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La Oficina Jurídica del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNHM) denunció a un contratista por presunta falsedad en documento privado en medio de la cotización de un proyecto de adecuación museográfica para la memoria de Bojayá (Chocó). En este municipio, en el año 2002, murieron cerca de 80 personas, entre ellas 48 menores, cuando un cilindro bomba fue lanzado por las Farc-EP a la iglesia de Bellavista, donde se refugiaban civiles en medio del enfrentamiento de esta guerrilla con un grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según la denuncia presentada en Fiscalía, un contratista envió una serie de cotizaciones para el proyecto de memoria en Bojayá, falsificando los emisores de dichas cotizaciones. El Centro advierte que los emisores señalados en los documentos no reconocen haber desarrollado estos documentos, que hacían parte de la propuesta de este contratista en el proceso de contratación pública, lo que configuraría el delito de falsedad en documento privado.
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Este proceso museográfico es uno de los múltiples proyectos que ha desarrollado el Centro sobre estos hechos, que han calificado como "un hito en la larga cadena de violencia que ha vivido nuestro país, a la vez que es un punto culmen de la degradación del conflicto armado que aún padecen las comunidades afrodescendientes e indígenas del medio Atrato y del departamento de Chocó".
En julio de 2026, las víctimas de la masacre recibieron perdón público y reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado con motivo de omisión y las fallas en la protección a la población civil en la tragedia ocurrida en mayo de 2002. “El Estado no brindó una respuesta para proteger a las comunidades frente al enfrentamiento entre grupos armados que era previsible”, dijo Iris Marín, defensora del Pueblo. El acto fue realizado por la administración anterior de Gustavo Petro, con la presencia de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, la defensora del Pueblo, Iris Marín, el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez y las representantes de víctimas de las comunidades.
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La revisión de estos documentos, más allá de los procesos naturales de revisión de contratación pública, hace parte de la estrategia anunciada por D’mar Córdoba, director del CNMH, para el análisis de todos los procesos contractuales en marcha. "Estamos revisando en el Centro Nacional de Memoria Histórica de manera exhaustiva los contratos y la ejecución", afirmó Córdoba sobre la denuncia.
Como contó El Espectador, el Centro Nacional de Memoria Histórica bajo la dirección de Córdoba canceló la licitación 001 de 2026 para la “fabricación e instalación del mobiliario museográfico para dotar los espacios experienciales de la fase II del proyecto constructivo del Museo de la Memoria”, por un costo de COP 739 millones. En medio de este proceso, la administración del presidente De la Espriella buscaría crear nuevas salas en el museo para enaltecer a las Fuerzas Militares y hablar sobre los crímenes cometidos por las FARC.
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