Su visión del Acuerdo de Paz es “selectiva e incompleta”: Académicos a embajador Gaona

De acuerdo con los autores, “la caracterización del Acuerdo de Paz de 2016 que usted (Gaona) presenta nos parece selectiva e incompleta”.

Gaona intervino durante la sesión en la que el Consejo de Seguridad renovó hasta octubre de 2027 el mandato de la Misión de Verificación, actualmente dirigida por Miroslav Jenca. En su discurso, aseguró que “el gobierno de Colombia y los millones de ciudadanos que lo eligieron no están en contra de la paz, estamos en contra de la impunidad”.

En contexto: "El Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo”: Gaona ante las Naciones Unidas

También afirmó: “Quisiera desmantelar las falsas narrativas y las falacias que han podido escuchar de aquellos más se han podido beneficiar de este proceso de paz, en particular los que abogan que el Acuerdo de Paz de 2016 es un modelo para el mundo, pues no para nuestro mundo. No lo es para los miles de colombianos que han sido asesinados, secuestrados, objetos de extorsión desde que se firmó el Acuerdo”.

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En esa misma sesión, el Consejo aprobó por unanimidad un cambio en el mandato de la misión, a petición del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Con la modificación, la verificación de la implementación de la Reforma Rural Integral quedó por fuera de sus funciones y la misión concentrará su trabajo en dos puntos del acuerdo, relacionados con la seguridad y la reincorporación de excombatientes.

La carta cuestiona varios aspectos de la intervención. Sobre la comparación con otros procesos de paz, los firmantes consideran que la afirmación del embajador “omite algunas de las características que lo distinguen de experiencias previas”, entre ellas, el acuerdo firmado con la guerrilla del M-19 en 1990, que contempló amplias amnistías sin mecanismos equivalentes de esclarecimiento, reconocimiento de responsabilidad y participación de las víctimas.

En cuanto a los excombatientes, señalan que Gaona no diferenció entre quienes firmaron el acuerdo y continúan sometidos a sus compromisos, y quienes nunca se acogieron plenamente a el o lo abandonaron. Aunque reconocen que el embajador mencionó que cerca de 13.000 excombatientes se desmovilizaron, cuestionan que no aportara información suficiente para dimensionar la reincidencia ni explicar sus circunstancias. Para los firmantes, “una valoración equilibrada del acuerdo exige reconocer tanto sus limitaciones como sus resultados”.

Gaona también cuestionó que solo 2.356 víctimas hayan sido reparadas con bienes de las Farc. Frente a este señalamiento, los académicos recordaron “la obligación del Estado en materia de reparación independientemente de quiénes sean los perpetradores. Así, la discusión debe ampliarse a la reparación tanto de las víctimas de las Farc como de la Fuerza Pública, los paramilitares y otros grupos”.

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Los investigadores recordaron que la Corte Constitucional ha señalado, en sentencias de 2024, la deuda histórica del Estado en materia de reparación administrativa. Y agregaron que la reparación económica integral es un proceso de largo aliento y que la administración de los bienes de la guerra también ha representado dificultades para el propio Estado.

Sobre las cifras de violencia, consideran que el embajador “expuso una fotografía general de varios problemas de orden público del país y la llevó hacia el conflicto armado”. Por eso, le piden mayor claridad sobre los datos y advierten que, de acuerdo con sus estudios sobre las masacres ocurridas después de la firma del acuerdo, no todas están relacionadas con el conflicto armado. Lo mismo ocurre, señalan, con los asesinatos y los secuestros.

Uno de los puntos centrales de la carta es el modelo de justicia. Los firmantes cuestionan que la intervención no mencionara “una de las innovaciones más relevantes del Acuerdo de Paz: la incorporación de un modelo de justicia restaurativa a una escala sin precedentes en procesos contemporáneos de justicia transicional”, como el que desarrolla la JEP.

Los académicos reconocen que este modelo, “por intentar responder a un número tan grande de victimizaciones, es necesariamente imperfecto y debe ser objeto de evaluación crítica permanente”. Sin embargo, agregan que “constituye una experiencia novedosa que hoy es estudiada por investigadores, juristas y profesionales de distintos países”. Y concluyen: “Antes que ser desvirtuado, merece ser mejorado”.

Frente a la afirmación de Gaona de que, “sin justicia ni reparación, la paz se convierte en impunidad”, los investigadores consideran que se trata de planteamientos legítimos dentro del debate democrático. No obstante, advierten que “es preciso recordar que las miles de víctimas del conflicto armado han cargado a cuestas la impunidad dentro de la justicia ordinaria y otros modelos de justicia transicional como lo es Justicia y Paz. Ante la masiva atrocidad de la guerra y la incalculable pérdida, proponer una respuesta de la justicia en términos de castigo proporcional es inviable, incluso inconveniente en procura de la no repetición y la transformación positiva del país”.

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También cuestionan que se evalúe a la JEP por sus costos frente a sus resultados “punitivos”, pues, a su juicio, ese enfoque desconoce la naturaleza restaurativa del tribunal, establecida en el Acuerdo de Paz. Según la carta, la intervención del embajador parte de la idea de que la única manera de evitar la impunidad es mediante la cárcel, en línea con la postura del actual Gobierno de De la Espriella.

Los académicos enumeran varios resultados que, consideran, Gaona dejó de mencionar. Entre ellos, destacan que “más de un centenar de integrantes de la Fuerza Pública hayan reconocido responsabilidad ante la JEP por ejecuciones extrajudiciales. Entre ellos se encuentran oficiales de alto rango, circunstancia que ha permitido ampliar significativamente el esclarecimiento judicial de estos hechos y responder a una demanda histórica de las víctimas”.

Asimismo, señalan que la JEP asumió más de 40.000 expedientes de la justicia ordinaria que estaban archivados o sin resolver. Agregan que, según la magistrada Catalina Díaz, el 90 % de los imputados por el tribunal ha reconocido su responsabilidad ante las víctimas y el país.

Asimismo destacan el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), que, junto con la Comisión de la Verdad y las medidas cautelares de la JEP, ha permitido encontrar con vida a cientos de personas reportadas como desaparecidas, así como recuperar, identificar y entregar cuerpos a sus familias. Por estas razones, consideran que “no resulta acertado afirmar que los únicos beneficiarios del Acuerdo de Paz han sido los perpetradores”.

La carta sostiene que varias de las deficiencias señaladas por el embajador no son necesariamente consecuencia del diseño del acuerdo, sino de problemas estructurales que ya existían antes de su firma. Para respaldar esta afirmación, los académicos citan informes del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz y de la Procuraduría, cuyos análisis describen una implementación “muy accidentada”.

De acuerdo con los firmantes, durante el gobierno de Iván Duque se registró un ritmo de implementación lento, acompañado de graves dificultades de seguridad para líderes sociales y excombatientes. En el gobierno de Gustavo Petro, por su parte, buena parte de los compromisos permanecieron en una etapa de implementación mínima o sin iniciar, mientras la administración priorizó su propia agenda de paz.

En ese contexto, los investigadores invitan a Gaona “a contribuir a un debate que, sin renunciar a la crítica ni a la exigencia de mejores resultados, reconozca también los avances alcanzados, las innovaciones desarrolladas y los beneficios concretos que miles de víctimas han obtenido gracias al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

Los autores aclaran que no necesariamente comparten las mismas evaluaciones de Gaona sobre el acuerdo. Sin embargo, aseguran que “coincidimos en la importancia de que la discusión pública sobre sus resultados se fundamente en análisis rigurosos, representaciones equilibradas de la evidencia disponible y un reconocimiento honesto tanto de sus limitaciones como de sus contribuciones”.

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