En abril de 1994, cuatro hombres armados llegaron hasta la casa de María*, en Segovia (Antioquia). Vestían camuflados, tenían brazaletes de las Farc y hacían parte del bloque Magdalena Medio. Iban a cobrar una supuesta deuda que tenía su esposo, asesinado años atrás por negarse a pagarle una extorsión a ese grupo. Los guerrilleros la tomaron a la fuerza, la hirieron con un arma blanca mientras abusaban de ella. Cuando terminaron los vejámenes, le dijeron una frase que quedó marcada en su alma. “La deuda estaba saldada”. Este es uno de los 486 crímenes por los que este 3 de noviembre de 2026 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 exintegrantes de ese grupo.
Los exguerrilleros llamados a reconocer responsabilidad fueron integrantes de los bloques Caribe y Magdalena Medio de las Farc. Entre ellos están, además, dos exmiembros del último secretariado de ese grupo ilegal: Rodrigo Londoño, conocido en su momento como “Timochenko”, y Pastor Alape. La imputación está relacionada con los casos 10 y 11 de la JEP. El primero investiga crímenes no amnistiables cometidos por las Farc en el marco del conflicto. El segundo aborda la violencia basada en género, sexual y reproductiva. La decisión pone en evidencia, una vez más, un patrón criminal desgarradador que la Sala de Reconocimiento de Verdad ha advertido antes: la guerrilla usó la violencia sexual como arma de guerra.
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La investigación estuvo a cargo de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, quien documentó los crímenes cometidos contra unas 800 personas. También revisó cientos de informes sobre el horror vivido en Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Sucre y Santander. Y en las regiones del Magdalena Medio, Bajo Cauca y Nordeste (Antioquia); sur de Bolívar; noroccidente de Boyacá; sur del Cesar y Catatumbo (Norte de Santander). “El derecho a la vida no tenía ningún valor. Esta estrategia de amenaza de muerte, o el homicidio discriminado contra las familias, con la intención de generar terror, control, zozobra, imponer el poder por medio de la fuerza, era una constante dinámica por parte de la guerrilla”, dice la decisión.
La decisión documenta dos patrones criminales. El primero corresponde a crímenes cometidos con fines de control social y territorial. Según el documento, la guerrilla se convirtió en la retaguardia de las zonas del Caribe y el Magdalena Medio en las que se asentó. “Los guerrilleros asumieron funciones de regulación de la vida colectiva, incluyendo la solución de conflictos entre los pobladores, la gestión de bienes comunes y la incidencia en la toma de decisiones a nivel comunitario y local”, dice la imputación. En esa línea, integrantes de las antiguas Farc se imponían como único poder, atacaban a personas sospechosas de ser colaboradoras del enemigo (paramilitares o fuerza pública) y castigaban la desobediencia de órdenes que daba la guerrilla.
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En al menos 67 casos, las víctimas fueron mujeres violentadas por la guerrilla. Uno de los casos que recoge la decisión ocurrió en el barrio Las Torres, de Barrancabermeja (Santander). Integrantes de las Farc que operaban en la Comuna 5 de esa ciudad le prohibieron de forma directa a una joven de 16 años llevar a compañeros del colegio a su casa. “Ella se opuso a esas normas, lo que le generó problemas con el grupo, y, como su hermano iba a prestar el servicio militar, ella y su familia recibieron amenazas”, dice la imputación. El 17 de septiembre del año 2000, a la entrada del barrio, un guerrillero conocido como “Pedro” interceptó a la víctima y le dijo que necesitaba hablar con ella sobre el desacato a la orden que habían impuesto.
“La llevó detrás de una casa de tabla abandonada, donde aparecieron otros dos integrantes conocidos como ‘Juan Diablo’ y ‘Delio’, que la amenazaron de muerte a ella y a su familia. Allí, ‘Pedro’ la violó: la sujetó por detrás, le tapó la boca y le advirtió que, si gritaba o decía algo, la picarían y la desaparecerían. Luego, ‘Juan Diablo’ intentó hacer lo mismo y, como no pudo, la insultó y la obligó a realizar otros actos sexuales (…) ‘Pedro’ le advirtió que, si contaba lo ocurrido, la matarían y acabarían con su familia”, dice la imputación. Tres meses después, la joven de 16 años supo que estaba embarazada y sufrió represalias de los paramilitares “por llevar en su vientre a ‘la hija de un guerrillero’”.
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El segundo patrón criminal documentado en la decisión está relacionado con los crímenes cometidos durante el desarrollo de hostilidades, en operaciones militares o escenarios de confrontación armada. Aborda tomas guerrilleras, ataques a estaciones de la Policía o bases militares y emboscadas contra la fuerza pública. “Este patrón se caracterizó por la reiteración de determinadas prácticas operacionales y modalidades de combate que, en el marco de acciones armadas dirigidas contra la fuerza pública o en escenarios de confrontación militar, derivaron en afectaciones a personas protegidas (incluyendo a personas puestas fuera de combate) y bienes de carácter civil”, señala el documento.
Una vez más, las mujeres fueron blanco de la violencia ejercida por la antigua guerrilla de las Farc. Uno de los casos documentados por la JEP es el de la toma de La Jagua de Ibirico (Cesar), el 10 de septiembre de 1990. Guerrilleros del frente 41 de las antiguas Farc entraron al pueblo disparando en contra de la fuerza pública. En medio del ataque, los guerrilleros asesinaron a una civil llamada Nubia Perales Ochoa y a su hijo de cuatro años y resultaron heridos los policías Martin Urresty y Walter Díaz. También la toma de Pueblo Bello (Cesar), el 5 de enero de 1999, cuando 300 guerrilleros atacaron la estación de policía con fusiles, ametralladoras, granadas, morteros y cilindros cargados con explosivos. Allí murieron dos policías y una menor de 15 años.
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A eso se suman otros ataques perpetrados en ciudades capitales, como Cartagena. Ejemplo de ello es el atentado contra el edificio inteligente de Chambacú, ocurrido el 19 de abril de 2002. Ese día, guerrilleros del frente 37 ocultaron explosivos en dos materas que, supuestamente, iban para las oficinas de Electricaribe. El equipo de seguridad intentó desalojar el edificio. Pero, a mitad de la operación, uno de los explosivos estalló. En el ataque murieron un vigilante y una trabajadora del edificio. La lista de las atrocidades cometidas por los bloques Magdalena Medio y Caribe de las Farc es larga: ataques a la población civil, un “burro bomba” en Chalán (Sucre) e innumerables violaciones de derechos humanos por las que ahora los 11 excombatientes podrán reconocer responsabilidad en crímenes que durante décadas estuvieron impunes.
*Los nombres de las víctimas fueron protegidos por seguridad en la decisión de la JEP.
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Berta Lucía(2263)•04 de noviembre de 2026 – 07:36Colombia, país de espanto. Los paras son iguales a los cabecillas de las FARC y ELN; no hay ninguno que sea mejor que el otro y eso incluiría al #7837 ; posible ideólogo del genocidio colombiano. Entiéndase genocidio como una política de exterminio sistemática en contra de las comunidades indígenas, campesinas y negras; y/o la persecución y esclavización sexual y laboral de las mujeres e infantes con su posterior asesinato o desaparición.