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Para lograr la ampliación del Parque Nacional Chiribiquete, entre Guaviare y Caquetá, la cual se hizo realidad en 2013, el Ministerio de Ambiente y los funcionarios de Parques Nacionales trabajaron durante tres años para reunir información y convencer al país sobre la necesidad de tomar esta decisión de preservación. Pero hubo un trámite que retrasó esperado anuncio que ampliaría en 1’300.000 hectáreas el parque amazónico y lo convertiría en una reserva monumental de casi tres millones de hectáreas: un año tuvo que esperar el Minambiente un concepto —no vinculante— del Ministerio de Minas sobre esta declaratoria.
En principio, la autoridad minera determinó que la nueva área protegida traslapaba un millón de hectáreas de reserva de hidrocarburos que eran de gran interés nacional. Por suerte, al final los bloques petroleros fueron recortados y el país anunció una de las decisiones de conservación más importantes que ha tomado en los últimos años.
De la protección de Chiribiquete, dijo en su momento Parques Nacionales, dependería la salud de toda la Amazonia. “Serán esos bosques los que les entregarán a las futuras generaciones el suficiente oxígeno para respirar”, coincidieron los expertos.
Pero la discusión sobre cuánto debe intervenir la autoridad minera en las decisiones de conservación sigue sin resolverse y ahora un proyecto del mismo Ministerio de Ambiente, que a los ojos de expertos en política ambiental es bastante polémico, promete avivar el debate debido al protagonismo que cobraría la autoridad minera en los procesos de declaración.
Hace un par de semanas, en respuesta al decreto 2372 de 2010, el Minambiente, aún presidido por Luz Helena Sarmiento, les envió a algunas entidades gubernamentales una propuesta sobre el protocolo para definir las nuevas áreas protegidas en Colombia y la manera como se debería proceder en la ampliación de las que ya están creadas.
El documento (titulado Ruta declaratoria de nuevas áreas y ampliación de áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas), conocido por El Espectador, establece que a la hora de iniciar un proceso para constituir un nuevo parque nacional natural, no sólo se tendrá que hacer una caracterización de toda su composición cultural y biológica, también se tendrán que tener en cuenta los intereses en desarrollar proyectos minero-energéticos en las zonas.
De esta manera, luego de describir los servicios ecosistémicos y las riqueza culturales que justificarían una declaratoria, los técnicos del Ministerio de Ambiente tendrían que sumar al protocolo una descripción de los “polígonos de las áreas de interés minero estratégico y los proyectos potenciales para desarrollos hidroeléctricos, microcentrales, desarrollos viales proyectados y distritos de riego”.
Más adelante, a la hora de sustentar la declaratoria, el Minambiente pediría que se elabore un documento en el que se “resalten los actores sociales e institucionales que han participado en la iniciativa y, en caso de que exista el deber de colaboración, se demuestre la participación de la autoridad minera”.
Para el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez, profesor de la Universidad de los Andes y consultor internacional en política ambiental, es cuestionable que el Minambiente se preocupe tanto por incluir a la autoridad minera en este proceso y diga de una “manera ambigua” que debe ser tenido en cuenta. “¿Qué significa esto? ¿Que dónde haya bloques petroleros y títulos mineros no habrá nuevos parques? Las ambigüedades sólo traen problemas y confusiones. Esto es como decir que cada vez que entreguen un título minero se le debería pedir a la autoridad ambiental un concepto frente al daño ecológico que podría ocasionar la futura explotación de recursos naturales sobre ese territorio”.
Respecto al mismo punto, el abogado Carlos Lozano Acosta, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), recuerda que “los títulos mineros no dan derechos adquiridos para explotar así que habrá que ver si el Ministerio los quiere tener en cuenta para revocarlos o para mantenerlos. Aunque sabemos que un área protegida con explotación minera es una contradicción”.
Por otro lado, la abogada Diana Rodríguez, miembro de la línea de justicia ambiental de Dejusticia, cree que esa injerencia se traducirá inevitablemente en la reducción de las nuevas declaratorias, debido a que el trámite se hará mas extenso al prolongarse la negociación con el Ministerio de Minas.
Para los expertos, la propuesta podría dificultar los procesos de declaratoria de nuevos parques nacionales que se están adelantando, como el proyecto Parque Serranía de San Lucas, donde se espera proteger 377.000 hectáreas de Bolívar y Antioquia en una zona cercada por títulos mineros y actividades extractivas criminales.
Lo mismo ocurriría con zonas donde hay intereses petroleros, como las 240.000 hectáreas que se quieren proteger en el alto de Manacacías, Meta, y las 101.000 hectáreas de humedales en las selvas de Lipa, en Arauca, que se encuentran en proceso de convertirse en reserva natural.
“Además, este proyecto va en contravía de las competencias de las autoridades ambientales, como las corporaciones autónomas regionales (CAR) e incluso las del mismo Ministerio de Ambiente”, dice la abogada Rodríguez al referirse a un punto de la ruta en el que el Minambiente les exigiría a las corporaciones que, antes de declarar un área protegida regional que esté dentro de las áreas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959 o en las áreas sustraídas de las reservas forestales, las CAR tendrían que llevarle la propuesta para su evaluación y aprobación, trámite que hoy, según los expertos consultados, no es necesario.
Ahora que Colombia se muestra tan interesada en entrar a la lista de “países avanzados” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la abogada de Dejusticia cree que este panorama no ayuda al país a cumplir los saldos en rojo que tiene en términos ambientales: “La OCDE le recordó a Colombia que aún no cuenta con el número suficiente de áreas protegidas y también le recomendó que, si quería hacer parte de ese grupo, debía fortalecer su instituciones ambientales. Reglamentaciones como esta no ayudan ni a lo uno ni a lo otro”.
Llama la atención que el Ministerio de Ambiente no haya puesto a consideración pública esta propuesta que hasta hoy desconocían expertos y organizaciones civiles interesadas en los temas de conservación. “No entendemos por qué no ha sido anunciada ni socializada. No se puede legislar sobre los parques nacionales de Colombia sin tener en cuenta a la opinión pública. Es obligación del ministerio que el país conozca sus planes”, dice el exministro Manuel Rodríguez.
El Espectador intentó contactar a la saliente ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, pero no fue posible. Sin duda, este será uno de los primeros debates públicos que tendrá que dar Gabriel Vallejo, su sucesor.
acuevas@elespectador.com