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La sanción no es la solución

Juan David Escobar Cubides 

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En respuesta al editorial del 6 de septiembre de 2026, titulado “Una sanción ejemplar para Meta, pero hay dudas”.

Respecto al editorial de El Espectador del 06 de septiembre del presente, encontramos algo profundamente tranquilizador en determinar un culpable para un problema complejo. Si las redes sociales dañan a los menores, Meta debe responder; si sus algoritmos amplifican determinados riesgos, una sanción ejemplar parece la consecuencia natural. Aunque es menester una observación: la política pública no debería medirse por la satisfacción moral que produce castigar, sino por su capacidad para reducir aquello que pretende corregir. Allí comienza la verdadera discusión.

El psicólogo Jonathan Haidt ha popularizado la tesis de que la transformación de la infancia por el teléfono inteligente y las redes sociales constituye una crisis de salud mental. Su planteamiento merece atención, pero también una exigencia elemental del pensamiento científico: una hipótesis plausible no deja de ser una hipótesis hasta que la evidencia permite establecer con suficiente solidez sus mecanismos y efectos.

Existe una asociación documentada entre determinados usos de las redes sociales y diversos problemas de bienestar adolescente. Pero asociación no significa simple causalidad. El adolescente que duerme menos se siente aislado y/o tiene una vulnerabilidad psicológica previa que lo lleva a recurrir más intensamente a las redes sociales; las redes pueden, a su vez, agravar esa situación. La causalidad puede operar en ambas direcciones. Reducirla a una sola flecha —de la plataforma hacia el menor— simplifica precisamente aquello que necesitamos comprender y corregir.

Por ello resulta discutible convertir el tiempo de pantalla en el principal instrumento de protección. Dos horas de conversación con amigos no equivalen a dos horas de consumo compulsivo de contenido. El reloj mide duración, no experiencia; mide exposición, no consecuencia. La pregunta verdaderamente relevante no es cuánto tiempo permanece conectado un menor, sino qué hace durante ese tiempo, qué contenidos recibe y qué actividades desplaza. Esto a fin de delimitar el tipo de consumidor digital.

Tampoco deberíamos cometer el error de confiar exclusivamente en la autorregulación de las plataformas. Una gigante tecnológica cuyos ingresos dependen, en buena medida, de captar atención no puede ser el único árbitro de los riesgos que genera su propio diseño. No obstante, la alternativa tampoco debería ser entregar al Estado un poder ilimitado para decidir qué puede ver cada ciudadano. Entre la autorregulación y el control estatal existe una tercera vía: auditorías independientes, transparencia algorítmica, protección estricta de datos, evaluación de impacto y sanciones vinculadas a incumplimientos demostrables. Y existe una responsabilidad que rara vez ocupa el centro del debate: la nuestra. Acá es donde me detendré.

Familias y escuelas no pueden delegar la educación digital en Silicon Valley. Un menor debería aprender que un algoritmo no conoce lo que es bueno para él; conoce aquello que aumenta la probabilidad de que permanezca conectado. Enseñarle cómo funciona ese mecanismo quizá sea una de las formas más poderosas de devolverle autonomía y suprimir la codependencia. Del mismo modo, es un esfuerzo legítimo de establecer cultura digital.

La paradoja es evidente: queremos proteger a los niños de la potencia algorítmica y podríamos terminar protegiéndolos mediante más vigilancia personal. Queremos reducir su dependencia tecnológica y corremos el riesgo de convertir cada minuto de su vida digital en un dato. Una sanción puede ser necesaria. Pero una sanción jamás será una teoría de cambio.

Como escribió Karl Popper, el conocimiento avanza no cuando confirmamos nuestras convicciones, sino cuando intentamos someterlas a prueba. Ese debería ser también el principio de la regulación. No necesitamos castigos más implacables. Necesitamos políticas capaces de demostrar que funcionan; que son eficaces. Porque una multa puede cerrar una cuenta pendiente con una empresa. Pero proteger a una generación exige algo infinitamente más difícil: comprender el problema antes de pretender haberlo resuelto.

@JuanDaEscobarC

Por Juan David Escobar Cubides 

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