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Diecisiete años después, el fujimorismo todavía toma las grandes decisiones del Perú. El Congreso de ese país, liderado por ellos de manera mayoritaria, tiene la potestad de destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski al acusarlo de “incapacidad moral”.
La Comisión Lava Jato, que destapó el escándalo de corrupción con la constructora Odebrecht, dio a conocer unos documentos que vinculaban a Kuczynski con contratos millonarios (US$4,8 millones) en la gran trama de corrupción. Se trata de un monto pagado a dos firmas de consultoría, una de ellas Westfield Capital. Ya se confirmó, según un editorial del diario El Comercio, que la empresa era propiedad del mandatario cuando se desempeñaba como primer ministro del presidente Alejandro Toledo.
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“Estamos de acuerdo en que, en términos jurídicos, Kuczynski no está obligado a comparecer ante la Comisión Lava Jato. Pero en términos políticos y por su condición de presidente de la República y jefe del Estado tiene otra obligación: la de mostrar públicamente todas sus cartas”, aseguró El Comercio.
En efecto, Kuczynski no ha mostrado sus cartas y aunque hoy tiene la posibilidad de dar un discurso para defenderse, dadas las pruebas presentadas, difícilmente sus palabras cambiarán su suerte.
Curiosamente, el presidente no es el único involucrado en la trama de Odebrecht. Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular, movimiento opositor reunido en honor a Alberto Fujimori y que hoy tiene la sartén por el mango para destituir a Kuczynski, también está involucrada en el mismo escándalo.
En su caso, el Ministerio Público la acusa por presuntas irregularidades en el financiamiento de sus campañas en el 2011 y 2016, esta última contra Kuczynski en la carrera por la presidencia. La policía de Brasil, país donde se destapó la olla que ha salpicado buena parte de la dirigencia política de América Latina, encontró una referencia a Fujimori en el celular de Odebrecht: “Aumentar Keiko para 500”, comentario anotado a finales del 2010.
Sin embargo, Fujimori ha pedido postergar el interrogatorio en dos oportunidades. Y ayer, por tercera vez, pospuso la audiencia.
El fujimorismo a la cabeza
El 7 de abril de 2009, el presidente de derecha Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
Varios delitos le fueron atribuidos: asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves. Años después también lo acusaron de allanamiento ilegal, peculado doloso, apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del Estado.
Según la ONG Transparencia Internacional, Fujimori se hizo a una fortuna de 600 millones de dólares de manera ilegal, durante los 10 años que estuvo en el poder.
El Estado peruano reconoció su responsabilidad durante el gobierno de Fujimori en violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, especialmente en las matanzas de La Canuta y Barrios Altos. En todo el proceso, su hija Keiko Fujimori estuvo a su lado.
De hecho, cuando tenía 19 años sus papás se separaron y ella fue la encargada de asumir el puesto de primera dama. Y en el 2011, cuando nació Fuerza Popular para reunir a todos los seguidores de su padre, ella fue la encargada de asumir el liderazgo del partido.
En el 2012 se presentó a las elecciones presidenciales y obtuvo el segundo lugar, pero su partido seguía siendo minoría en el Congreso.
En el 2016 volvió a intentarlo y esta vez Fuerza Popular llegó con todo. Fueron unas votaciones que pasarán a la historia como las más reñidas del Perú hasta la fecha.
Kuczynski obtuvo el 50,12 % de los votos, mientras que Fujimori quedó en el segundo puesto con el 49,88 %. Ella reconoció el triunfo de su oponente, declaró que trabajaría fuertemente en la oposición y no dejó de generar suspicacias al aceptar la derrota: “Reconocemos el resultado, aunque es muy confuso”, dijo entonces.
Ahora son ella y su partido quienes asumen la batuta de la destitución del presidente. Entre los 130 parlamentarios elegidos en el Congreso, 73 pertenecen a Fuerza Popular. Héctor Becerril, vocero del partido, ya dijo que votarán en bloque a favor de la destitución. Se necesitan 87 votos. Ago factible si se tiene en cuenta que el pedido con la iniciativa de vacancia de PPK fue admitida con 93 votos a favor, gracias en parte a otros partido opositores en el legislativo.
Kuczynski gobernó durante el último año con esa gran limitación. Sí, aunque le ganó, y por muy poco a Fujimori, no ha sido fácil gobernar sin presencia suficiente de su partido, Peruanos por el Cambio (PPK), en el parlamento (sólo logró 18 escaños).
No sólo eso. Kenji Fujimori, hermano menor de Keiko, fue el candidato más votado al Congreso en el 2011. Ella ya había hecho lo propio en el 2006. Pasó lo mismo el año pasado.
Con esa mayoría, el fujimorismo se quedó en el 2016 con el poder absoluto de legislar a su conveniencia.
Keiko Fujimori no tardó en celebrar recordando la importancia de su padre para ella y para el movimiento: “Fuerza Popular tiene siete años, pero el fujimorismo tiene 27. Hoy puedo decir con alegría que nos seguimos renovando”.
Ahora bien, aunque su hermano ha dicho que mete las manos al fuego por ella, cuando le preguntan por sus vínculos con Odebrecht, no todo el mundo en el partido comparte la misma percepción.
Jenny Vilcatoma, por ejemplo, quien salió elegida tras hacer campaña con el rostro de la lucha anticorrupción, renunció en el 2016, en medio de la polémica. Por su parte, Patricia Donayre también puso un pie al costado cuando aseguró: “no hay democracia en Fuerza Popular.
Sin embargo, el poder de Fuerza Popular actualmente es innegable. Según le dijo la politóloga Adriana Urrutia a El Comercio, “el fujimorismo actual está mucho más institucionalizado y tiene una identidad partidaria que se consolidó sobre todo en la última elección. Es una gran diferencia con el fujimorismo tradicional, que variaba constantemente de denominación”.
De hecho, comparando con la elección previa del 2011, el fujimorismo en el 2016 duplicó el número de representantes.
Por su parte, Héber Campos, politólogo de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, vaticinó desde la elección lo que iba a tener que enfrentar el presidente: “El fujimorismo tendrá plena libertad para aprobar leyes que definen las funciones y competencias de los poderes del estado, gobiernos regionales y municipales, y la explotación de recursos naturales”, le dijo a BBC Mundo.
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“Desde el primer minuto, PPK tendrá que formar alianzas con los partidos contrarios al fujimorismo y tender puentes con el propio fujimorismo, para que se pongan de acuerdo en temas importantes para el país”, agregó el analista.
Pero nada de eso ha pasado. Los fujimoristas han forzado la censura de dos ministros y la renuncia de otros dos. Intentaron destituir a cuatro jueces del Tribunal Constitucional y al Fiscal General de la Nación. Con el recurso de “incapacidad moral”, para algunos abstracto, pero aun así establecido en la Constitución, el fujimorismo ahora tiene en sus manos la posibilidad de expulsar a Kuczynski de su silla de presidente de la República.