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El presidente Abelardo de la Espriella sancionó la ley de sometimiento, numerada como la Ley 2640 de 2026, con la que sella su política de seguridad y refuerza su promesa de campaña sobre el manejo de los grupos criminales, cerrando la puerta a cualquier proceso de negociación o de paz con grupos al margen de la ley. La firma presidencial llegó en una contrarreloj que tenía como hora límite la medianoche de este 4 de noviembre, pues el texto modificaba y prorrogaba la ley de Orden Público que vencía este jueves, y que le daba piso jurídico a múltiples mandatos constitucionales y mecanismos judiciales.
La rúbrica presidencial era lo último que necesitaba el documento para convertirse en ley después del agitado trámite en el Congreso, en donde el Senado y la Cámara de Representantes sesionaron de forma casi simultánea para aprobar el texto presentado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y remitirlo al despacho presidencial. Con esto, la ley de sometimiento es una realidad jurídica y se acaban los procesos de negociación que venía de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.
El texto le impone condiciones a los actores armados para poderse atener a un proceso de sometimiento. Para entrar en este proceso tendrán que suscribir actas colectivas e individuales con plena identificación de sus integrantes a plenitud. Además, deberán entregar a personas secuestradas, víctimas de trata, niños reclutados, así como información completa sobre personas dadas por desaparecidas para encontrar sus restos.
En esa misma línea, los grupos criminales solo tendrán beneficios como rebajas de penas a cambio de entregar bienes, armamento y rutas ilegales. En el nuevo modelo de sometimiento, no se suspenderán las órdenes de captura ni las solicitudes de extradición de las personas que decidan iniciar este proceso. Otra de las modificaciones al texto, que ya es ley, es que los miembros de grupos al margen de la ley que estén en prisión van a poder acogerse a la justicia, pero aquellos que estén condenados por reclutamiento de menores no podrán hacer parte del sometimiento.
El nuevo texto contempla un tratamiento penal diferenciado que consta de una rebaja del 50 % de la pena, según los aportes de verdad y la reparación de las víctimas. También se tomará en cuenta las contribuciones al desmantelamiento de las estructuras ilegales. A estos beneficios no podrán acceder los condenados por reclutamiento ilícito, sin embargo, el actor armado ilegal o terrorista que reclute menores de edad tras el inicio de esta ley podrá acceder a una rebaja de pena que no mayor al 10 % en caso de haber ejercido funciones de mando o del 30 % para los demás roles dentro de la organización criminal.
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Como ha contado El Espectador, la maratónica jornada de trámite de la ahora ley pasó por un proceso engorroso para evitar errores como el que tumbaron el Presupuesto General de 2027, tensiones entre la oposición por completar el quórum e incluso la salida del ministro Rodrigo Lara que radicó el proyecto. El documento terminó siendo aprobado poco antes de la medianoche del 3 de noviembre, después de utilizar la estrategia espejo que ya le había fallado a esta administración.
Sobre este proceso, el presidente del Senado Honorio Henríquez (Centro Democrático) señaló que el debate y la aprobación del texto se dieron "con plenas garantías democráticas, debate transparente y más de 77 intervenciones, la gran mayoría de la oposición". Además, el senador señaló que esta nueva base jurídica no permitirá "beneficios para solicitados en extradición ni responsables de reclutamiento de menores. El objetivo es claro: combatir la criminalidad y garantizar que el Estado esté por encima de los delincuentes".
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Del otro lado del espectro político, el representante Gabriel Becerra (Pacto Histórico) advirtió que el proceso fue "A medianoche, a las carreras y con múltiples errores y arbitrariedades". Sobre el contenido del texto, advirtió que ganaban "los testaferros del narcotráfico que reciben rebajas y el presidente se queda con facultades del Congreso" y afirmó que con esta nueva política de seguridad "se cierran caminos a la paz negociada y las víctimas quedan por fuera del acuerdo".
Este es el documento de la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella:
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