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La Ley de Rescate Económico sigue dando de qué hablar. En lo que respecta al recorte del gasto público, el Ministerio de Hacienda precisó este miércoles, en un comunicado, qué plantea el proyecto para la nómina del Estado, los contratos de prestación de servicios, las compras de bienes y servicios, la publicidad oficial y los tratamientos especiales de renta de magistrados y jueces, entre otros puntos.
Según el comunicado, el gasto de nómina de las entidades del Presupuesto General de la Nación se reduciría 20 % en 2028, sin contar la Fuerza Pública. Solo ese año, de acuerdo con la cartera económica del Gobierno, el ahorro sería de COP 9,6 billones.
¿Qué pasará con la nómina y los contratistas del Estado?
Para 2029 y 2030, el gasto de nómina podría crecer como máximo lo que suba la inflación más 0,5 puntos porcentuales. El MinHacienda aseguró que la regla respeta el mandato constitucional según el cual los salarios de los servidores públicos deben aumentar, como mínimo, con la inflación.
En los contratos de prestación de servicios, el recorte previsto es de 50 % en 2027 frente a 2026. Desde 2028, ese gasto no podría crecer más que la inflación. Además, antes de contratar, cada entidad tendría que verificar que esas tareas no las pueda hacer su propio personal de planta.
Según el Ministerio, durante el Gobierno de Gustavo Petro las obligaciones por este tipo de contratos aumentaron 33,9 %: pasaron de COP 5,326 billones a COP 7,133 billones, es decir, casi COP 2 billones más.
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El proyecto también pone límites al crecimiento de las compras de bienes y servicios entre 2027 y 2030 y establece controles sobre los gastos administrativos. La publicidad oficial solo podría usarse para informar, y quedaría prohibido emplearla para promocionar la gestión del Gobierno, de sus funcionarios o de partidos y candidatos. Tampoco se podrían financiar con recursos públicos eventos y celebraciones que no sean indispensables. Cada entidad tendría que publicar su plan de austeridad y rendir cuentas al Congreso cada seis meses.
El proyecto de ley de ajuste fiscal también elimina tratamientos especiales de renta. Se trata de los que hoy cobijan los gastos de representación de magistrados, jueces, fiscales y determinados rectores y profesores de universidades públicas, cuyos ingresos quedarían sujetos a las reglas generales del impuesto. En su comunicado, el Ministerio de Hacienda puso un ejemplo: un magistrado de tribunal paga hoy, en promedio, cerca de COP 40 millones al año menos de impuesto que un servidor o trabajador con un ingreso similar.
Cuánto ahorraría el Estado
Sumadas, las medidas de austeridad y reducción darían ahorros de COP 44,6 billones en 2027 y de COP 76,1 billones en 2030 para el Estado, según cálculos del Ministerio. Hacienda agregó que, con la ley, dos de cada tres pesos del ajuste saldrían de que el Estado gaste menos, y que el Presupuesto de 2027 ya incorpora COP 17,4 billones en medidas de austeridad.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, dijo que "el ajuste busca reducir los gastos de la nación en 45 billones de pesos. De esos, entre 30 y 35 billones los pone la austeridad del Gobierno, que eso es lo más importante". Según cálculos de Hacienda, dos de cada tres pesos del ajuste fiscal saldrán de que el Estado gaste menos. De hecho, el vicepresidente José Manuel Restrepo habló de que "nueve de cada 10 colombianos no se verán afectados por esta ley a final de cuentas. Uno de cada 10 colombianos contribuirá".
No obstante, el desglose del economista Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, muestra otra proporción. Según sus cifras, basadas en la exposición de motivos del proyecto, el ajuste total equivaldría a 2,32 % del PIB en 2027 y a 4,20 % en 2030. De esos totales, los ingresos tributarios y parafiscales (los cambios en materia de impuestos y de seguridad social, por mencionar algunos) aportarían 1,69 % y 2,75 % del PIB, respectivamente, y el gasto, 0,63 % y 1,45 %. Con esos números, los ingresos pesarían cerca de 73 % del ajuste en 2027 y cerca de 65 % en 2030.
El proyecto, en el Congreso
El presidente Abelardo de la Espriella radicó el martes ante el Congreso un mensaje de urgencia e insistencia para acelerar el trámite del proyecto, que el ministro Gómez presentó la semana pasada.
El proyecto ya genera reparos dentro del propio Legislativo. Varios congresistas, incluidos de bancadas oficialistas, han manifestado su inconformidad por el aumento de impuestos que contempla. El presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), dijo que la ley es necesaria, pero que no debe tocar el bolsillo de los colombianos: “Los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe”. También afirmó que “el recorte del Estado es necesario y hay que hacerlo. Hay que reducir costos del Estado y esa es la vía”.
Gómez, por su parte, aseguró que ha conversado con varios congresistas que “han escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna”.
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