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Colombia registra 10,5 millones de accesos de internet fijo y el 56,4 % de ellos utiliza fibra óptica hasta el hogar. Ahora bien, el indicador nacional que marca el acceso a internet fijo en los hogares es de 50,66 %. Son mediciones distintas, la primera determina cuántos hogares cuentan con fibra óptima y la segunda cuántos realmente tienen acceso a internet.
Sin embargo, a pesar de que un poco más de la mitad de los hogares cuenta con este servicio, el acceso sigue dependiendo de cada departamento. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) determina que en el Chocó el acceso a internet fijo en las viviendas es de 17,59 % y en Putumayo es de 16,45 %.
La CRC pone el ejemplo del Putumayo puesto que allí la mayoría de las conexiones existentes utiliza fibra óptica pero esto no garantiza la integración de este servicio en los hogares. Son “desafíos distintos que deben abordarse conjuntamente”, afirma la institución.
La comisión es la entidad encargada de vigilar y evaluar estas normas locales. Su trabajo en este caso consiste en revisar qué municipios facilitan la conectividad y cuáles tienen normas que la bloquean.
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Proyectos que buscan medir la calidad del servicio
Hasta el 13 de noviembre de 2026 habrá plazo para incluir comentarios en el documento de formulación del proyecto "Modernización del Régimen de Calidad de los Servicios Móviles". Con este documento se examinará la pertinencia de las mediciones actuales frente a la evolución de las redes 4G y 5G y las condiciones reales de prestación del servicio.
Se espera que los resultados midan “la calidad para reflejar mejor la experiencia de los usuarios, la disponibilidad efectiva del servicio y las interrupciones que puedan afectar las comunicaciones”.
Ahora bien, hasta el próximo 17 de noviembre, habrá plazo para agregar comentarios en las propuestas de la Agenda Regulatoria de 2027-2028. Este documento propone al sector 40 iniciativas, de las cuales 18 son proyectos regulatorios, 8 estudios y 14 actividades continuas que se articulan con temas como la calidad, la infraestructura, la protección de usuarios y la simplificación regulatoria.
Papel de la infraestructura en la ampliación de la conectividad
Entendiendo que la infraestructura puede ser una barrera para facilitar este servicio, la CRC busca impulsar que más proveedores puedan utilizar las instalaciones ya existentes en los territorios, de esta manera pueden ofrecer sus servicios sin construir la infraestructura desde cero.
La CRC identificó (con corte al 14 de octubre de 2026), 193 municipios con barreras normativas al despliegue, es decir, reglas, impuestos o trámites que dificultan la instalación de la infraestructura necesaria para brindar internet.
Con infraestructura se refiere a la instalación de antenas, postes, fibra óptica o redes móviles.
También reconoció 39 municipios “pendientes de concepto”, es decir, municipios a los que la CRC todavía les está estudiando sus normas para determinar si tienen o no trabas legales.
Siguiendo esta línea, la entidad destaca la Resolución 8254 de 2026, sobre las condiciones de acceso mayorista a redes de fibra óptica, y la Resolución CRC 7714 de 2025, que fija las normas de calidad y transparencia para el transporte mayorista.
La entidad también presentó resultados de evaluaciones de regulaciones anteriores. Una de ellas es la de la Resolución 6298 de 2021, sobre el Roaming Automático Nacional (RAN), un mecanismo por el que los proveedores móviles comparten elementos de acceso de su red para prestar el servicio. Un operador que no tiene antenas en un municipio usa la red de otro y sus usuarios no se quedan sin señal y ese operador le paga al dueño de la red una tarifa mayorista.
Según la evaluación, en los municipios con tarifa regulada el tráfico de datos en RAN por habitante aumentó 7,8 % dos años después de la medida.
Cuatro claves para interpretar la conectividad según la CRC
“Más conexiones y más fibra no implican automáticamente que todos los hogares tengan acceso. La competencia y el despliegue local ayudan a abordar distintas barreras”, afirma la entidad.
Hay que tener en cuenta el acceso, es decir, cuántos hogares cuentan con una conexión (que como vimos se ubica en 50,66 % a nivel nacional). También la tecnología que consiste en la proporción de esos accesos que usa fibra óptica.
Después también se debe tener en cuenta el territorio: dónde se necesitan condiciones habilitantes para extender las redes y cuáles son las brechas existentes en los 32 departamentos de Colombia.
Por último, la calidad, es decir qué recibe realmente el usuario. La CRC aclara que la velocidad comercial promedio ofrecida a nivel residencial es de 485,98 Mbps, lo cual no equivale a una medición directa de experiencia.
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