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A finales de octubre, el gobierno de Abelardo de la Espriella revocó la resolución (la 0961) con la que se declaró el bioma amazónico del país como una reserva de los recursos naturales renovables y del ambiente con carácter definitivo. De acuerdo con la más reciente resolución, en el acto administrativo expedido por la administración Petro incurrió en la causal de revocatoria directa por cuanto fue expedido con carácter definitivo sin haberse agotado la consulta previa a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, la cual “había sido determinada por la autoridad competente y cuyo trámite permanecía inconcluso a la fecha de expedición”.
Esta decisión, tomada por el actual Ministerio de Ambiente, ha generado reacciones de diferentes sectores en el país. Una de las más recientes es la de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), que rechazó la medida a través de un comunicado emitido el 6 de noviembre.
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“El desmantelamiento administrativo de esta medida vulnera directamente la integridad ecológica, así como la pervivencia física, cultural y espiritual del bioma amazónico y de los pueblos indígenas que ancestralmente lo habitamos y custodiamos. Así mismo, amenaza la vida de un ecosistema estratégico indispensable para la regulación climática global, la conservación de la biodiversidad y el ciclo hídrico”, indicó la OPIAC.
Según la organización, que recuerda que la resolución garantizaba la protección de más de 48 millones de hectáreas frente a la entrada de nuevas actividades de minería a gran escala y de explotación de hidrocarburos, la decisión del Ministerio de Ambiente constituye una “medida abiertamente regresiva” que contradice la trayectoria reciente del país en materia de protección ambiental, reafirmada con compromisos vinculantes como los asumidos en la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y en la agenda de integración del Tratado de Cooperación Amazónica.
“Este grave retroceso institucional desconoce deliberadamente la evidencia científica y técnica que demuestra la incompatibilidad entre la expansión extractiva y la conservación del bioma. Más aún, fractura la interdependencia entre los ecosistemas amazónicos y andinos, de la cual depende directamente el abastecimiento hídrico, el equilibrio climático y la seguridad socioeconómica de toda la Nación”, sostiene la OPIAC.
Por su parte, en lo que constituye uno de los principales puntos del pronunciamiento, la organización señala que la Resolución 0961 de 2026 obedeció a un proceso de consulta previa debidamente surtido con los pueblos indígenas del bioma amazónico. Por esto denuncian que su derogatoria “transgrede un derecho fundamental y vulnera flagrantemente un proceso colectivo y participativo, cuyos acuerdos no son responsabilidad exclusiva del gobierno de turno, sino una obligación ineludible de toda la institucionalidad del Estado”.
Además, consideran que es un “exabrupto jurídico y ético” que se haya fundamentado la medida en la falta de culminación del proceso de consulta con las comunidades negras y afrodescendientes. “El Estado no puede instrumentalizar sus propias omisiones administrativas como pretexto para desconocer los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, agregan. A esto suman que, al expedir el acto derogatorio sin someterlo a una nueva consulta previa con los pueblos indígenas amazónicos, el Ministerio habría incurrido en una vulneración del debido proceso y del principio de buena fe.
En resumen, la OPIAC afirma que, si bien no se concluyeron los procesos de consulta con las comunidades negras y afrodescendientes, sí se surtió la consulta previa con las comunidades indígenas, en la que se protocolizaron acuerdos en torno a esta medida.
Entre las peticiones de la OPIAC está restaurar la medida de manera inmediata, acatar los acuerdos de la consulta previa de la Resolución 0961 de 2026, garantizar la aplicación del decreto que reconoce las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su articulación dentro del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y, finalmente, mantener la coherencia entre el discurso del gobierno en las cumbres globales de biodiversidad y cambio climático y sus decisiones administrativas sobre la Amazonia colombiana.
“Hacemos un llamado a los gobiernos aliados, organismos multilaterales, comunidad científica, academia y organizaciones defensoras de derechos humanos a articular un frente global de respaldo jurídico, técnico y político a la gobernanza ambiental de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana”, concluye la OPIAC.
¿Qué pasó con las consultas previas?
