Desde el jueves 13 y hasta el miércoles 19 de noviembre, decenas de hombres de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía colombiana, así como de la Policía brasileña, adelantaron la operación Amazonas Libre II para combatir la minería ilegal sobre el río Puré, al interior del Parque Nacional Natural que lleva el mismo nombre y que se ubica en la frontera con Brasil.
Los resultados de esta operación, la primera que coordinan ambos países en el marco del Centro Internacional de Cooperación Policial de la Amazonia (CCPI Amazonía), dejaron 14 “superdragones” inhabilitados. Cada estructura de estas puede costar entre 4 y 5 millones de dólares (hasta COP 20.000 millones), y extraer 6 kilos de oro al mes, lo que puede generar una rentabilidad mensual de USD 9.3 millones, más de COP 34.000 millones, según indicó el Ministerio de Ambiente desde Belém, Brasil, donde se adelanta la COP30 de cambio climático.
Aunque los reportes de minería ilegal en esta región vienen desde hace décadas, distintas organizaciones han advertido que desde el inicio de la pandemia esta actividad se incrementó en más de un 1.000 %. Además de los impactos ambientales, por el uso de mercurio, la extracción ilegal de oro en Puré preocupa a las autoridades, pues ocurre a escasos kilómetros de los territorios que habitan dos pueblos indígenas en aislamiento voluntario: los Yurí-Passé.
Los detalles de la operación
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la operación entre ambas Policías se empezó a planear hace dos meses. Del lado colombiano, el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (CONALDEF), presidido por la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, coordinó las mesas con la Fiscalía, la Dirección de Carabineros y la Cancillería.
La operación inició el jueves 13 de noviembre del lado brasileño, donde se construyen y comienzan operaciones las dragas, y se fueron persiguiendo las maquinarias a través del río Puruí, como se conoce en ese país. El lunes 17 de noviembre se integró la Policía colombiana. La idea, contaron desde la cartera, era acorralar a los mineros ilegales y poder inhabilitar los dragones.
Además de ser la primera operación coordinada desde el CCPI Amazonía, inaugurado en septiembre de este año con la presencia de los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Siva, el Minambiente calificó de “hito” la participación que tuvo la Cancillería colombiana. La articulación con esta entidad fue clave, explican, para permitir el paso de aeronaves entre los países sin tanta burocracia, lo que aceleró la respuesta de los hombres en campo.
La cartera también destacó que en esta oportunidad se hayan articulado los dos cuerpos policiales, pues, a diferencia de operativos anteriores, la idea en este caso también fue recolectar información de inteligencia que permitan llegar a quienes financian la actividad ilegal, así como el camino que recorren los dragones desde Brasil hasta Colombia.
Aunque en la operación no hubo personas capturadas, las autoridades colombianas tienen conocimiento de que estas actividades son lideradas por el Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil y la más poderosa en la Amazonia, así como el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC) y de los Comandos de la Frontera, del lado colombiano.
Como lo han registrado informes de distintas organizaciones, la Amazonia se ha convertido en un núcleo de la criminalidad, donde confluyen distintos actores armados e ilegales que desarrollan distintas actividades como la siembra de hoja de coca y el procesamiento de cocaína, la deforestación, la pesca en áreas protegidas y, por su puesto, la minería ilegal.
Como hemos contado en varias notas, las alertas por el aumento de la minería ilegal en el río Puré empezaron hace un par de años. En 2022, por ejemplo, según monitoreos de la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro, integrada por varias organizaciones de la sociedad civil, se identificaron 357 balsas y dragones. Esto es un 1.000 % más con respecto a 2020, cuando se registraron 25.
El incremento de esta actividad ilegal aumenta las amenazas sobre los pueblos en aislamiento de los Yurí-Passé. De acuerdo con la Alianza, mientras en 2020 los dragones estaban a 100 km en línea recta de estos pueblos, para 2022 la distancia era de tan solo 10 km.
Organizaciones como Amazon Conservation Team (ACT) aseguran que la presencia de estas balsas reduce la oferta de animales para los indígenas por el ruido de los motores, y la contaminación representa un veneno silencioso en los peces que consumen.
Mientras en el seno del CCPI Amazonía, que tiene sede en Manaos (Brasil) se siguen planeando operativos entre las policías de Brasil y Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la cartera es consciente que debe avanzar en las labores de inteligencia para atacar las estructuras que financian estas operaciones ilegales, una petición que han elevado las comunidades y los expertos en la región.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜
