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El viernes pasado, después de asistir al cierre de la conferencia de gobernanza de internet LacIGF, acompañé una manifestación de Greenpeace en Fortaleza, Brasil, para llamar la atención sobre los impactos de los grandes centros de datos, instalaciones esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Ese mismo fin de semana, la campaña “Stop Dirty Data Centres” convocó movilizaciones en unas quince ciudades europeas para exigir una moratoria a su expansión. Días antes, las elecciones de mitad de período en Estados Unidos habían mostrado que la resistencia ciudadana a estas instalaciones se estaba convirtiendo en una fuerza política.
Vale la pena mirar lo sucedido en Estados Unidos, donde los centros de datos pasaron de representar innovación e inversión a generar preocupaciones cotidianas por las tarifas eléctricas, el consumo de agua, el ruido y sus impactos territoriales. Estas inquietudes se tradujeron en movilización política.
Mientras Trump impulsaba la desregulación ambiental para acelerar la construcción de infraestructura de IA, las comunidades recurrieron a mecanismos de democracia local para exigir restricciones, moratorias y mayor control público, rechazando que los costos de su expansión recaigan sobre ellas.
La organización colectiva llegó a las campañas electorales. En diez estados se votaron medidas relacionadas con centros de datos y, de las 41 iniciativas locales registradas, 40 favorecieron restricciones a su desarrollo. Aunque no puede afirmarse que esta resistencia explique las victorias demócratas, sí contribuyó a incorporar los costos ambientales, energéticos y sociales de la infraestructura de IA al debate electoral.
La oposición reunió intereses ambientales, económicos y territoriales que no necesariamente compartían posiciones partidistas. La expansión de la infraestructura digital dejó de ser un asunto exclusivo de empresas y gobiernos para convertirse en una disputa democrática.
Allí las comunidades cuestionaron la narrativa según la cual toda inversión tecnológica representa automáticamente un beneficio público. Exigen evidencia sobre empleo, ingresos fiscales, uso de recursos y distribución de beneficios. Pero, sobre todo, están planteando una pregunta política fundamental: no basta con determinar si los centros de datos son convenientes; también hay que decidir quién puede autorizar su construcción, con qué información, bajo qué condiciones y con qué participación de las comunidades afectadas.
Lo que sucede en Estados Unidos importa especialmente para América Latina. La presión por construir centros de datos seguirá creciendo y podría intensificarse en nuestra región en la medida en que aumenten las restricciones ambientales y la resistencia ciudadana dificulte su expansión en el norte.
Desde hace años, organizaciones y comunidades latinoamericanas advierten sobre los impactos de estas instalaciones y la insuficiencia de nuestras regulaciones para equilibrar los intereses involucrados. Sin embargo, la magnitud de las inversiones anunciadas y las presiones internacionales para acelerar su despliegue pueden profundizar los conflictos territoriales por los recursos naturales, las tarifas de los servicios públicos y el derecho a participar en las decisiones sobre infraestructura.
Esto está transformando la discusión sobre soberanía digital. Además de preguntarnos quién controla los datos, las empresas o las tecnologías, tendremos que preguntarnos quién decide sobre el territorio, el agua y la energía que hacen posible su funcionamiento. A diferencia de los debates más técnicos sobre política digital, América Latina tiene una larga experiencia de movilización social alrededor de los conflictos territoriales, particularmente los relacionados con proyectos extractivos y grandes obras de infraestructura. Por eso, este desplazamiento de la discusión hacia las condiciones materiales de la tecnología puede transformar profundamente el debate político sobre soberanía digital en la región.
Aquí es donde importa analizar los acuerdos de nuestros países con Estados Unidos. Como expliqué en una columna anterior, Washington está promoviendo alianzas multilaterales y acuerdos bilaterales que buscan asegurar cadenas de suministro, facilitar inversiones y expandir la infraestructura estadounidense de IA. Estos acuerdos parecen estar trasladando a la región las prioridades de política industrial de ese país.
Pero habrá que ir más allá y analizar también los acuerdos de financiación y asistencia técnica para proyectos concretos. Es el caso del acuerdo anunciado en septiembre entre la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA) y la Gobernación del Atlántico, en Colombia, para financiar asistencia técnica destinada a evaluar un centro de datos de hiperescala y una red de fibra óptica. Podría ser un buen negocio, incluso si la agencia es franca al indicar que su ayuda facilitará la participación de empresas estadounidenses en el proyecto -reforzando su liderazgo en infraestructura de IA-. Sin embargo, no mencionan evaluaciones de impacto ambiental ni mecanismos de participación comunitaria. No tiene lógica seguir replicando sin cuestionamientos el mismo modelo de expansión que hoy genera resistencia ciudadana en Estados Unidos.
El contraste es significativo: mientras las comunidades estadounidenses están introduciendo límites y condiciones a la expansión de esta infraestructura, en América Latina nuestros gobiernos están promoviendo acuerdos para facilitarla. El reto será conseguir la información y los espacios de participación para discutir sus consecuencias antes de que las decisiones estén tomadas.
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