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En el Congreso de la República aterrizó el proyecto de ley anti-cepo que busca crear mayores garantías para prevenir el hostigamiento judicial contra periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos. El documento fue radicado por Gabriel Becerra (Pacto Histórico) y Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), en acompañamiento de Ana Bejarano, columnista de El Espectador y parte de la organización El Veinte. La senadora destacó que este proyecto busca ponerle límites a aquellos que usan el sistema judicial para "para intimidar, desgastar y silenciar" a la opinión pública.
El texto pretende reformar el Código General del Proceso y la Ley 906 de 2004 para reforzar las garantías contra el acoso judicial en casos donde periodistas, actores sociales y defensores de Derechos Humanos se enfrenten a procesos judiciales por sus declaraciones o investigaciones periodísticas.
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"El proyecto define el acoso litigioso y permite al juez ponerle fin con una sentencia anticipada. Si se comprueba el abuso, quien lo promovió paga las costas y una multa de 30 salarios mínimos mensuales. La Fiscalía también podrá archivar actuaciones penales que constituyan acoso", advierte el representante del Pacto Histórico sobre los puntos clave de esta propuesta, que ya ha sido promovida sin éxito en el Congreso en al menos dos ocasiones.
La primera ocasión fue en 2021, cuando el entonces congresista Rodrigo Lara presentó un proyecto similar, basado en las leyes anti-SLAPP (sigla en inglés de Strategic Lawsuit Against Public Participation), que ya existen en Europa, Norteamérica y Australia. Para el congresista del Pacto, la estrategia de acoso judicial recae tanto en la prensa como en actores sociales que denuncian presuntas irregularidades "como castigo por ejercer su libertad de expresión".
En esta línea, el proyecto de ley le permitiría a los jueces tener mayores herramientas para verificar desde el inicio del proceso judicial si se trata de un caso de acoso litigioso, que el texto define como "toda actividad planteada ante la Rama Judicial encaminada a censurar asuntos de interés público, sin contar con el debido respaldo probatorio y/o actuando de forma temeraria, empleando el sistema judicial con fines intimidatorios o silenciadores de expresiones".
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El texto ya había llegado al Congreso este año, pero en la legislatura anterior, por lo que no pudo surtir su trámite en las comisiones y plenarias del Congreso. En aquel momento, también abanderado por Pedraza y Bejarano, la abogada y columnista señaló que el texto sería una gran herramienta para "periodistas regionales, de frontera, veredales, comunitarios y desprovistos de recursos o respaldo, al igual que para que las personas defensoras y las mujeres que denuncian violencia en su contra cuenten con una garantía en el momento de defender su trabajo".
En caso de que la ley surta su trámite, que iniciará en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se crearía una multa de 30 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigente contra la parte convocante del acoso litigioso. "Así le pondremos tope a los poderosos que usan bufetes de abogados, no para ganar, sino para intimidar, desgastar y silenciar", señaló la senadora Pedraza en el evento de radicación.
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Héctor(15733)•05 de noviembre de 2026 – 08:55Ya sabemos quién es el principal acosador judicial de los periodistas independientes.
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CARLOS(lcggj)•05 de noviembre de 2026 – 08:29Interesante proyecto de ley.