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En el Capitolio avanza un proyecto de acto legislativo que busca que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) termine sus funciones en 2028. El trámite en primer debate pasó con ponencia positiva del texto por el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) y fue aprobado con 10 votos por el “si”. Sin embargo, según fuentes consultadas por El Espectador, los tiempos en el Legislativo no darían para tramitar el texto que apoya la bancada oficialista en la plenaria del Senado.
El camino del proyecto en el Legislativo es largo, pues por su naturaleza de proyecto de acto legislativo, debe ser sometido a ocho debates entre Cámara y Senado. En la primera vuelta, debe pasar por los primeros cuatro debates antes de la finalización de sesiones ordinarias en diciembre de este año. Además, el texto requiere mayoría simple, mientras que en la segunda vuelta de debates, deberá contar con mayoría absoluta para su aprobación. Para que los tiempos del trámite sean posibles, el articulado tiene que salir de la plenaria del Senado este martes.
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La dificultad de los tiempos está en que hay proyectos con mensajes de urgencia e insistencia que tiene que ser discutidos primero. El texto que se ocupará la agenda del Capitolio es el proyecto de ley de ajuste fiscal, también llamado de rescate fiscal, con el que el gobierno de Abelardo de la Espriella quiere crear y modificar cargas tributarias para sanear las cuentas del país.
Dentro del Legislativo también se espera que aterricen otros proyectos con el mismo mensaje del Ejecutivo, como el proyecto para la independencia presupuestal del Consejo Nacional Electoral (CNE) o proyectos que el Gobierno considere claves para su agenda legislativa. Con este futuro inmediato, el texto no lograría cumplir los tiempos antes de la terminación de las sesiones ordinarias el próximo 16 de diciembre.
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Lo que se pretende con la iniciativa de Gómez es ajustar el acto legislativo 01 de 2017, con el cual se sentó la base jurídica de ese tribunal transicional. Para lograr ese ajuste se quiere es incluir un inciso en la Constitución que pone freno directo a la vigencia de la Jurisdicción Especial en 2028. Después de su primer debate, también establece que los expedientes no resueltos, luego de ese año, pasen a la justicia ordinaria con la misma reglamentación acordada con la guerrilla de las Farc en 2016.
La JEP advierte que esto podría "afectar la garantía constitucional del juez natural y desmantelar el modelo de justicia transicional, al sustituir la jurisdicción especializada creada para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado". La norma señala que el tribunal tiene una vigencia de hasta 20 años por etapas. La primera es de investigación y le da una década, la cual se cumple en marzo de 2027; la segunda es de un quinquenio y se estableció para ejecutar juicios y aplicar sanciones.
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