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El arco amazónico, integrado por los departamentos de Meta, Putumayo, Caquetá y Guaviare, es la puerta de entrada a la Amazonía colombiana. Allí, en los límites entre Meta y Caquetá, se encuentran tres Parques Nacionales Naturales: Sierra de La Macarena, Tinigua y Serranía de Chiribiquete. Los tres hacen parte de los sitios dedicados a la conservación más afectados por la deforestación, con una pérdida de 41.000 hectáreas entre 2017 y 2020, según cifras de Parques Nacionales Naturales Cómo Vamos. (Le puede interesar: En video: redescubren a uno de los mamíferos más extraños del mundo)
Además, hacen parte de una de las Zonas de Reserva Forestal creadas en 1959 por el Estado, dentro de las que se encuentran grandes terrenos baldíos de la nación y algunos predios titulados a privados para usos productivos o de conservación. Desde su llegada a la presidencia, Gustavo Petro anunció medidas para recuperar terrenos que hayan sido otorgados de manera fraudulenta o que estuvieran generando daños ambientales. “No voy a permitir que la avaricia de unos pocos ponga en riesgo nuestra biodiversidad. Vamos a enfrentar la deforestación descontrolada de nuestros bosques”, decía en su discurso de posesión.
Parte de su propuesta se formalizó en el artículo 61 de su Plan Nacional de Desarrollo, que empezó a regir en mayo de 2023, dejando a cargo de esta tarea a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El pasado 2 de noviembre, en el marco del “IV Foro internacional de buenas prácticas para el abordaje de la criminalidad ambiental”, esa entidad dio a conocer el inicio de una estrategia que existe desde 1991, pero que nunca se había usado: la extinción de dominio por incumplir funciones ambientales.
Se trata de un plan piloto que empezó en dos predios a finales de octubre, y al que se le sumarán otros dos durante noviembre, en los que se han evidenciado daños ambientales. “Lo que se ha hecho es identificar que en cuatro inmuebles ubicados en los departamentos de Meta y Caquetá se están presentando unos núcleos de deforestación sobre cerca de 7.000 hectáreas”, dice Ricardo Romero, subdirector de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la ANT. (También puede leer: “La biodiversidad es la estrategia principal de adaptación al cambio climático”)
Para llegar a esto, explica Diego Quintero, coordinador regional de Crimen Organizado para la región Andina y el Cono Sur de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se articularon con la ANT y la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), utilizando información pública sobre la tierra en Colombia. En total, revisaron 9.000 cédulas catastrales y realizaron “800 estudios de predios. En este informe se identificaron 19 con posible incumplimiento de la función ambiental”, explica Quintero. Las entidades del Estado fueron las encargadas de definir los casos con mayor probabilidad de éxito en un proceso de extinción de dominio con los que se inició el piloto.
Uno de los predios, llamado La Maporita, se encuentra en la vereda Caquetania, en San Vicente del Caguán, Caquetá. En las 2.866 hectáreas que tiene el predio, investigadores del programa Territorios Forestales Sostenibles (TEFOS) de la ONUDD identificaron degradación de bosques, puntos de calor y otros usos inadecuados de la tierra. Algo similar encontraron en otro terreno, el Hato Piedad, que se encuentra en La Macarena, Meta, y tiene más de 1.342 hectáreas.
Desde que se emitió la Ley 2 de 1959, se crearon Zonas de Reserva Forestal en las que es prohibido realizar actividades agrícolas o ganaderas. Dentro de estas se encuentran, en su mayoría, predios baldíos del Estado. Sin embargo, también hay tierras otorgadas a privados que lograron demostrar que ya las habían habitado durante varios años. (Le recomendamos: Nevado del Ruiz: SGC reportó aumento de actividad volcánica, se mantiene alerta amarilla)
La Maporita fue titulada por primera vez a un privado en 1981 por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), liquidado en 2003, y desde entonces ha cambiado dos veces de propietarios en 1988 y en 2018. Según los registros del informe jurídico que entregó la ONUDD para el piloto, el predio no solo está en una Zona de Reserva Forestal, sino que se encuentra en un núcleo de deforestación y su área se solapa con los territorios de varias comunidades indígenas.
En el siguiente mapa se observa (en morado) que en 2.840 de las 2866 hectáreas del predio se ha talado bosque para establecer prados. En un concepto del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) para el informe, la praderización se define como “la presión ejercida por el incremento de la superficie de la tierra cubierta con pastos como resultado de la acción antrópica con fines ganaderos o de valorización de la tierra”. En 2022, esta práctica fue uno de los principales motores de la deforestación a nivel nacional, según informó el Ministerio de Ambiente.
Además, se evidencian 156 puntos de calor (en amarillo) y cicatrices de quema (franjas rojas) como producto de quemas de bosque. Los primeros registros son de 2001 y los más recientes de 2022, lo que indicaría que el mal uso de la tierra se ha dado por parte de los tres propietarios que ha tenido el predio desde su titulación. (Le puede interesar: En cuatro décadas, Colombia perdió en bosques un área tan grande como 27 veces Bogotá)
En el caso del Hato Piedad, el predio se está dentro de la frontera agrícola, por lo que, en teoría, podría dedicarse a la producción. Sin embargo, las entidades lograron establecer que también se encuentra en un área de especial protección de La Macarena, denominada Ariari-Guayabero, por estar dentro del arco de deforestación amazónico. Esto quiere decir que no puede usarse para la producción extensiva, pero sí para actividades de bajo impacto, como los cultivos de pancoger.
Sin embargo, en el análisis de las imágenes satelitales se encontraron indicios de actividades no permitidas en la zona: 160 puntos de calor y varias cicatrices de quema entre 2002 y 2022, la mayoría registrados en los últimos años. La deforestación registrada para 2020 fue de 1.309 de las 1342 hectáreas de área total, posiblemente para su uso en ganadería.
Con esto, la ANT emitió las resoluciones el 24 y 25 de octubre para iniciar un proceso de extinción de dominio por incumplimiento de función ecológica en los predios Hato Piedad y La Maporita, respectivamente. Lo que viene, explica Romero, será presentar las pruebas que integran el informe técnico y permitir que sus propietarios expliquen el motivo de estas actividades. Esto, reconoce, puede demorarse varios años. (También puede leer: Según cifras preliminares, este año la deforestación en Colombia disminuyó 70% frente a 2022)
El funcionario además dice que, en caso de que se decida hacer la extinción de dominio, “con el consenso con otras entidades como Parques Nacionales o las Corporaciones Autónomas”, se decidirá si los predios se disponen a ejercicios de restauración ambiental o para dotación de tierras a campesinos.
¿Por qué no se había hecho antes?
El mecanismo de extinción de dominio en Colombia se creó en la Constitución Política de 1991, pero nunca se había usado con el fin de recuperar tierras en las que se incumplan las funciones ambientales de los propietarios. Para Quintero y Romero, hay varias razones por las que hasta ahora se están dando los primeros casos.
Una de ellas, como lo indica Quintero, es que acceder a la documentación para revisar cada predio es muy complicado porque no hay una articulación entre entidades. Algunos mapas y documentos los tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, otros el Instituto de Meteorología, Hidrología y Estudios Ambientales (Ideam), la ANT, el Ministerio de Ambiente o la SNR.
Durante los tres años en los que se ha estado ejecutando el proyecto TEFOS, la ONUDD ha intentado articular a esas entidades para que sea más fácil acceder a la información. “Lo que estamos haciendo es precisamente traer la capacidad y ponerla en la entidad. La entidad aprende, apropia y se queda con la capacidad fortalecida”, explica Quintero. Los dos años que le quedan de ejecución estarán enfocados en que la ANT pueda generar los informes de manera independiente.
“Queremos poder disponer recursos, de personal, equipos y capacidad técnica de manera concentrada y dedicada a esto que permita que procesos que se tardaban 5 o 10 años en tomar una decisión de fondo, puedan salir en un tiempo muy acotado. Cumpliendo las ritualidades procesales, pero que sean decisiones que se emitan lo más pronto posible”, apunta Romero, quien espera que para 2024 ya exista una decisión sobre estos primeros casos. Además, el mecanismo se empezará a utilizar en otros predios en los que pueda estar ocurriendo lo mismo.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
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