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Las sentencias colombianas que protegen derechos migrantes en tiempos de criminalización

Dos fallos emitidos en tribunales colombianos fueron galardonados por garantizar el debido proceso y la protección a la población migrante. Las providencias son luz en un escenario opaco donde se persigue a los extranjeros en la región, incluyendo Colombia.

Los fallos llegaron tras meses de disputas judiciales para proteger las garantías de los migrantes.
Los fallos llegaron tras meses de disputas judiciales para proteger las garantías de los migrantes.
Foto: Pixabay

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Los derechos migrantes que se vulneran en los pasillos del Estado colombiano están siendo restituidos en los estrados de la Corte Constitucional. Hace unos días, Colombia recibió la noticia de que dos sentencias proferidas por su tribunal constitucional fueron galardonadas por haber hecho justicia con enfoque diferencial y propender que la migración, antes que ser perseguida y expulsada, debe ser tratada con mínimos de humanidad y dignidad.

Los fallos corresponden a la historia de una mujer trans venezolana (T 110-2026) que alegó tanto como pudo que, si volvía a Venezuela, su vida corría peligro bajo el régimen chavista. Lo argumentó a la Policía y funcionarios de la Cancillería, e incluso reunió en 98 folios presentados a jueces de primera y segunda instancia las razones por las cuales volver a su tierra natal era prácticamente un camino directo a ser capturada o asesinada. Aún así, Migración Colombia la detuvo, desoyó sus argumentos y la entregó a oficiales venezolanos en el Puente de Tienditas, en Cúcuta.
La Corte ordenó que se garantizara el principio de no devolución, una norma internacional que protege a cualquier extranjero que busca refugio en otro país y que, independientemente de su estatus migratorio, no puede ser obligado a regresar al lugar que motivó su éxodo.

El fallo también ordena a Migración Colombia y la Cancillería crear un protocolo que obliga a todos sus funcionarios a estudiar si una persona es vulnerable o si sus derechos fundamentales corren riesgo, antes de ordenar una deportación que puede terminar con daños aún peores para quienes ya lo perdieron todo antes de migrar.
Siete meses después de la sentencia, Migración Colombia no ha cumplido las órdenes judiciales, está en riesgo de entrar en desacato y los migrantes siguen sin esa hoja de ruta en donde la protección y el refugio pesan más que la expulsión y la revictimización. Al cierre de esta publicación, ni Migración Colombia ni la Cancillería contestaron a El Espectador sobre el porqué de las demoras.

"La sentencia le recordó al país que detrás de una decisión migratoria hay una persona cuya vida puede estar en riesgo. La historia de la mujer muestra por qué el debido proceso es indispensable y la decisión exhibe que el control migratorio debe ejercerse con respeto por la dignidad y los derechos de cada persona", dice Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional a este diario.

La otra sentencia aborda el caso de una familia nigeriana (T-156 de 2025) que llegó a Colombia para participar en una feria artesanal y, durante su permanencia en el país, encontró razones para temer por su regreso a Nigeria. Sus integrantes, pertenecientes al pueblo igbo y de religión cristiana, aseguraban que el recrudecimiento de la violencia y la persecución en su país ponía en riesgo sus vidas.

En Colombia nacieron sus dos hijas y la familia hizo todo lo posible para permanecer en el territorio.

Aunque solicitaron el reconocimiento de su condición de refugiados, la Cancillería negó la petición al considerar que “no existían pruebas suficientes de persecución”. Solo una tutela revisada por la Corte Constitucional los protegió: la decisión reconoció que negar el refugio no significaba que el Estado pudiera devolverlos automáticamente a un país donde su vida e integridad corrían peligro. Por eso, ordenó otorgarles una visa de medida complementaria al refugio, expedir sus documentos de viaje y garantizar la nacionalidad colombiana de una de sus hijas, que estaba en riesgo de apatridia.

Vladimir Fernández, togado de la Corte Constitucional, explicó a El Espectador que el fallo envía un mensaje: "proteger derechos fundamentales no depende de la nacionalidad ni de la situación migratoria de una persona (…). Las autoridades migratorias deben actuar dentro del marco del debido proceso, valorar de manera individual cada caso y garantizar que ninguna decisión administrativa desconozca derechos como la vida, la unidad familiar, la nacionalidad o la protección internacional".

Referente regional

El Tribunal Supremo de México, órgano que planifica y entrega los premios, considera ambos fallos colombianos como un aporte para proteger los derechos humanos en tiempos en que la movilidad humana carece de respuestas, estándares de humanidad y cada vez se enfrentan más barreras en la región para encontrar protección o un destino que garantice derechos.

Ejemplos en el hemisferio no faltan: informes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto de Políticas Migratorias (MPI) revelan que el último lustro, cerca del 50 % de los países de la región han endurecido sus directrices políticas enfocándolas en la persecución, restricción o expulsión de extranjeros. El caso más crudo y notorio es el de Estados Unidos, donde cifras no oficiales revelan que cerca de un millón de personas han sido deportadas.

Guardando las proporciones, también aparecen Chile, Argentina, Perú y más recientemente Colombia, que intentan emular el modelo: los jefes de Estado de estos países han dado un timonazo al discurso migratorio para referirse a la movilidad como un asunto “ilegal” que debe perseguirse.

En el caso colombiano, el presidente Abelardo de la Espriella ha declarado una acción expedita contra la “migración ilegal” y, como documentó El Espectador, ha deportado a 1.000 personas en los últimos tres meses; un promedio de una expulsión cada dos horas y media.

“El acceso a la justicia no puede comprenderse únicamente como la posibilidad de acudir ante un tribunal, sino también como la existencia de condiciones que permitan a las personas ejercer sus derechos en igualdad de condiciones”, acota la Corte Constitucional.

Derecho a tener derechos

Hay voces que consideran que las sentencias le enseñan al país una manera digna y basada en derechos de tratar la migración. Ale Gómez, abogado de Refugiados Unidos, organización que litigó uno de los casos ante la Corte, comenta que el fallo enseña que el camino de protección migrante sí es posible en Colombia y que migrar, más allá del estatus, es un derecho. Para el jurista, las decisiones crean precedentes y jurisprudencia para que situaciones similares no se repitan más con familias extranjeras: “En el mundo vemos disputas políticas alrededor de la migración con narrativas estigmatizantes, equiparándola como un asunto de seguridad. Estas sentencias son una luz de cómo ser un contrapeso a decisiones securitarias que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes”.

Otras consideran que el reconocimiento sirve como plataforma para seguir utilizando el derecho y la justicia como aliciente para proteger vidas. El magistrado Camargo señala: "Recibimos con profunda gratitud el reconocimiento. Detrás de cada expediente hay personas que han enfrentado el temor de regresar a su país. La distinción nos recuerda cuánto puede significar una decisión judicial para ellas y sus familias".

Fernández, por su parte, describe que el premio implica un reconocimiento a una labor de la justicia para proteger poblaciones en condición de vulnerabilidad. "No se trata únicamente del reconocimiento, sino de la validación por parte de quienes trabajan diariamente con las consecuencias humanas de la migración forzada; de una decisión que entendió las necesidades reales de protección de una familia migrante", concluye.

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