
En Puerto Gaitán (Meta) hay tierras ancestrales para los indígenas que parecieran estar en manos de todos y de nadie a la vez. La comunidad Barrulia del pueblo Sikuani, un pueblo indígena seminómada, se asentó en esa zona desde la década de 1930, pero fue desplazada a través de los años por el conflicto armado hasta quedar al borde del exterminio físico y cultural –riesgo que todavía afronta–. Desde hace casi 10 años sus integrantes adelantan un litigio para ocupar nuevamente la tierra que consideran suya, pero que ahora está en manos de particulares y de la comunidad religiosa menonita, que adquirió los predios por vías aparentemente legales. El caso es de tal magnitud que llegó a la Corte Constitucional y tiene a toda la Sala Plena estudiando cuál debe ser la solución.
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En el alto tribunal el expediente tiene como ponente a la magistrada Natalia Ángel Cabo, que lideró esta semana una sesión técnica a puerta cerrada para entender más a fondo todas las problemáticas que rodean el caso. No es un asunto menor y es, tal vez, uno de los procesos más difíciles que han llegado a la Sala Plena, dicho por fuentes enteradas de la discusión. Es de especial interés en el alto tribunal, porque, dentro de otras cosas, “se trata de un conflicto intercultural, inmerso en la protección de sujetos y pueblos de especial protección constitucional”. También se refiere “al alcance de la identidad indígena nómada y su relación con sus tierras y territorios, e involucra discusiones de interés acerca de una tensión entre la propiedad privada y la propiedad colectiva de la tierra”, aseguraron fuentes de la Corte.
El expediente de tutela llegó al alto tribunal hace dos años, en noviembre de 2024. La acción fue promovida por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en representación de la comunidad Barrulia, compuesta por 592 habitantes, agrupados en 164 familias. Sin embargo, la lucha judicial oficialmente comenzó en octubre de 2017, cuando le solicitaron a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que los protegiera como poseedores de más de 42 predios, que suman más de 44.000 hectáreas en Puerto Gaitán. En ese tiempo, también le pidieron a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que les restituyeran las tierras que tuvieron que dejar a causa del conflicto armado.
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Ante las negativas que tuvieron en ese momento por parte de todas esas autoridades, que desconocieron su relación con el conflicto armado, en 2021 la comunidad indígena ocupó uno de los predios de la zona, el terreno conocido como Villa Esperanza, que tiene actualmente como propietario a un particular. Por eso, se inició una querella policiva que terminó en el desalojo y reubicación de los indígenas en un polideportivo de Puerto Gaitán en junio de 2024. Unos meses después, la ANT cambió su decisión y les entregó la posesión de dos predios: Cuba Libre, de aproximadamente 64 hectáreas; y Campo Alegre, de 6.200. Ya con algo de tierra para habitar, el problema ahora era poder ingresar, pues esos dos terrenos están rodeados por otros pertenecientes a los menonitas y a privados.
Cuando el caso fue presentado ante el alto tribunal, se alegaron principalmente dos cosas: los derechos al territorio y a la supervivencia. Desde entonces el caso no ha dejado de moverse, pero tampoco ha llegado a solucionarse. Aunque la ANT entregó dos de los predios a la comunidad, era necesaria una servidumbre que debían conceder los dueños de los demás predios que, en su mayoría, se han negado. Incluso, han instalado porterías y otras barreras para que los indígenas no puedan cruzar por sus tierras y llegar a los dos terrenos que ocupan. Además, algunos integrantes de la comunidad han denunciado problemas de seguridad por amenazas que habrían provenido de algunos de los particulares.
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Ante los nuevos desafíos, en marzo pasado, la Corte emitió un auto dictando distintas órdenes y medidas para mitigar el problema mientras resuelven el pleito de fondo. Por una parte, el alto tribunal dispuso el traslado inmediato de las familias al predio Cuba Libre para evitar que el desamparo “se prolongue mientras se toma una decisión”. Asimismo, ordenó a la UARIV y entidades locales garantizar la “atención humanitaria de emergencia especial para desplazamientos masivos indígenas”. Por otra parte, y como uno de los ejes centrales, ordenó adaptar la servidumbre para que transiten los integrantes de la comunidad desde y hacia los terrenos.
En sus medidas, la Corte resaltó un asunto: que el vínculo ancestral de estas comunidades con el territorio “no depende de la permanencia u ocupación de la tierra ni de un título formal”, sino de su identidad cultural. Por ello, reconoció que para un pueblo seminómada “la movilidad es una forma de territorialidad”, que exige garantizar rutas sin interferencias . Con el fin de viabilizar el tránsito, ordenó al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán priorizar el proceso y definir la servidumbre en ocho meses . Además, la providencia ordenó la inmediata remoción de porterías y barreras físicas que bloqueen el acceso de los indígenas al predio Cuba Libre. Sin embargo, algunos de esos problemas en el tránsito persisten.
En la sesión de esta semana, representantes del pueblo Sikuani hablaron ante la Corte y pidieron el “reconocimiento integral del territorio ancestral de la comunidad de Barrulia y del pueblo Sikuani” en la zona . Asimismo, insistieron en la “superación de las barreras administrativas en el proceso de formalización de los territorios Cuba Libre y Campo Alegre”, señalando que falta la titulación definitiva. Igualmente, requirieron que “se examine la legalidad de los títulos de propiedad sobre el territorio ancestral”, adjudicados a particulares entre 1990 y 1995 y a los menonitas desde 2016, aproximadamente. Además, pidieron que se investiguen los negocios de agricultura que adelantan estos últimos, teniendo en cuenta que algunos ya están bajo las pesquisas de la Fiscalía por presuntos delitos ambientales, relacionados con contaminación del agua.
Por ahora, la magistrada Ángel y el resto de la Sala Plena revisan las pruebas y demás elementos del caso que no les está resultando fácil. Sin embargo, el tiempo empieza a correr, pues este diario conoció que los términos del expediente vencen a finales de marzo de 2027 y no van a dejar cerrar el caso solo por el tiempo. Mientras eso pasa, se mantiene la tensión entre la comunidad, los particulares y los menonitas por los títulos de propiedad. Aunque hasta el momento el alto tribunal ha respaldado a la comunidad con algunas decisiones, saben que tienen límites en el caso, pues los privados también tienen un derecho adquirido que no pueden quitarles, pues, aparentemente, la adquisición de tierras fue legal.
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ERWIN(18151)•Hace 2 minutosNo entiendo como pueden comprar,apropiarse de algo que no tiene escrituras..los menonitas..son tierras ancestrales ..no necesitan escrituras..ahora si.