Hace 17 años la Corte Constitucional dijo sí a la reelección presidencial de Uribe

Durante la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez se presentaron irregularidades que le costaron la pérdida de investidura y condena a congresistas y funcionarios cercanos a Uribe. Uno de los hechos más mediáticos al respecto fue la polémica denominada ‘yidispolítica'.

Foto: AP - Fernando Vergara

El 19 de octubre de 2005, hace exactamente 17 años, la Corte Constitucional aprobó la reforma a la Constitución Política de Colombia que permitió la reelección inmediata del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Aunque dicha modificación le permitió gobernar cuatro años más, terminó metiendo al uribismo en graves problemas con la justicia, que derivaron incluso en la condena de algunos de sus funcionarios más cercanos y de congresistas que participaron en maniobras fraudulentas para lograr dicha aprobación en el Congreso.

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Con el lema de “prolongar la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social” Álvaro Uribe Vélez y sus seguidores solicitaron que se estableciera la figura de la reelección inmediata para el presidente de la República en la Carta Magna, iniciativa que, luego de ocho debates en comisiones y sesiones plenarias, fue aprobada por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 2004.

Casi un año más tarde, y después de que la Corte estudiara las demandas de ilegalidad o inconstitucionalidad contra el proyecto, el entonces presidente de la Corte, Manuel José Cepeda, informó que la reelección había sido aprobada con ocho votos a favor y uno en contra. Sin embargo, se dejó en claro que se trataba de una figura a la que se podía aplicar una sola vez.

Resultado de esto, Uribe presentó nuevamente su nombre para unos comicios presidenciales. En mayo de 2006 alcanzó el 62,35 % de la votación, es decir, 7.397.835 votos (casi dos millones de sufragios más de los conseguidos en 2002) contra el 22,03 % de su contendor de la izquierda, el exmagistrado Carlos Gaviria. Todo un récord en materia electoral en Colombia.

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No obstante, en su aprobación se presentaron irregularidades que le costaron la pérdida de investidura y condena a congresistas y funcionarios cercanos a Uribe. Uno de los hechos más mediáticos fue el denominado ‘yidispolítica’, nombre que responde a la participación de la entonces representante a la Cámara Yidis Medina Padilla, quien aceptó ante la justicia haber recibido sobornos a cambio de su voto favorable en la prolongación del mandato Uribe.

No solo Medina fue condenada a prisión (4 años), sino también los ministros del gobierno Uribe, Sabas Pretelt de la Vega por su responsabilidad frente al cumplimiento de prebendas dadas a Medina, con el soborno de otorgarle a ella y a sus cercanos puestos; Diego Palacio Betancourt al comprobar que le había prometido a la representante la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja y el exsecretario Alberto Velásquez por el delito de cohecho con el nombramiento de Jairo Plata Quintero como coordinador para el Magdalena Medio en la Red de Solidaridad Social, compromiso adquirido con Medina.

Tras su reelección, Uribe intentó nuevamente prolongar su era

Uribe no solo buscó su reelección en un período, sino en dos. Con el proyecto de un referendo ciudadano, el entonces Jefe de Estado buscó que la era Uribe se extendiera cuatro años más, es decir, hasta 2014.

A diferencia de 2005, la Corte Constitucional el 26 de febrero de 2010 frenó el propósito de prolongar el mandato Uribe, al declarar inexequible la ley 1354, por vicios de forma y de fondo. De acuerdo con el alto tribunal, la inconstitucionalidad se dio por irregularidades en el trámite legislativo, sobrepasar topes y cometer violaciones a la Carta Magna.

“Acato y respeto la sentencia de la honorable Corte Constitucional mediante la cual declara inexequible la ley que convocaba a un referendo de reelección presidencial. El Estado de Derecho es una gran conquista de la humanidad, que ha exigido esfuerzos milenarios. Exige que todos los ciudadanos nos sometamos a la ley, pero especialmente el gobernante, que este dé ejemplo en aquello de observar la ley, que debe ser externa a él y que no puede coincidir nunca con sus caprichos”, fueron las palabras del entonces presidente Uribe al respecto.

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Con el fin del período Uribe, el gobernante ‘avaló’ la candidatura presidencial de Juan Manuel Santos, quien ocupó el cargo de ministro de Defensa. Pese a esto y tras su victoria en las urnas, Santos se distanció del ideario político de Uribe y le apostó a una estrategia que incluyó la ejecución del Acuerdo de Paz con las Farc, significando el primer proyecto de paz exitoso en Colombia, que incluso, le otorgó un Nobel de Paz.

Este declive político para el uribismo también fue evidente en los últimos comicios presidenciales, en tanto el partido Centro Democrático no presentó un candidato y su número de votos en las elecciones legislativas disminuyó con respecto a años anteriores.

En lo jurídico, el uribismo también recibió una avalancha de sentencias contra sus principales líderes y militantes. Uno de los casos más simbólicos fue el de su primo y exsenador Mario Uribe Escobar al declarársele como autor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley.