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La ONG Amazon Watch, junto con otras organizaciones, presentó este lunes un informe en el que se analiza cómo las economías ilícitas —minería ilegal, narcotráfico y tala ilegal—, así como ciertas respuestas de los Estados, están amenazando los derechos y los territorios de los pueblos indígenas en el continente.
El reporte analizó la situación de territorios indígenas de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y cómo las formas de gobernanza criminal sustituyen o debilitan tanto las estructuras estatales como las locales, al imponer, por ejemplo, mecanismos de control social y económico sobre las poblaciones locales. Vale señalar que la cuenca amazónica abarca aproximadamente 7,8 millones de kilómetros cuadrados, y es habitada por más de 2,2 millones de personas indígenas pertenecientes a 511 pueblos.
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En los países mencionados, por su parte, según cifras compartidas por la ONG, al menos el 67 % de los 987 municipios registra presencia de redes criminales o grupos armados, y un 32 % de estos territorios se encuentra disputado por más de una organización criminal.
“La expansión de economías ilícitas en la Amazonía no puede entenderse únicamente como un problema de criminalidad o seguridad pública, sino como una amenaza existencial a los pueblos indígenas”, sostuvo en un comunicado Sofía Jarrín, asesora de Amazon Watch.
Entre los casos destacados por el informe se encuentran los casos de los pueblos Munduruku (Brasil); Siona, Kichwa, Inga, Murui y Cofán (Colombia); Kichwa del Napo (Ecuador); y Kakataibo y Wampis (Perú), en lo que se denuncia un patrón sistemático de despojo territorial.
“Las redes criminales restringen el acceso a recursos naturales, presionan o cooptan liderazgos, sabotean procesos de titulación y obligan a las comunidades a reorganizar su vida cotidiana bajo regímenes de miedo, vigilancia y dependencia”, advierte la investigación.
Por su parte, el informe también alerta sobre casos de reclutamiento forzoso que se están registrando en Putumayo (Colombia), así como reportes de violencia sexual contra mujeres en Venezuela y Perú.
Por su parte, “todos los casos analizados en este reporte denuncian daños a la salud. La contaminación por mercurio reporta niveles por encima de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afectando cuerpos de agua, peces y cuerpos indígenas. Las consecuencias incluyen: daños neurológicos y reproductivos”, alertan, a través de un comunicado, los investigadores de Amazon Watch.
En ese sentido, entre los principales impactos ambientales se encuentra la deforestación, con más de 88 millones de hectáreas de bosque amazónico que se han perdido entre 1985–2023, incluyendo más de 2 millones vinculadas a minería ilegal.
Una de las principales fuentes del informe fueron una serie de testimonios expresados durante el Encuentro Internacional de Defensores, realizado en Pucallpa (Perú) a inicios de 2026. En este espacio, más de 60 lideresas y líderes indígenas de la Amazonía occidental denunciaron cómo las economías ilícitas y el crimen organizado vulneran sus derechos a un ambiente sano, a la salud, la libre determinación, la autonomía y el ejercicio pleno del autogobierno.
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En línea con esto último, el reporte alerta que, aunque las intervenciones estatales son necesarias, estas continúan privilegiando estrategias reactivas centradas en la militarización y securitización de los territorios, lo que puede agravar los riesgos ya existentes.
“Es urgente incorporar enfoques interculturales en las políticas de seguridad y avanzar en el control de las cadenas de suministro que conectan estas economías ilícitas con mercados globales. Sin el reconocimiento, el financiamiento y el fortalecimiento de las autoridades indígenas, cualquier estrategia estará destinada a fracasar”, concluye Raphael Hoetmer, director de programas de la Amazonía occidental en Amazon Watch.
Acá puede leer el informe completo:
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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