Como contamos en esta nota, días después de la declaratoria, el gobierno Petro aseguró que la consulta previa con las comunidades indígenas se realizó durante varias sesiones que incluyeron a las autoridades territoriales de los diez departamentos que se ubican total o parcialmente en la Amazonia. En cambio, frente a la consulta previa con las comunidades negras, el mismo ministerio reconoció en ese momento que, aunque se adelantaron acciones para el desarrollo de este mecanismo con los consejos comunitarios, el proceso permanecía inconcluso al momento de expedir la resolución. Por esta razón se adoptó una medida transitoria y sin efectos sobre sus territorios colectivos hasta que se desarrollara y culminara el proceso.
De acuerdo con la reciente resolución, la etapa de preconsulta con estas comunidades se celebró entre el 1 y el 2 de julio en el municipio de Villa Garzón, Putumayo. En esas reuniones no se logró concertar la ruta metodológica y las etapas de preconsulta y apertura no se surtieron, por lo que al 4 de agosto de 2026 el proceso consultivo con dichas comunidades no había culminado.
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“Dicha consulta, conforme al artículo 46 de la Ley 1437 de 2011, constituye un presupuesto legal de validez de la decisión administrativa cuando resulta constitucional y legalmente exigible, que no se cumplió al 4 de agosto, fecha de expedición de la resolución bajo examen. Y cuyo incumplimiento conlleva además la vulneración de los derechos de participación de esta comunidad, así como su derecho a la igualdad de trato y al debido proceso en la expedición del acto administrativo”, explicó el Minambiente en la reciente decisión.
Las críticas a la medida
Como explicamos cuando la resolución fue expedida, la medida implicaba que en los 483.283 kilómetros cuadrados de la región, que representan cerca del 42 % del territorio nacional, ya no se podrían otorgar autorizaciones ni concesiones mineras, no se celebrarían nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, ni se expedirían nuevas licencias o permisos para este tipo de actividades.
“La reserva tiene por objetivo esencial proteger el bioma amazónico frente a la ampliación de actividades extractivas, en consideración a la altísima importancia a nivel nacional y global que reviste este complejo ecosistémico, que es reconocido como la red fluvial más extensa del planeta, uno de los reservorios de biodiversidad más importantes del mundo, sumidero de carbono, proveedor esencial de la oferta hídrica del país, entre otros”, decía la resolución publicada en agosto.
Desde que se conoció la intención del gobierno de Gustavo Petro, varias voces del sector ambiental advirtieron las debilidades jurídicas de la medida. Un abogado en asuntos indígenas y ambientales que conoció de cerca el proceso y prefirió no ser citado aseguró que “el riesgo es que las empresas del sector minero energético la demanden y las cortes, en algún momento, decidan a su favor diciendo, por ejemplo, que el ministerio no tenía competencia para hacer esa declaratoria”.
La llegada de Abelardo de la Espriella también generó incertidumbre alrededor de la medida. Al ser una resolución, advirtieron expertos consultados por este diario, era fácil modificarla o derogarla. De hecho, como contamos en este artículo, un reciente informe elaborado por distintas organizaciones internacionales, que destacó la medida adoptada por el gobierno Petro, advertía que “con un nuevo gobierno favorable a la extracción en el poder, la durabilidad de esta resolución está en duda”.
“La minería ilegal, la deforestación, el acaparamiento de tierras y las economías criminales, que encontraron espacio para expandirse durante el gobierno anterior, no se combaten únicamente con resoluciones. Se requiere una verdadera presencia institucional, control territorial, recursos, seguridad y alternativas productivas sostenibles para las comunidades”, señaló el ministro Fabio Arjona tras firmar la revocatoria.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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Japz(39664)•12 de noviembre de 2026 – 13:53La política del gobierno De la Espriella será de puro extractivismo sin consideración de las comunidades, ni del medio ambiente. Sin embargo, tendrá que confrontar la resistencia de las personas que son conscientes del desarrollo sostenible y de los derechos primordiales de los habitantes ancestrales que se han aprovechado de la naturaleza sin destruirla.
