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Mauro Brero, asesor sénior en Nutrición de UNICEF, anota que el “sistema alimentario no puede existir sin inversión, pero la inversión tiene que estar dirigida por la política pública y por el interés superior de la niñez y la salud de la población” ("‘Colombia tiene una de las mejores políticas de etiquetado nutricional del mundo’: UNICEF", El Espectador, 28 de octubre de 2026).
Aunque son admirables el progreso alcanzado en la lucha por informar sobre el contenido de ingredientes problemáticos y los esfuerzos por reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, es necesario anotar que, como dice el señor Brero, “las fuerzas que deciden qué alimento está disponible, qué alimento es asequible e incluso qué alimento es deseable son fuerzas que no tienen en mente el interés de la niñez, sino el interés del negocio”. En otras palabras, la salud de los niños (y de los adultos también) es un activo con valor monetario.
Ciertamente, no tengo yo las calificaciones ni los recursos necesarios para respaldar con cifras las observaciones que aquí presento, pero no es difícil ver que algunas de las regulaciones implementadas para proteger la salud de los niños de las familias vulnerables de Colombia no dejan de ser simbólicas o directamente contraproducentes.
Seguramente los impuestos a los alimentos ultraprocesados puedan lograr una disminución de la obesidad. Lamentablemente, no tienen incidencia en el consumo de estos alimentos por parte de las familias vulnerables: en la periferia de Colombia, donde el costo y las dificultades del transporte de mercancías son factores importantes en el precio de los alimentos, el aumento del precio de los productos naturales, con menor vida útil que los empacados, va paralelo al aumento del precio de los ultraprocesados, como efecto de los impuestos, lo que afecta, por ambos lados, el costo de la canasta familiar.
Los “sellos negros” pueden ser efectivos en algunos sectores de la población. No así en las comunidades donde el acceso a la verdadera educación es muy limitado. Basta con preguntarles a los bachilleres de nuestros colegios qué es el sodio, qué es un edulcorante y qué es la grasa trans para darse cuenta de que esos sellos no son más que adornos en los empaques. Al preguntarle a una mamá por qué consume los eufemísticamente etiquetados “alimentos lácteos” (por ejemplo, suero de leche mezclado con aceite y/o azúcar) en lugar de comprar leche pura, su respuesta fue: “Porque al niño le gusta así, dulcecita”. Algo parecido ocurre con muchos productos que no son más que azúcar, aceite hidrogenado o jarabe de maíz disfrazados de cereales, chocolate instantáneo, galletas, quesos o yogures, que son casi exclusivamente, dicho sea de paso, los únicos disponibles en las tiendas locales.
Los intentos de reducir el consumo de alimentos no saludables en las poblaciones más vulnerables no serán efectivos mientras no existan regulaciones para su mercadeo y no se considere la situación real de los consumidores. Pero, como dijo un candidato en la reciente campaña electoral norteamericana, el problema hoy no es alimentar a los pobres, sino saciar el hambre de los ricos.
Ricardo Gómez Fontana
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