ambiente para adelantar la discusión como la plantea el Ejecutivo. El primero en levantar la voz contra esas medidas fue el presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), quien aseguró que “a los colombianos no les cabe un impuesto más, especialmente en la Costa Caribe”, razón por la que dijo, se opondrá a una medida que incremente la carga tributaria.

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“Aquí estamos trabajando a toda marcha. Hay que revisar el articulado; me preocupa el tema de más impuestos para los colombianos, lo miraremos con la bancada, acompañaremos lo que sea beneficioso”, agregó el presidente del Ejecutivo.

En esa línea, el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, aseguró que el próximo jueves 5 de noviembre está citada la bancada parlamentaria de su colectividad para “examinar temas relativos a modificaciones, supresiones o adiciones al proyecto “Rescate de la Economía” presentado por el Gobierno”. Una postura similar la adoptó el Partido Conservador, que también convocó al pleno de sus congresistas para establecer una línea conjunta sobre esta propuesta.

Dentro de la bancada liberal también hay suspicacia sobre el articulado. El senador Héctor Olimpo envió fuertes críticas a la ley de ajuste fiscal, pues considera que “un rescate fiscal debe empezar por esculcar los beneficios de los privilegiados, antes de exigirles más a las familias y a las regiones. Antes de cobrarles más a los sectores populares y a la clase media, revisemos los privilegios. En 2024, los beneficios de renta e IVA costaron COP 153,2 billones. ¿Cuántos generan bienestar y cuántos protegen círculos de poder? A este proyecto le falta esa evaluación”.

Desde la oposición, el panorama no es distinto. Todos los miembros de ese sector del Capitolio están en contra del artículo pues consideran que grava a la clase media y reduce los impuestos para las empresas.

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Aún así, el vicepresidente José Manuel Restrepo ya aseguró que este proyecto, como lo presentó el Gobierno, debe ser aprobado, a pesar del costo político que pueda tener y en contravía de las promesas de campaña de no tocar el bolsillo de los colombianos. Será entonces la primera gran puja de Ordóñez como ministro del Interior para lograr alinear a la bancada oficialista para dar luz verde a este proyecto. La diferencia puede ser mínima y, de momento, difícil de mantener para el Ejecutivo en caso de no ceder a las propuestas que se hagan desde el Legislativo, algo que ya se vio durante la discusión del Presupuesto.

Finalmente el estatuto antiterrorista tendrá que llegar a los despachos del Congreso y con ello se evaluarán las cargas. Sin embargo, hay un precedente que puede jugar en contra del Ejecutivo: la Corte Suprema de Justicia emitió una serie de advertencias al borrador que le fue presentado y que podría ser un punto de división dentro del Capitolio. Otros proyectos como el que propone la reducción de trámites para empresas, presentado por el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, también ha visto un lento trámite en las comisiones sextas.

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