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Imputan a patrullero por apropiarse de dinero de una mujer fallecida en el terremoto de Cali

El uniformado habría recibido bajo custodia COP 11.650.000 que estaban entre los escombros y, según la investigación, los llevó a su vivienda, donde habría dispuesto de parte del dinero.

Imagen de referencia. terremoto cali
Imagen de referencia. El terremoto del 10 de agosto de 2026 provocó afectaciones en Cali y dejó víctimas mortales. Entre los escombros de la emergencia habrían sido hallados COP 11 millones que hoy son objeto de investigación penal.
Foto: ERNESTO GUZMAN

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Un patrullero de la Policía Nacional fue imputado por presuntamente apropiarse de COP 11.650.000 que pertenecían a una mujer fallecida durante el terremoto que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto de 2026. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Penal Militar y Policial, el uniformado habría encontrado el dinero entre los escombros, lo recibió bajo custodia y posteriormente lo trasladó a su vivienda sin reportar el procedimiento a las autoridades competentes.

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La imputación se realizó el viernes 6 de noviembre ante el juzgado 1718 Penal Militar y Policial de Control de Garantías. El patrullero no aceptó los cargos.

Según la investigación, el uniformado recibió los COP 11.650.000 en custodia e incluso elaboró un acta de incautación para dejar constancia del procedimiento. Sin embargo, presuntamente omitió informar a las autoridades competentes sobre el hallazgo y llevó el dinero hasta su residencia, donde habría utilizado parte de los recursos. La suma pertenecía a una mujer que murió durante la emergencia del 10 de agosto en Cali.

Los delitos que le imputaron al patrullero

El 6 de noviembre, la Fiscalía 2211 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado le imputó los delitos de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con prevaricato por omisión. El primero está relacionado con la presunta apropiación de bienes que un servidor público tiene bajo su administración o custodia por razón de sus funciones. EL segundo se refiere a la omisión de un acto propio de las obligaciones de un funcionario público.

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La imputación fue avalada por el juez de control de garantías. No obstante, el patrullero no aceptó los cargos y deberá responder dentro del proceso judicial por las presuntas conductas.

 

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