Sobre el escritorio del presidente Gustavo Petro habría unos documentos a los que solo les falta la firma del mandatario para que la estructura político-administrativa de Colombia se transforme. Se trata de los actos administrativos que formalizan las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), las cuales quedaron contempladas en la Constitución Política de 1991. En su artículo 286 determinó que “son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas”.
En otras palabras, se estableció que las ETI serían parte de la organización del Estado y, por tanto, gozarían de autonomía política, administrativa y fiscal. Sin embargo, más de tres décadas después, estas son las únicas entidades territoriales que aún no se decretan.
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Tras años de trabajo, en los que comunidades y organizaciones se han enfrentado a trabas institucionales, ocho territorios indígenas presentaron, cada uno, su Acuerdo Intercultural, instrumento formal para la existencia de las ETI. Según le dijeron diversas fuentes a El Espectador, estos documentos ya tienen las firmas de los ministros del Interior, Salud, Ambiente, Igualdad y Educación; solo hace falta la firma del presidente Petro en los decretos que protocolizan dichos acuerdos.
De hecho, las autoridades indígenas invitaron a Presidencia y a las respectivas carteras a un diálogo, programado para el próximo 10 y 11 de diciembre, en el que esperan que se realice “la entrega protocolaria de los Acuerdos Interculturales y Decretos que formalizan las funciones y competencias de los Territorios Indígenas”.
De ese modo, las comunidades a lo largo de casi 9,5 millones de hectáreas en los departamentos de Amazonas y Vaupés tendrían oficialmente capacidades administrativas. Los mapas que se enseñan en los colegios a los niños, además, pasarían a incluir estos territorios indígenas: PANI, Bajo Río Caquetá, Río Tiquié, Mirití Paraná, Yaigojé Apaporis, Arica, Uitiboc-Asoiantam y Ríos Cotuhé y Putumayo - Cimtar.
“Con la formalización de las ETI se les daría la razón a los tradicionales y sabedores, quienes pensaron que este es el mejor camino y la mejor herramienta para materializar los derechos de los pueblos indígenas”, dice a este diario Antonio Matapí Yucuna, líder de uno de los territorios, el Mirití Paraná, que se ubica en el norte del departamento de Amazonas. “Estamos convencidos de hacer un buen trabajo en el ejercicio de gobierno propio, orientado por nuestro sistema de conocimientos”.
Matapí agrega que este hito daría un ejemplo no solo en Colombia, sino incluso en otros países, en cuánto al reconocimiento de la manera de gobernar de los pueblos indígenas. En ello concuerda Camilo Guio, director de la Fundación Gaia Amazonas, la cual ha acompañado esta ruta de formalización.
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Guio explica que, en total, son aproximadamente 25 territorios indígenas los que han avanzado en este en proceso o están interesados en oficializarse. De consolidarse, casi 17 millones de hectáreas de la Amazonia Oriental colombiana podrían, eventualmente, declararse ETIS. Otros de los territorios indígenas que se encuentran en este camino son Papunahua; Munhuyi del Cananarí y Alto Apaporis: Mayor del Pueblo Murui; La Chorrera; Bajo Río Guainía; Medio Río Guainía; Alto Río Guainía; Ríos Atabapo e Inírida; Río Pirá Paraná; La Victoria; Papurí; Kubeo del Cuduyarí, entre otros.
Lo que cambia con las ETI
Juan David Varela, líder del Laboratorio socio-jurídico de la Fundación Gaia Amazonas, afirma que oficializar las ETIS marcaría la historia del país. A ojos del abogado, sería un avance hacia la descentralización del poder público, pues ya no estaría concentrado en los distritos, municipios y departamentos.
Kenny Yukuna, también lideresa de la ETI Mirití Paraná, complementa que, “debido a que hay intermediarios, muchas veces los recursos no llegan como se piensa. El objetivo principal de los territorios que se están formalizando es descentralizar temas como la salud y la educación del Sistema General de Regalías; es decir, que podamos acceder por nosotros mismos a los recursos para que se puedan implementar en el territorio”.
