Glufosinato de amonio: ANLA inicia la evaluación del plan de manejo para aspersión aérea

Así lo estableció la ANLA en el auto 14479 del 4 de noviembre, donde señaló que la solicitud fue radicada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN). Es importante recordar que el inicio del plan piloto está sujeto a un concepto del Instituto Nacional de Salud (INS), así como al acto administrativo de la ANLA que establezca o modifique el Plan de Manejo Ambiental.

En el segundo artículo del Auto, la autoridad señala que evaluará el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental presentado por la DIRAN.

En el auto, la ANLA explica que fue el Brigadier General William Castaño Ramos, en calidad de director de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN), quien solicitó el establecimiento del plan piloto para la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio el martes 3 de noviembre.

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Los detalles del estudio presentado por la Policía

Aunque todo el contenido del EIA no es de acceso público, el Auto de la ANLA resalta apartes del documento presentado por la DIRAN en el proceso.

Lo primero que destaca la DIRAN en el documento que radicó ante la ANLA es que algunos apartes de la información entregada no fueron obtenidos directamente en campo. Por ejemplo, dice la dirección, lo correspondiente a los medios abiótico, biótico y socioeconómico fue elaborado con base en información secundaria, “debido al incremento de los atentados contra funcionarios de la fuerza pública en los últimos tres años”.

La DIRAN agregó que “la situación de alto riesgo por atentados contra la fuerza pública impidió el acompañamiento y apoyo del personal militar a los contratistas responsables del estudio”, por lo que, a excepción de algunas actividades del componente socioeconómico (que no se especifican), “no fue posible realizar la recopilación de información primaria ni trabajar a escalas de mayor detalle (inferiores a 1:100.000)”.

El piloto, afirma la dirección, solo se ejecutará sobre cultivos de uso ilícito, por lo que no existe sobreposición con otros proyectos, sean licenciados o no, y solo se utilizará una infraestructura existente, que es un aeropuerto que también presta servicios comerciales, pero, con el fin de evitar atentados, la identificación es de carácter reservado.

La dirección menciona tres objetivos del plan piloto. El primero de ellos consiste en ejecutar actividades “de manera controlada, limitada y evaluable” por un lapso de siete días y solo en los polígonos habilitados por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).

La segunda actividad es obtener evidencia científica verificable sobre la eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos en salud y ambiente del glufosinato de amonio, así como evaluar la suficiencia de las medidas de manejo ambiental. Finalmente, la dirección busca establecer medidas de manejo y control ambiental para el desarrollo del plan piloto.

Como ya es de conocimiento público, el proyecto piloto contempla la aplicación de glufosinato de amonio 200 SL. En esta nota de hace un par de meses, explicamos que, aunque las propiedades del glufosinato de amonio pueden ser similares a las del conocido glifosato, hay algunas diferencias importantes entre ambas sustancias.

Gabriel Tobón, ingeniero agrícola, magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la U. Javeriana, señaló que el glifosato tiene un efecto sistémico: una vez que la planta lo absorbe, puede desplazarse hacia otras partes, incluidas las raíces y los bulbos, y sus efectos pueden hacerse evidentes incluso 15 o 20 días después de la aplicación. El glufosinato de amonio, en cambio, actúa principalmente por contacto. Su efecto se concentra en el follaje de las plantas y es más rápido: los daños, según Tobón, pueden comenzar a observarse entre tres y cinco días después de la aplicación.

El glufosinato, de ese modo, no tiene la misma capacidad del glifosato para desplazarse dentro de la planta y llegar hasta estructuras como las raíces. Eso, en principio, limitaría su acción a las partes que entran en contacto con el producto. Quienes lo defienden argumentan, entonces, que sus resultados son más instantáneos y que se degrada mejor en comparación con el glifosato, al no ir directamente al subsuelo.

Sin embargo, para los científicos que consultamos, que el glufosinato actúe de esa manera no resuelve completamente las preguntas que plantea su eventual utilización para erradicar cultivos de coca en Colombia. Esas preocupaciones van desde la posibilidad de que el herbicida alcance vegetación distinta de la que se busca eliminar, hasta sus efectos perjudiciales sobre los ecosistemas, las fuentes de agua y la salud de las personas expuestas.

A finales de octubre, más de 30 expertos en epidemiología radicaron una carta ante el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) en la que plantearon una serie de dudas e inquietudes frente a la aspersión aérea con glufosinato de amonio.

En el documento, los expertos recordaron que su suspensión en 2015 y la sentencia T-236 de 2017, en la que la Corte Constitucional estableció las condiciones para una eventual reanudación de las aspersiones, dejaron una lección que consideran fundamental: “La evaluación de una aspersión aérea no puede reducirse al análisis aislado de una molécula. Debe considerar las condiciones reales de aplicación, la deriva del producto, la exposición involuntaria de las comunidades, la posible afectación de fuentes de agua y cultivos alimentarios, y las dificultades para prevenir, detectar y reparar los daños”.

Justo el 3 de noviembre, cuando el general Castaño, director de la DIRAN, radicó ante la ANLA la solicitud de evaluar el EIA, el Tribunal Administrativo de Putumayo profirió una sentencia que mantuvo la suspensión provisional del plan piloto.

El Tribunal consideró que la falta de certeza sobre el impacto del glufosinato de amonio en el ecosistema amazónico de Putumayo, sumada a la ausencia del concepto técnico del INS, permitía suspender preventivamente el plan piloto.

El tribunal ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional suspender de manera provisional la ejecución del plan piloto.

Sin embargo, limitó la medida a un máximo de cuatro meses y condicionó su vigencia a que los accionantes presenten dentro de ese plazo una acción judicial que permita discutir la protección de los derechos e intereses colectivos o la legalidad de los actos administrativos cuestionados.

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