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La revocatoria de la Amazonia como una reserva definitiva ha desatado un intenso debate en el sector ambiental, empezando por el rifirrafe que protagonizaron en redes sociales el jefe de la cartera de Ambiente, Fabio Arjona, y la exministra Irene Vélez. “Cuando deberíamos estar aprendiendo a ser una humanidad más resiliente, a esta gente se le ocurre acabar con nuestro más importante patrimonio ambiental”, trinó la exfuncionaria.
La discusión, en realidad, está llena de matices. El origen del meollo se remonta a hace casi un año, cuando durante la cumbre de cambio climático (COP30), en Brasil, Vélez sorprendió asegurando que Colombia era el primer país de la región en declarar su Amazonia libre de actividades de gran minería e hidrocarburos. Aunque el anuncio fue aplaudido y replicado rápidamente, lo cierto es que eso todavía no había ocurrido. Si bien el Ministerio de Ambiente publicó un borrador del proyecto, la resolución no se expidió. Además, de acuerdo con el Ministerio del Interior, primero era necesario hacer una consulta previa con las comunidades locales.
Como contamos en este diario, ese proceso de consulta inició a poco más de un mes de que se posesionara el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. A contrarreloj, el Minambiente logró los diálogos con las autoridades territoriales de los pueblos indígenas y emitió la Resolución 961 del 4 de agosto de 2026, unos días antes de que terminara la administración de Gustavo Petro. Así se determinó que en los 483.283 kilómetros cuadrados del bioma amazónico colombiano, que representan cerca del 42 % del territorio nacional, ya no se podrían otorgar autorizaciones ni concesiones mineras, no se celebrarían nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, ni se expedirían nuevas licencias o permisos para este tipo de actividades.
En ese momento, no obstante, el ministerio aclaró una cosa: a pesar de que adelantó acciones para la consulta previa con los Consejos Comunitarios de comunidades negras, ese proceso, en particular, permanecía inconcluso. Entonces, la entidad decidió adoptar una medida transitoria, “sin efectos sobre sus territorios colectivos, hasta tanto se desarrolle y culmine el proceso de consulta previa”.
Ese fue el punto de quiebre y el principal argumento con el que el actual Minambiente echó para atrás la medida. “Irene, sacar resoluciones para decir qué hicieron no resuelve los problemas de ningún territorio; menos cuando estas resoluciones tienen un vicio procedimental”, le respondió Arjona a la exministra.
“El pecado original”
En El Espectador habíamos anticipado que surtir el proceso consultivo en tan poco tiempo podría generar cuestionamientos tanto sobre la participación de las comunidades, como sobre el análisis de las opiniones de la ciudadanía. Para Juan Pablo Sarmiento, abogado, profesor y director de la especialización en Derecho Ambiental, Cambio Climático y Sostenibilidad de la Universidad de la Sabana, “el gobierno entrante, con una posición claramente opuesta, iba a aprovechar esas esas debilidades; lo está haciendo”.
La cartera de Fabio Arjona también ha revocado un par de resoluciones en torno a Santurbán. Además de anular la 0992 de 2026, con la que se adelantaba parcialmente la delimitación de ese complejo de páramos, también lo hizo con una que declaraba una zona de reserva temporal en Santurbán y otra que determinaba una reserva definitiva en el sector de La Baja, un punto clave para el abastecimiento de agua de esa región. Ambas decisiones habían sido adoptadas a último minuto por el Gobierno Petro, poco antes del 7 de agosto.
Expedir esas normativas de “manera afanada”, afirma Sarmiento, abrió la puerta para que la nueva administración desestimara las medidas. “Ese fue el pecado de esos últimos actos administrativos”, apunta. Además, a ojos del abogado, no fue pertinente haber continuado en particular con la expedición de la Resolución 961 (frente a la Amazonia), a pesar de que la cartera no logró las mesas de concertación con representantes afrodescendientes. “Parece que las comunidades negras no quisieron participar y eso sí puede ser problemático”.
El Ministerio, liderado por Arjona, le explicó a El Espectador que la falta de consulta previa con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras afectaba la validez de toda la decisión y no solo de un artículo, en este caso el 13, que fue el transitorio. La entidad se basó en el artículo 46 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el cual establece que, en los casos en los que la Constitución o la ley exigen una consulta previa, esta se debe realizar antes de adoptar la decisión administrativa y dentro de los plazos definidos.