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Otro aspecto importante, dice Varela, es que la cartografía oficial del país cambiaría y los jóvenes aprenderían que existen territorios y gobiernos indígenas autónomos que integran la estructura del Estado, en armonía con el reconocimiento constitucional de que somos un país plural y diverso. Para Fabio Valencia, representante legal del territorio indígena Pirá-Paraná del Vaupés y uno de los líderes de la minga indígena, la materialización de las ETIS completaría el mapa de Colombia.
Cabe resaltar que, como explicó a este diario hace unos meses Mateo Estrada, asesor de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), las ETI no asumirían todas las competencias de manera inmediata. Será un proceso gradual que contará con el acompañamiento de varias entidades del Estado para la formación en las capacidades técnicas necesarias. Varela agrega que la idea es que los indígenas ejerzan esta autonomía sin necesidad de que se vuelvan abogados, administradores públicos o contadores.
Para avanzar en los asuntos de salud, medio ambiente, educación, entre otros, cada uno de los Acuerdos Interculturales definió un rumbo específico, por lo que no hay un cronograma definido. Juan Carlos Preciado, experto en derechos de los pueblos indígenas que acompañó durante años este proceso desde Gaia Amazonas, apunta que “cada territorio precisó, en coherencia con las normas especiales que existen, la ruta para eso”.
Años de esfuerzos
Tanto a los pueblos indígenas como a las organizaciones que acompañan estos procesos, entre las cuales están la Fundación Gaia Amazonas, la Fundación Etnollano y la OPIAC, les ha tomado muchos años llegar a donde están hoy. Varela recuerda que la carta política del 91 dictó que la tarea estaba en manos del Congreso de la República, que debía aprobar este asunto a través de una Ley de Ordenamiento Territorial; pero el Congreso, afirma el abogado, “en vez de establecer ese marco normativo para las ETI, ha favorecido y facilitado la creación de municipios, sobre todo en la Amazonia colombiana”.
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No obstante, la Constitución dispuso de otro camino. A través del artículo 56 transitorio se facultó al Gobierno para expedir las normas relacionadas con el funcionamiento de las ETI. ¿La razón? “Se previó que, ante la falta de representación de los pueblos indígenas en el Congreso, iba a ser muy difícil que saliera una ley”, afirma Varela.
Una de esas normas, por ejemplo, es el Decreto 632 de 2018, el cual determinó que, así como en los municipios están las alcaldías, las ETI deben ser gobernadas por Consejos Indígenas. Una segunda fase contemplada en el decreto era presentar una solicitud de puesta en funcionamiento.
En medio de estos requerimientos hubo varias trabas institucionales, por las que las autoridades étnicas interpusieron tutelas. A través de la sentencia T-072 de 2021, la Corte Constitucional determinó que el Ministerio del Interior, encargado de hacer el registro de los Consejos Indígenas, estaba solicitando más requisitos de los que establecía la ley. Luego, por medio de la sentencia T-180 de 2024, el alto tribunal señaló demoras en los trámites, específicamente en la solicitud de puesta en funcionamiento, así como vulneraciones al debido proceso y un desconocimiento generalizado por parte de la cartera.
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Según Varela, ante la falta de acción institucional, las tutelas se han vuelto una herramienta común para la formalización de las ETI. Dice que las razones de estas omisiones tienen que ver “con los patrones históricos de discriminación que, aunque la Constitución se propuso superar, el país aún no lo ha hecho. Por eso hemos tenido que esperar tanto”.
Las autoridades indígenas han llevado a cabo varios diálogos interculturales con el Gobierno, en los que han participado entidades como el Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Además, el DANE tiene la labor de hacer proyecciones poblacionales y demográficas de los territorios, mientras que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha realizado visitas para definir las colindancias, la ubicación y la extensión de cada una de estas zonas, con el fin de hacer el ajuste en las cartografías.
“Para nosotros, que se formalicen las ETI implica una gran responsabilidad”, subraya la lideresa Yukuna. “Mediante este ejercicio de gobierno, los pueblos indígenas vamos a demostrar la autonomía y la libre determinación para administrar los territorios”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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Por Catalina Sanabria Devia
