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Este miércoles, 4 de noviembre, a eso de las 6:15 p.m., fue aprobado en cuarto y último debate en Senado el proyecto de ley que busca que haya un impuesto a los vapeadores e incrementar el impuesto actual que tienen los cigarrillos convencionales.
Es una propuesta que, como contamos en El Espectador, ha desencadenado una intensa discusión en el país, pues varias organizaciones y académicos habían señalado su inconveniencia, debido a que podría promover el aumento de fumadores de cigarrillos convencionales.
De hecho, el Ministerio de Salud, había detallado sus consideraciones sobre el documento original y había sido claro: era un proyecto de ley inconveniente por diferentes razones que explicamos en este artículo.
Además, organizaciones como la Liga Colombiana Contra el Cáncer, la Fundación Anáas, PROESA, la Universidad del Rosario, la Red Colombiana para la Cesación Tabáquica y Red PaPaz también habían señalado que, detrás del avance de ese proyecto, ha habido una “abierta interferencia de la industria tabacalera". A sus ojos, el proyecto original que llegó al Senado, sugería imponer "impuestos a los productos de tabaco que resultan lesivos para la salud de niñas, niños, adolescentes y sus familias”.
Sin embargo, el proyecto que fue aprobado este miércoles 4 de noviembre, con 79 votos a favor, tuvo unos cambios fundamentales que para Blanca Llorente, de la Fundación Anáas, "mejoraron un poco la propuesta inicial", aunque aún, dice, enfrenta un gran desafío: que en la votación de conciliación que se llevará a cabo entre Cámara y Senado haya nuevos cambios.
"Es un mal menor", agrega.
¿Qué cambios hubo al proyecto de ley?
Aunque en el momento en el que escribimos este artículo, el Senado aún está consolidando las modificaciones y espera tenerlas en horas de la noche de este miércoles o en la mañana del jueves 5 de noviembre, el documento sufrió un par de cambios claves.
El primero es que propone modificar el impuesto específico que hay sobre cada cajetilla de 20 unidades. Pasaría de COP 4.446 a COP 7.800 (la propuesta inicial era incrementarlo ha COP 5.100).
Por otro lado, incrementaría el componente ad valorem al 20 %. Hoy es del 10 % y se calcula sobre el precio de venta al público certificado por el DANE. Por ejemplo, si el precio certificado por el DANE es de COP 10.000, el ad valorem será de COP 1.000.
El segundo cambio importante del proyecto de ley es el impuesto que tendrían los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Lo que propone es que estos artefactos tengan un impuesto específico de COP 1.000 por cada mililitro de líquido. A ese valor, además, también habría que sumarle un componente ad valorem del 20 % (calculado sobre el precio de venta al público). Sobre este último punto no hubo ningún cambio.
Para Llorente es positivo que el Senado se haya animado a aumentar el impuesto del cigarrillo convencional, pues lo había advertido ella y Guillermo Paraje, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y una de las personas que más han estudiado este tema en América Latina, de no existir ese incremento lo que podría suceder es que muchos usuarios de vapeadores se "pasaran" al cigarrillo convencional.
En un modelo que habían construido investigadores de las universidades del Rosario e Icesi (a través de PROESA, el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud) ya habían alertado que el proyecto inicial —sin los cambios que hoy sufrió— podría generar cerca de 92.000 fumadores adicionales de cigarrillos convencionales en el país, de los cuales aproximadamente 64.000 serían adolescentes entre los 12 y los 18 años.
Aunque para Carlos Jiménez Barragán, experto senior de proyectos de Red PaPaz, el cambio en los valores que hubo este miércoles es un "logro", no es el que él ni Blanca Llorente esperaban. Lo ideal, señala, es que el valor del impuesto se acercara al que propone la "Ley de ajuste fiscal" que presentó el ministro de Hacienda la semana pasada.
En ese documento, el gobierno de De la Espriella busca que el impuesto específico por cada cajetilla de 20 unidades pase de COP 4.446 a COP 7.823 en 2027 y a COP 11.200 en 2028. El impuesto ad valorem permanecería en el 10% actual. Y, a partir del 1 de enero de 2029, las tarifas se actualizarán cada año sumando la variación anual del IPC más cuatro puntos porcentuales.
Además, el Gobierno también le crearía un impuesto al consumo a los cigarrillos electrónicos o vapeadores. La tarifa específica se fija en COP 1.000 por mililitro para el año 2027 y sube a COP 2.000 por mililitro a partir de 2028. Se establece para ellos, además, una tarifa ad valorem del 30 % sobre el precio de venta al público certificado por el DANE.
¿Qué dijeron los senadores?
Antes de que empezara la votación del proyecto de ley, varios senadores intervinieron y dieron su opinión sobre el documento. Uno de los primeros en hacerlo fue Andrés Forero, del Centro Democrático, que retomó un viejo argumento que siempre se suele poner sobre la mesa en estos debates: para él, incrementar un impuesto al cigarrillo "va a terminar tristemente alimentando las máquinas delincuenciales, el crimen organizado".
Sugirió a sus colegas que revisaran las tarifas. Al poner una de COP 7.800, dijo, se promovería el contrabando y "propiciamos menor recaudo a los entes territoriales y les propiciamos nuevas rentas a grupos criminales". Es un argumento que suele advertir la Federación de Departamentos, que ha impulsado el proyecto.
David Barguil, del Partido Conservador, también expresó una opinión similar a la de Forero. El nuevo incremento, aseguró, "puede generar incentivos para que aumente el contrabando (…) Busquemos una cifra de aumento que no termine generando que se reduzca el ingreso de las regiones".
En el otro lado de la moneda, Carolina Corcho (Pacto Histórico) recordó que no hay evidencia que demuestre una relación entre aumento de un impuesto al cigarrillo convencional con el incremento del contrabando. Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) sostuvo una opinión parecida y agregó que el nivel de contrabando "no está asociado a los impuestos sino a la capacidad de fiscalización". Pidió tener presente que el Ministerio de Salud de Ana María Vesga envió un concepto negativo sobre ese proyecto que deberían tener en cuenta.
Ahora, la última decisión estará en manos de la votación que se lleve a cabo en la conciliación entre Cámara y Senado.
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Juan Antonio(45350)•04 de noviembre de 2026 – 20:57EL THERIAN Y SU COMBO DEBEN CONTROLAR EL CONTRABANDO