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La construcción de los corredores ambientales de los humedales Jaboque y Juan Amarillo, en el occidente de Bogotá, terminó generando costos adicionales en los contratos de interventoría. Por esos pagos, la Contraloría de Bogotá profirió un fallo de responsabilidad fiscal en primera instancia por más de COP 1.410 millones contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
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La decisión se relaciona con las adiciones presupuestales y las prórrogas que debieron hacerse en los contratos de interventoría de ambos proyectos en 2021. De acuerdo con la investigación de la Dirección de Responsabilidad Fiscal, esos gastos adicionales se produjeron por imprecisiones topográficas y estudios y diseños inconclusos o defectuosos, que obligaron a modificar las condiciones inicialmente previstas.
En el caso del corredor ambiental del humedal Jaboque, la adición al contrato de interventoría superó los COP 390 millones. Para el proyecto de Juan Amarillo, el monto fue cercano a los COP 543 millones. En conjunto, los pagos adicionales sumaron más de COP 933 millones en 2021.
La cifra que ahora determinó la Contraloría supera los COP 1.410 millones porque corresponde al valor actualizado de esos recursos a 2026. Es decir, no se trata de una nueva adición por ese monto, sino de la indexación de los pagos que el organismo de control considera un detrimento para el patrimonio público. “Este tipo de acciones, precedidas por una mala planificación o ejecución de las obligaciones contractuales, atentan directamente contra los recursos públicos de los bogotanos”, señaló Diego Samudio, subdirector de Responsabilidad de la Contraloría de Bogotá.
Los corredores ambientales hacen parte de las intervenciones alrededor de dos humedales ubicados en el noroccidente de la ciudad: Jaboque, en Engativá, y Juan Amarillo, entre las localidades de Suba y Engativá. Las obras buscan habilitar espacios para el tránsito peatonal y el disfrute de estos ecosistemas, en medio de las discusiones sobre cómo garantizar su protección ambiental. El fallo fue emitido en primera instancia.
La investigación se concentró en los costos que tuvo que asumir el Acueducto para ampliar y extender las interventorías, luego de que se identificaran problemas en los insumos técnicos de los proyectos. La decisión busca recuperar los recursos que, a juicio del organismo de control, se destinaron a cubrir esas fallas de planeación y ejecución contractual.
¿Qué respondió el Acueducto?
La EAAB reconoció las deficiencias en ambos contratos, motivo por el cual, “adelantó las actuaciones administrativas, contractuales y judiciales correspondientes para establecer las responsabilidades y procurar la recuperación de los recursos comprometidos”.
En una de sus actuaciones, el 25 de febrero de 2020, el Acueducto dece haber promovido una demanda de controversias contractuales, ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contra la firma INPROTEKTO LTDA., consultora encargada de elaborar los diseños técnicos de ambos corredores ambientales, así como contra SEGUROS DEL ESTADO S.A., en calidad de aseguradora.
“Mediante dicha acción judicial, la cual se encuentra en trámite, la EAAB reclamó perjuicios por valor de $933.422.337, correspondientes a los mayores costos asumidos por las adiciones de los contratos de interventoría”, indicó la entidad.
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