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Durante la sesión extraordinaria del Senado y justo horas después de que se le diera luz verde al proyecto de reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, también se aprobó otro de los proyectos de ley prioritarios que más presión estaba recibiendo para que saliera a luz: el que busca resolver cómo gestionar, sosteniblemente, los páramos de Colombia.
La iniciativa, que se venía trabajando desde el 2016, busca conservar los ecosistemas de páramo y alta montaña desde varios frentes. Por ejemplo, vuelve a poner en firme la prohibición de la minería, la extracción de hidrocarburos y la agricultura a gran escala en páramo, así como que se siga avanzando en la definición y delimitación de estos ecosistemas. Aspectos sobre los cuales ya se había pronunciado la Corte Constitucional y que eran parte de los planes nacionales de desarrollo de los ambos periodos del gobierno Santos. (Lea también: Agricultura, la otra pata coja de los páramos)
Por esto, de alguna manera, el grueso del proyecto de ley consiste en determinar acciones que les permitan a las comunidades paramunas encontrar formas de hacer una reconversión económica a actividades sostenibles, así como garantizar las fuentes de financiación para lograrlo. Los Pagos por Servicios Ambientales, las líneas especiales de crédito y la asistencia técnica y acompañamiento del sector de agrícola fueron algunas de las propuestas presentadas por el Ministerio de Ambiente cuando el documento fue presentado.
“Este proyecto es una buena noticia porque reitera ciertas prohibiciones, pero también establece planes de manejo y garantiza que haya recursos para hacerlo. Además, se da un periodo de transición para que las personas que realizan actividades no permitidas en estos ecosistemas encuentren otras alternativas sostenibles. No es que sea inmediato”, explicó Mauricio Cabrera de WWF a El Espectador. El experto también aclara que todo este proceso se haría de la mano de los ministerios de Agricultura y de Minas, lo que garantiza mejores resultados.
En cuanto al proceso de delimitación de los 37 complejos de páramos de Colombia, el cual ya se ha adelantado hasta en un 70% con insumos del Instituto Humboldt, el documento los mantiene en firme. (Lea: Así se delimitan los páramos de Colombia)
“Los autores de esta ley reconocemos el hecho histórico de que, en consenso, todos los partidos hayan respaldado la ley de páramos para su aprobación.
Senado y Cámara han apoyado unánimemente esta iniciativa parlamentaria de la Ley de Páramos. Con la aprobación de esta nueva ley se delimitan loscomplejos de páramos existentes en el país, garantizan la preservación y conservación nuestra mayor riqueza hídrica como lo son los páramos, que proporcionan el 70% del agua de gran calidad que consumimos”, publicó en su Facebook el Congresista Crisanto Pisso.
Durante la semana pasada varias organizaciones ambientales empezaron a mover el #SomosPáramo pidiéndole al Senado de la Republica que no se olvidara de discutir este proyecto de ley que, como el de la JEP, había quedado en el paquete de proyectos prioritarios. (Lea acá: Piden agilizar discusión sobre ley de páramos)
Sin embargo, representantes de comunidades paramunas y mineras también habían demostrado su preocupación ante el proyecto deley. En días pasados Ivonne Gonzalez, vocera de la Asociación de Municipios del Páramos de Santurbán (Asomusanturbán), que reúne a los alcaldes de la provincia de Soto Norte de Santander (Charta, Tona, Suratá, Vetas, California y Matanza), le contó a El Espectador que ellos estaban buscando que la aprobación del proyecto de ley parara.
“Queremos que se sienten la Corte, el Gobierno, los senadores y la comunidad para llegar a un acuerdo. Que visiten los pueblos de Santurbán que han sido mineros por tradición, porque las leyes no se pueden hacer desde un escritorio”, explicó. Según los cálculos de esta organización, la “ley afectaría las actividades de por lo menos 60 % de la población del país”. Sobre todo, los municipios que por tradición han sido mineros y cuya población saca sus ingresos económicos de esta actividad.
Ante esto, Cabrera recordó que no se trata de un tema de desplazamiento o reubicación inmediata, sino que la ley propone periodos de transición para que estas comunidades puedan reconvertir sus actividades económicas. En otras palabras, que reciban toda la asesoría técnica y los beneficios financieros para que se garantice su permanencia en el páramo. “El páramo es con gente. No es que los echen. Si eres paramuno te quedas y con el apoyo del Gobierno para desarrollar una actividad económica sostenible, acorde y permitida”.
“Se propone además que los predios que se encuentran al interior de los páramos tengan incorporado el valor de las áreas conservadas y de los servicios ecosistémicos como parte de su avalúo catastral, con una metodología de valoración realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la cartera ambiental”, también comentó Luis Gilberto Murrillo, ministro de Ambiente, en mayo de este año, cuando el proyecto de ley se aprobó en segundo debate.