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El gobierno de Abelardo de la Espriella tiene dos días para demostrar que ha cumplido con la orden de establecer un protocolo de protección a menores de edad durante los bombardeos que ha venido adelantando en sus primeros meses en la Casa de Nariño. La orden la dio una jueza de Cúcuta (Norte de Santander) que admitió un incidente de desacato en contra del jefe de Estado, el ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares por, supuestamente, no cumplir con la orden que les dictaron en septiembre pasado sobre la especial protección a menores de edad que puedan estar en las zonas donde se llevarán a cabo las operaciones militares.
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La jueza 8 administrativa de Cúcuta reviso y admitió el recurso de la abogada Natalia Bernal Cano, para quien el gobierno no ha cumplido con el fallo de tutela emitido por ese mismo juzgado el 29 de septiembre de este año. Según expuso ante el despacho, seguirían sin respetarse los derechos a la vida, la integridad personal y la dignidad humana de niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores que viven en zonas de conflicto armado.
Aunque la abogada también pedía que se suspendieran provisionalmente los bombardeos, la jueza negó de plano esa petición al considerar que el incidente de desacato solo puede revisar lo que se ordenó en el fallo de tutela anterior, en el que ya se había negado frenar las operaciones militares.
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A lo que sí accedió la togada, fue a que en un máximo de 48 horas el presidente, el ministro y el comandante deben allegar pruebas de que el protocolo ordenado sí se está implementando como se les ordenó a finales de septiembre. En esa ocasión, ese despacho estableció que antes de cualquier operación armada en la que pueda haber menores de dad en las zonas, las fuerzas militares deben verificar su presencia.
Asimismo, se determinó en ese momento que los menores, así vistan uniforme y porten armas, no pueden ser considerados como combatientes. Por el contrario, deben ser considerados como víctimas de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados, por lo que deben ser protegidos y aplicarse medidas que garanticen su vida y seguridad.
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