Solo el 20% estaría de acuerdo con que las mujeres que aborten vayan a la cárcel

Encuesta señala que a mayor nivel socioeconómico o a mayor nivel educativo hay una mayor aceptación frente al hecho de que las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo no deberían ir a la cárcel.

Foto: AFP - Agencia AFP

Una encuesta de Cifras y Conceptos, conocida este jueves, revela que solo el 20% de las y los colombianos consultados estaría de acuerdo con que las mujeres que aborten vayan a la cárcel. En cambio, el 80% restante manifestó estar totalmente en desacuerdo o ni acuerdo ni desacuerdo con esa medida punitiva para esos casos.

La medición refleja un cambio en la opinión pública colombiana. “Nosotros habíamos hecho una primera medición en 2017, también con Cifras y Conceptos, y en ese momento ya se veía viendo que el 66% de las personas decían que la decisión del aborto debía ser de las mujeres. Y hoy nos enfrentamos a un número que es muy importante, que solo el 20% crea que las mujeres deban ir a la cárcel si abortan es un asunto muy importante”, comenta Ana Cristina González, médica cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

La encuesta fue realizada en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Manizales, Sincelejo, Villavicencio, Tunja y Cundinamarca. Se consultaron a 4.867 personas, presencial o telefónicamente, entre el 8 al 16 de abril de 2021. Y cuando se analiza desagregada se encuentra que a mayor nivel socioeconómico o a mayor nivel educativo hay una mayor aceptación frente al hecho de que las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo no deberían ir a la cárcel. Por ejemplo, entre las personas que tienen más altos niveles educativos, ese porcentaje baja hasta un 15%. Y lo mismo entre quienes están en un nivel socioeconómico más alto, quienes definitivamente están de acuerdo con que las mujeres no vayan a la cárcel por abortar.

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“Lo que te hace pensar que todavía hay que hacer mucha pedagogía porque curiosamente son las personas que tienen menores niveles educativos, las personas que viven en zonas más alejadas rurales y que tienen menos nivel socioeconómico las que son más víctimas de la persecución del aborto. Lo que uno encuentra es que entre esa opinión intuitiva de la cárcel hay una falta de consciencia de que son esas mismas personas las más afectadas por esta criminalización”, resalta González. Esto teniendo en cuenta que las mujeres en Colombia que hoy son perseguidas por abortar son aquellas que cumplen con un perfil de menor educación, menores ingresos, de zona rural, o de menor edad.

Otro rasgo interesante es que, de las personas encuestadas, el 63% se identificaron como personas católicas. Así como el 51% correspondían a un nivel socioeconómico bajo, el 32% a un nivel medio y 17% a un nivel alto de ingresos. Un poco más de la mitad (el 52%) eran mujeres y el 48%, hombres.

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Y que solo el 18% de los consultados, que se considera de centro en el espectro político, dijo que estaría de acuerdo con que esas mujeres pagaran con cárcel y el 26% de quienes se consideran de derecha dijeron que estarían totalmente de acuerdo con esa medida punitiva para las mujeres que abortaran. Mientras que el 53% de las personas, identificadas como de izquierda, manifestaron estar totalmente en desacuerdo con la cárcel como salida para las mujeres que interrumpen de manera voluntaria un embarazo.

“Yo veo una desconexión entre los cambios de esa opinión y las decisiones políticas. Tenemos un Congreso que jamás se ha interesado, genuinamente, por proteger los derechos humanos de las mujeres en esta dimensión en particular. Esto es un abrebocas muy importante para que esa decisión que va a tomar la Corte Constitucional esté más conectado con la opinión de los y las colombianas”, sostiene González.

Cifras que para esta médica hablan de la importancia de seguir hablando de aborto y derechos reproductivos de las mujeres en Colombia. “Nosotras cuando sacamos el movimiento Causa Justa siempre pensamos el movimiento como un movimiento que contribuyera a un debate informado, transparente y con datos, donde yo puedo tener una opinión personal, pero marcar ese límite de opinión personal y lo que debe ser una decisión de política pública es muy importante y esas cifras contribuyen en esas dos decisiones”, señala al respecto Ana Cristina González.

Actualmente, la Corte Constitucional estudia una demanda que busca acabar la ambigüedad jurídica respecto al aborto. Ya que la interrupción voluntaria del embarazo fue reconocida como un derecho fundamental por este alto tribunal en 2006, en tres causales (malformación del embrión, riesgo a la salud de la madre y violación), pero siguió siendo un delito en el Código Penal colombiano. Un doble estándar que ha afectado principalmente a las mujeres pobres, que viven lejos de las capitales, en zonas de conflicto o que migran.

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