
En el proceso penal que tiene la Fiscalía contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellin y exprecandidato presidencial, apareció el nombre de un empresario que exportaba oro desde Antioquia: Jhony Armando Jaramillo Montoya, dueño de la Comercializadora Internacional Golden Platino Colombia SAS (Goldplac). Noticias Caracol reveló hace tres semanas el testimonio de Diana Paola Toro, exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER), quien aseguró ante la Fiscalía General que el comerciante del metal precioso, y quien ha intentado llegar al Congreso, habría cooptado el manejo de la entidad deportiva, cuyo presupuesto sobrepasaba los COP 500.000 millones.
El reportaje periodístico también hizo una radiografía sobre los negocios a nivel internacional de su empresa, la cual entre 2019 y 2022, tuvo ganancias por más de COP 230.000 millones por exportaciones a Italia, donde tenía un exclusivo cliente: Esposito Preziosi SRL. Según el informe, personas vinculadas a la firma italiana son procesadas penalmente por su presunto vínculo con una millonaria transacción en lingotes de oro con el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, en 2022, desde que la empresa europea cayó en la lupa de las autoridades, Goldplac también dejó de exportar oro. El Espectador conoció que parte de la debacle de la compañía colombiana también estaría relacionada con una investigación de las autoridades colombianas sobre el origen del oro que exportó en 2017.
La primera alerta
Documentos conocidos por la Unidad Investigativa de este diario señalan que la primera autoridad que alertó sobre este asunto fue la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, que se encarga de fiscalizar los títulos mineros ubicados en en ese departamento, donde la firma de Jaramillo compraba parte el oro que vendía fuera de Colombia. El 23 de mayo de 2018, esa dependencia de la gobernación emitió un oficio en el que manifestaba “gran preocupación” sobre dos proveedores del metal exportado por la comercializadora Internacional entre marzo y abril de 2017: Innovandes SAS y Jose Mercedes Murillo Moreno, quienes le vendieron en ese lapso 70 kilos de oro, por un valor de COP 6.733 millones.
Sobre ambos proveedores no existe mayor información pública. De la empresa se sabe que fue liquidada en 2020 y en el Registro Único Empresarial (RUES) no aparece quiénes fueron sus representantes legales mientras estuvo activa. Sobre el segundo, Murillo Moreno, se sabe que tuvo negocios en el sector minero y que intentó en el 2003 llegar al consejo de Zaragoza (Antioquia) por el Partido Conservador. Lo que sí se sabe, por cuenta de la alerta de 2018 de la Secretaría de Minas de la Gobernación, es que en el título minero de Innovandes “no se encontró personal desarrollando actividades relacionadas con la minería. Tampoco se evidenció daños o afectaciones ambientales producto de actividades mineras”.
Sobre Murillo Moreno la autoridad encontró que el titulo minero de donde sacaba el oro, ubicado en el municipio de Amalfi (Antioquia), estaba vencido desde 2014. Además aseguró que “en visita realizada a la zona tampoco se encontró actividad minera”. La secretaría departamental señaló que ese título minero también incumplía con otro requisíto clave: tampoco tenía licencia ambiental para operar.
El proceso de la DIAN
A partir de esta alerta de la Gobernación de Antioquia, la DIAN solicitó estudiar la cancelación de las declaraciones de exportación de los 70 kg y, en agosto de 2018, abrió una investigación contra Goldpac. La entidad sostuvo que la empresa no cumplió adecuadamente con la obligación de aportar los certificados al proveedor, los cuales permiten establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se realizaron las compraventas entre Goldpac y sus proveedores.
Posteriormente, en septiembre de 2024, Golden Platino demandó ante la justicia colombiana esa determinación de la DIAN. Aunque esta entidad no impuso una multa, la comercializadora de oro argumentó que esa actuación de la entidad recaudadora de impuestos tuvo graves consecuencias económicas y comerciales para la compañía. La empresa sostiene que, después de esa investigación (que aparece en los registros públicos de la DIAN), sus proveedores dejaron de suministrarle oro, lo que afectó directamente su capacidad para continuar desarrollando su actividad comercial. Según Golden Platino, esta situación generó “importantes pérdidas y dejó a la sociedad con obligaciones económicas pendientes de cancelar ante la DIAN”.
Golden también argumenta que la DIAN dejó sin efecto sus declaraciones de exportación de manera injustificada, al señalar supuestas irregularidades en el origen y la comercialización del oro que, según la compañía, nunca existieron. Sostiene que las operaciones fueron reales y que el mineral fue adquirido a proveedores autorizados, con títulos mineros vigentes, permisos y documentación legal. Además, cuestiona que la entidad negara posteriormente el carácter sancionatorio de sus decisiones, pese a que en una resolución del 23 de julio de 2021 identificó el procedimiento como una “Determinación de Sanciones Aduaneras”.
Por ende, le dijo la compañía al Tribunal Administrativo de Antioquia que, además de anular la decisión de la DIAN, pide que la entidad estatal la indemnice. Sin embargo, en los argumentos de Golden Platino no se presenta una cifra concreta. Desde septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia analiza tanto los argumentos de Golden Platino como los de la DIAN para tomar un decisión de primera instancia sobre la demanda. La cual puede ser apelada para que el Consejo de Estado evalúe el caso.
El cliente de Golden Platino y su vínculo con Venezuela
El nexo de la firma italiana Esposito Preziosi Srl con el régimen de Nicolás Maduro aparece documentado en una operación comercial relacionada con el pago de alimentos mediante lingotes de oro. Según reveló Infobae en marzo de 2021, un informe financiero de 2019 del Grupo Casillo, una compañía italiana dedicada al comercio de productos agrícolas, registró que había recibido oro como pago de cuentas pendientes de su cliente venezolano, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). En el documento se señala que los lingotes fueron vendidos posteriormente a Esposito Preziosi Srl, la cual se especializaba en la compra y comercialización de metales preciosos. La operación dejó una ganancia de 306.000 euros para Casillo, producto de la venta de ese oro.
Emanuele Esposito, empresario vinculado a la firma italiana Esposito Preziosi, fue capturado en noviembre de 2022 en el marco de la operación Ponte d’Oro, adelantada por las autoridades italianas contra una presunta red dedicada al fraude fiscal, el lavado de activos y la simulación de operaciones comerciales con oro. En el operativo también fueron detenidas otras seis personas y se ordenó el embargo de bienes por más de 133 millones de euros.
Esposito inicialmente estuvo preso, luego obtuvo el beneficio de detención domiciliaria y, en marzo de 2023, recuperó la libertad por decisión judicial. Sin embargo, esa determinación no significó su absolución ni el cierre de la investigación: hasta donde llega la información pública consultada, el proceso penal no ha concluido y no se ha conocido una decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad en los hechos investigados.
La versión de Jaramillo
El empresario antioqueño le dijo a este diario que Innovandes S.A.S. llegó a Golden Platino por intermedio de Aníbal Ore, un amigo desde hacía 20 años del representante legal de esa compañía. Según su versión, conoció a Ore porque este tenía una casa de cambio a la que acudió Johnathan Wess Mitchell, socio de la comercializadora y representante legal de Gold & Platinum S.W.M. S.R.L., de República Dominicana.
Jaramillo explicó que Mitchell viajaba regularmente al país para hacer seguimiento al negocio. Fue a través de esa cadena de contactos que Innovandes se presentó como agencia comercial autorizada por la Cooperativa Agrominera de los Ocho Consejos Comunitarios de la Zona Uno de Cocomacia (Coagromini), titular del título minero correspondiente a la mina Pendedisco, ubicada en San Francisco de Ichó, Chocó.
En el caso de José Mercedes Murillo Moreno, Jaramillo afirmó que el contacto inicial lo hizo Jimmy Mosquera, representante legal suplente de Golden Platino. Según su respuesta, Murillo se presentó como agente comercial de Liliana Cecilia Vásquez Varela, titular del título minero, correspondiente a la mina El Abejero, ubicada en Amalfi, Antioquia. Jaramillo aseguró que, antes de comprarles oro a ambos proveedores, la empresa verificó las minas, los documentos y las personas involucradas.
En cuanto a la empresa italiana Esposito Preziosi, Jaramillo aseguró que el contacto se produjo a través de la página web de Golden Platino. Según explicó, por parte de la compañía italiana los visitó uno de sus funcionarios: Robert Sagramati, quien no ha sido vinculado a las investigaciones de las autoridades italianas. En su respuesta también precisó que las exportaciones se hicieron inicialmente a Esposito Preziosi S.R.L., entre el 15 de febrero y el 23 de septiembre de 2019. Posteriormente, desde el 1 de octubre de ese año y hasta el 11 de febrero de 2022, el comprador fue Esposito Group Oro e Metalli Preziosi S.p.A., otra sociedad del mismo grupo empresarial.
Nota del autor de la nota: la versión de Jaramillo no fue incluída en el artículo de la versión impresa del periódico del 7 y 8 de noviembre, ya que sus respuestas llegaron cuando esta edición ya había cerrado.
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@HerbólogaRaquel(46037)•11 de noviembre de 2026 – 14:16Y cuándo se investigará los extraños nexos entre empresas mineras, el defensor del hampa ahora presidente y varios asesinatos en Antioquia?
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Jairo(af67w)•14 de noviembre de 2026 – 18:53Y cuando se investigará la ruta del oro ilegal con trabajo infantil y envenenamiento de los ríos ( (en el Choco no hay peces en sus inmensos ríos ,nada el mercurio, traído legal e ilegalmente en las narices de las autoridades) y salen toneladas para legalizar en Suiza.
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