“Si se incumple esta obligación, la decisión puede ser declarada nula, conforme a lo expresado por esa norma. Revocar el acto administrativo no era una opción, era un deber legal al haberse incumplido lo establecido en la ley”, dijo a este diario el Minambiente. La consulta, agregó, “debió agotarse previamente a la decisión, su realización posterior no sanea el vicio jurídico en que, por el afán, se incurrió”.
Sarmiento detalla que el impacto jurídico y político que tiene revocar directamente un acto administrativo es grande. A diferencia de una derogatoria, en estos casos se realiza una exposición de motivos mucho más amplia, tratando de subrayar los errores, la ilegalidad o inconstitucionalidad en la que se pudo haber incurrido.
Intereses de fondo
Paulo Ilich Bacca, abogado, investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Javeriana, no está convencido de que se pueda señalar que el ministerio de Irene Vélez cayó en un vicio procedimental. Es subsanable, dice, pues “la ministra Vélez dejó claro ese punto con los pueblos afrodescendientes, entonces no creo que se pueda decir que hubo un vicio de procedimiento. Es algo que se tuvo en cuenta, no algo que se obvió”.
Sarmiento lo ve de manera similar. En su opinión, aunque sí hubo un problema de trámite, la resolución, de cierto modo, lo lograba remediar porque establecía que la reserva no tenía efectos sobre los territorios de las comunidades negras.
Bacca subraya, además, que la puerta jurídica quedó abierta para seguir con la apuesta del gobierno de Gustavo Petro. Esa fue, de hecho, una de las primeras impresiones que tuvo la exministra Vélez en X (antes Twitter): “Si les hubiera interesado la conservación de la Amazonia, habrían seguido la ruta de participación que quedó trazada en la resolución y en los documentos técnicos”.
Diego Andrés Jaramillo, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) de la Universidad de los Andes, menciona que el Ministerio de Ambiente pudo adoptar una ruta distinta a la revocatoria de la resolución. El abogado explica que ha habido casos en los que la Corte Constitucional ha reconocido la posibilidad de llevar a cabo el proceso de consulta después de que el proyecto, la obra o la actividad haya entrado en vigencia, sin necesidad de darle fin.
Un ejemplo, dice Jaramillo, es lo ocurrido con la empresa Cerro Matoso en Córdoba, donde el alto tribunal ordenó la realización de la consulta previa, aunque no suspendió las actividades ni dejó sin efectos un otrosí al contrato de concesión minera sobre el cual la empresa era titular. Entonces, en la Amazonia, afirma Jaramillo, el Minambiente pudo hacer consultas previas posteriores sin tener que suspender la resolución, "más aún si se tiene en cuenta que existía una ruta de participación trazada". Esa fue, precisamente, la petición que hicieron al gobierno diez organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional.
Hay un punto adicional que ha generado dudas en el sector respecto a la revocatoria por parte del ministerio: los intereses del gobierno sobre la minería y los hidrocarburos, algo en lo que ha hecho énfasis De la Espriella desde que estaba en campaña presidencial. De hecho, la exministra Vélez cree que la administración actual busca aprovechar puntualmente las tierras raras.
También cabe precisar que la reciente decisión del Minambiente se produjo como “resultado de una solicitud de una organización de ciudadanos, alegando la ocurrencia de una de las causales de revocatoria directa de los actos administrativos, a saber, su manifiesta contradicción con la ley y la Constitución”, según comentó a este diario. Lo que llama la atención de Sarmiento, en particular, es que la solicitud la hizo la Asociación de Profesionales del sector Minero Colombiano (APMC).
Para Jaramillo es evidente que si el gobierno aspira a expandir la explotación minera, necesita echar para atrás la medida de reserva en la Amazonia. "Esta figura de protección ambiental restringía la posibilidad de otorgar nuevos contratos de concesión minera en un importante porcentaje del territorio nacional, por lo que terminaba convirtiéndose en una piedra en el zapato para esta nueva apuesta gubernamental por el extractivismo", apunta el docente.
La cartera de Fabio Arjona respondió que su decisión no es sinónimo de otorgar permiso para hacer minería. El Minambiente subrayó que la Amazonia tiene 8.886.114 hectáreas de Parques Nacionales Naturales, sumadas a otras 1.973.193 hectáreas de reservas naturales, en las cuales la minería está totalmente prohibida. También anotó que 20.750.141 hectáreas son reserva forestal de la Ley 2 de 1959 y que allí no se puede ejercer minería de manera libre ni automática. "Estas protecciones siguen vigentes y la revocatoria no las elimina. Tampoco se elimina la obligación de obtener licencia ambiental para adelantar extracción de minerales, el titulo minero no basta para ello", puntualizó la entidad en respuesta a El Espectador.
