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Durante los últimos cinco años, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, en colaboración con la fundación Mar Viva, ha trabajado en la elaboración de un libro que da cuenta de la realidad que vive el país en materia de pesca ilegal.
Los resultados dejan ver que el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, junto con el Parque Gorgona, ubicados en el Pacífico colombiano, son las áreas protegidas de Colombia más amenazadas por la actividad pesquera ilegal, con 152 y 83 eventos respectivamente, registrados desde 2011.
“El Estado, a través de las entidades competentes, ya sea en materia pesquera, ambiental o militar, debe prestar especial atención a las problemáticas” que allí se registran, advirtió el ente. También hizo un llamado a las corporaciones autónomas regionales (CAR) y a la Autoridad Nacional Pesquera (Aunap) para que tomen medidas de control y vigilancia más coordinadas y robustas, pues muestran ser “desordenadas y poco articuladas”.
A Parques Nacionales Naturales (PNN) esas cifras no le cuadran por ningún lado. Sus registros indican que durante los últimos seis años ha habido 141 eventos de pesca ilegal en Gorgona, mientras que en Malpelo han sido 28. Sin embargo reconoce la dificultad para hacer un monitoreo constante en el mar, dado que el personal es muy reducido para áreas tan extensas y no cuentan con embarcaciones propias.
“Como ocurre con todas las instituciones estatales, el tema financiero es una limitante para el cumplimiento de nuestras metas. El recurso no alcanza para cubrir las necesidades de control y vigilancia. Se necesita más gente”, explica Paola Rojas, directora del Santuario de Flora y Fauna Malpelo, el cual sólo cuenta con nueve funcionarios para atender 857.500 hectáreas.
Por eso, Rojas está trabajando en un proyecto, de la mano de la ONG Biodiversity Conservation Colombia, para que desde marzo de 2017 puedan contar con un catamarán propio que les permita hacer un monitoreo permanente en la zona, a donde suelen llegar embarcaciones extranjeras de Costa Rica y Ecuador, en mayor medida. Por ahora dependen exclusivamente de las operaciones de control marítimo de la Armada Nacional, cuya prioridad es el narcotráfico.
Diferente es la situación de Gorgona, donde la pesca artesanal es la protagonista. Allí, Parques Nacionales trabaja junto con la Policía Nacional para monitorear los tipos de arte que usan los pescadores en su actividad, las zonas donde lo están haciendo y las cantidades de peces que están sacando del mar.
Según la directora del PNN Gorgona, María Ximena Zorilla, la relación con los pescadores ha sido de mucho entendimiento y respeto, por lo que se ha llegado a acuerdos para que durante sus faenas puedan descansar dentro del área protegida, pero no pescar en ella.
“Entendemos que ellos ya pescaban aquí, incluso antes de ser constituido el parque, y que muchas veces se ven obligados a trabajar en las áreas protegidas porque su recurso se está reduciendo drásticamente en otros lugares. Pero ellos también comprenden que precisamente por eso es muy importante proteger los ecosistemas de Gorgona, porque ahí están los recursos que necesitan”, cuenta Zorilla.
Lo que preocupa a la funcionaria es la reducida inversión y atención que el Estado le está prestando al sector pesquero, “lleno de normas y restricciones, pero pocas alternativas para la población”, dice.
Precisamente ese fue el inconformismo que se sintió en Buenaventura durante la socialización del informe La pesca ilegal marina en Colombia, donde la Procuraduría mencionó la importancia de trabajar fuertemente para reducir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en el país, que básicamente se presenta cuando se hace sin los permisos correspondientes, en áreas prohibidas, con artes de pesca no permitidas, fuera de temporada o no se declaran o se da información falsa sobre los volúmenes y especies capturadas, entre otras cosas.
“Primero habría que ver qué es ilegal y a los ojos de quién”, dijo Henry López, líder de los pescadores artesanales en la ciudad, durante la reunión. “Para ustedes es muy fácil venir aquí a criminalizarnos y hacer leyes desde Bogotá, cuando ni siquiera conocen nuestra realidad. Son expertos poniéndonos una cantidad de normas y trabas, pero nunca dándonos las herramientas necesarias para que la gente salga de la informalidad o ‘ilegalidad’, como ustedes le dicen”.
Según López, es injusto que a ellos se los quiera judicializar cuando los “funcionarios públicos andan libres y siendo permisivos con temas de minería ilegal, tala y dragados que bastante daño le hacen al ambiente”.
Lo cierto es que la Procuraduría también reconoce la debilidad institucional de las CAR y la Aunap, y considera que los requisitos que necesitan los pescadores para trabajar son muy “costosos, confusos, dispendiosos y demorados de tramitar”, además de que existe un vacío jurídico en cuanto a las tallas mínimas de algunas especies.