Dos memorandos y el futuro de nuestra soberanía digital

Tres meses antes, Jacob Helberg, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, publicó “The Digital Sovereignty Trap”. Su tesis: la soberanía digital que promueve Naciones Unidas —cada país con su propia nube, sus propios modelos, su propio “mínimo irreducible” de IA— es “retrógrada y contraproducente”. Helberg propone, en cambio, la “soberanía de la innovación”: no copiar lo que existe, sino crear lo que no existe. A finales de 2025 había presentado además Pax Silica, una alianza de “socios de confianza” que comercian según las ventajas de cada uno para lograr lo que ninguna nación puede hacer sola.

Leídos en este contexto, los acuerdos de Barranquilla desvelan el lugar que ocupará Colombia en ese reparto. Si nuestro “talento” son los minerales y el de Estados Unidos es la frontera tecnológica, no estamos necesariamente ante una cooperación entre iguales, sino frente a una división del trabajo definida, en buena medida, desde Washington.

Sí, puede que no tenga sentido pensar la soberanía digital como autosuficiencia: construir una nube soberana, un modelo soberano y un campeón nacional para cada tecnología puede ser costoso e inviable para cada país a estas alturas. Pero también hay una trampa en aceptar sin más Pax Silica. Significa aceptar estándares de “confianza” (¿eso qué significa?) definidos por Estados Unidos, sistemas de certificación de cadenas de suministro diseñados bajo su liderazgo y una lógica de controles de exportación que responde a prioridades estadounidenses. La propia arquitectura del programa —minerales críticos, semiconductores, energía, cómputo e infraestructura de IA— contribuye a definir qué es estratégico, quién participa y bajo qué condiciones.

Colombia no tiene por qué rechazar la cooperación con Estados Unidos, pero sí debería cuestionar y negociar sus términos. Hay al menos un punto ciego en el argumento de Helberg: asume que “frontera” y “materia prima” son divisiones naturales. No lo son. Los minerales críticos no son una mercancía cualquiera: su procesamiento, las tecnologías de baterías, los materiales semiconductores y las capacidades industriales asociadas también forman parte de la frontera tecnológica.

Colombia puede limitarse a exportar minerales en bruto o puede negociar capacidad de transformación, transferencia tecnológica y encadenamientos locales. Esto es política industrial, pero también política ambiental. La extracción y el procesamiento de minerales tienen impactos sobre el agua, biodiversidad, territorios y comunidades. Si Colombia asume los costos ambientales de abastecer una cadena tecnológica global, mientras el mayor valor económico se genera en otro lugar, esperaría que internamente al menos exigiéramos saber no solamente cuánto exportaremos, sino también qué recibimos a cambio, quién asume los costos y cómo enfrentamos los riesgos.

Por eso es necesario que Colombia no se apresure a firmar acuerdos —obliguen o no jurídicamente— sin discutir antes una estrategia nacional de soberanía digital. La soberanía digital no tiene que entenderse como un fin en sí misma ni como una aspiración de autosuficiencia tecnológica. Puede significar construir capacidad para decidir sobre los datos, la infraestructura, las tecnologías y las reglas que harán posible el desarrollo digital del país.

Otros países están explorando esa posibilidad. En el marco de Pax Silica, algunos sostienen que las potencias medias —como Japón, Corea del Sur o la Unión Europea—, que no pueden competir con China o Estados Unidos en todo el ecosistema de IA, pueden adoptar estrategias de “soberanía modular”, preservar capacidades, alternativas y poder de negociación en sectores estratégicos sin buscar autosuficiencia.

Desde Colombia podríamos hacernos preguntas más concretas: ¿qué infraestructura digital es estratégica? ¿Quién define las reglas de gobernanza de datos? ¿Qué capacidades industriales y tecnológicas queremos desarrollar? ¿En un intercambio de minerales por tecnología, qué ganamos realmente y qué espacio de decisión cedemos? Y, sobre todo, ¿qué costos ambientales estamos dispuestos a asumir?

Los memorandos de Barranquilla son, con toda probabilidad, un preludio de la entrada de Colombia a Pax Silica. Nada de esto pasará necesariamente por el Congreso: tanto los memorandos como la propia Pax Silica son, al menos en su fase inicial, declaraciones de voluntad que no generan obligaciones jurídicas vinculantes. Pero, desde una posición de poder geopolítico, quien controla las infraestructuras tiene una enorme capacidad para definir quién participa en la frontera, bajo qué condiciones y con qué grado de autonomía.

La clave es que alguien define qué significa “crear” y quién queda asignado a “suministrar”. Si no somos capaces de construir capacidades propias en distintos puntos de la frontera tecnológica, nos quedaremos —una vez más— como proveedores de materia prima: aceptando que nos asignen un rol y llamándolo “cooperación”.

Esa discusión, en Colombia, todavía no ha empezado. Y ya hay dos memorandos firmados.