Sin embargo, Sarmiento detalla que, si bien la Amazonia tiene otras figuras de protección, son genéricas, mientras que la Resolución 961 contemplaba restricciones explícitas en torno a la minería y la explotación de hidrocarburos. “Era un blindaje adicional”, expresa el profesor de la Universidad de la Sabana. “La revocatoria dice que no hay regresividad porque existen otros instrumentos que protegen la Amazonia. Pero yo creo que sí la hay. Los instrumentos no son específicos para ese tipo de prohibiciones. Además, en temas ambientales, estas figuras no son redundantes, sino que se refuerzan entre ellas”.
A ojos del abogado, una cosa es clara: ninguna de las dos medidas, ni la expedición exprés del Minambiente de Petro, ni la revocatoria en el gobierno de De la Espriella, fueron “soluciones limpias”.
Consulta previa, bajo la lupa
A Sarmiento, el hecho de que la Asociación de Profesionales del sector Minero Colombiano (APMC) haya solicitado la revocatoria de la Amazonia como reserva, defendiendo la consulta previa, le genera inquietud. “En este caso, se termina instrumentalizando a las comunidades afrodescendientes, utilizando su derecho en contra de la protección del medio ambiente. Entre la asociación de mineros, quizás hay intereses de afrodescendientes que hacen minería artesanal, pero eso estaba resuelto en la Resolución 961. La prohibición no aplicaba para la minería artesanal, sino para la extensiva, la de alto impacto”, asegura.
Se trata de una preocupación que ha despertado en otros abogados del sector, como Juan David Varela, líder del Laboratorio socio-jurídico de la Fundación Gaia Amazonas, quien también cree que se está instrumentalizando el derecho a la consulta previa. Subraya, por un lado, que el Minambiente esté “modificando los procesos de licenciamiento ambiental para que no tenga que hacerse la consulta de manera previa, pero por el otro lado, se esté escudando en la consulta para tumbar la resolución”.
A ojos de Jaramillo, eso es una contradicción. Mientras que el ministerio, afirma, “relaja” el estándar de protección de la consulta previa frente a proyectos de minería e hidrocarburos, tuvo una vara de protección muy alta y estricta para justificar la revocatoria. “Esto resulta paradójico si se tiene en cuenta que, por lo general, la afectación de los proyectos extractivos sobre los derechos de las comunidades étnicas es mucho más directa e intensa que los que generaría la reserva del bioma amazónico”.
Frente a estos cuestionamientos, la cartera de Fabio Arjona se defiende, asegurando que este caso no tiene qué ver la idea de modificar el proceso. “Lo que buscamos desde el gobierno es que los trámites ambientales se den al tiempo que las consultas, esto no quiere decir que no se les vaya a tener en cuenta para la toma de decisiones en sus propios territorios (…) la resolución que declaró el bioma amazónico como reserva sí desconoció que tal decisión debía estar precedida del agotamiento del proceso de consulta, vulnerando con ello un derecho fundamental, eso es lo que en realidad debería indignarnos”, señaló la entidad.
Para el ministerio, la resolución que declaraba la reserva no garantizaba, por sí misma, una protección adicional efectiva para la Amazonia. En conversación con El Espectador, varios investigadores ya habían planteado que en la región persisten problemas más grandes, como la ganadería extensiva, la infraestructura de vías no planificada o la praderización de áreas protegidas. Hay quienes consideran que muchos de estos asuntos siguen desatendifos, y deberían ser prioridad. “Con respecto a la minería ilegal no hay papel o resolución que valga. Sigue siendo un problema central en la región que habrá que atender”, apunta Varela.
El Minambiente concuerda en que se requieren acciones, empezando por el control de las economías ilícitas. La cartera señaló que está próxima a dar a conocer nuevas medidas, así como el plan integral de contención de la deforestación y otros crímenes ambientales que, según dijo a este diario, ya está trazado. Además, resaltó las zonificaciones ambientales participativas en las que ha avanzado en Caquetá, así como las que están en proceso en Guaviare y Meta, para la conservación de la región por parte de las comunidades.
“También se movilizarán COP 12.500 millones en créditos verdes, a través de la alianza entre REM Visión Amazonía y el Banco Agrario, para financiar actividades productivas sostenibles en la región e impulsando ocho líneas productivas estratégicas”, añadió.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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