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Desde que se anunció la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo en el 2008, a sólo 29 kilómetros de la capital de Neiva, el proyecto ha sido un constante “tire y afloje” entre varios intereses. Defendido por el presidente Santos y el Ministerio de Minas y Energía como parte de un plan estratégico para darle el 4% de energía al país, su construcción y entrada en funcionamiento ha estado atravesada por desplazamiento de la población, protestas, cuestionamientos a la licencia ambiental otorgada por la ANLA y, sobretodo, una desarticulación institucional en la que nadie parece ir en la misma vía.
Es por esto que el 11 de noviembre, desde las 8:00 am, se está realizando una audiencia pública ambiental en el municipio de Garzón, Huila, para discutir varios “vacíos” sociales y ambientales que quedaron en medio de la discusión. Allí, personas que se han inscrito previamente podrán exponer las afectaciones o incumplimientos que, según ellos, les ha dejado el proyecto energético liderado por Emgesa.
Documentos, argumentos e intervenciones serán presentados ante la directora de ANLA, Claudia Victoria González, y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, que estará presente. También asistirá el gobernador del Huila y los mandatarios y pobladores de los seis municipios que abarca el Quimbo: Gigante, El Agrado, Garzón, Tesalia, Altamira y Paicol.
Durante la audiencia, el gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, solicitó suspender la operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, hasta que no se cumplan las compensaciones y medidas ambientales correspondientes, manteniendo ciertos plazos para estos pagos. Además, solicitó la reforestación inmediata de 22.000 hectáreas como compromiso que había adquirido Emgesa, ya que, según él, sólo 140 han sido reforestadas.
Esto, advirtió, debería lograse en compañía de la creación de una “mesa interinstitucional de seguimiento y verificación de las obligaciones de Emgesa frente al proyecto de El Quimbo”, que aparentemente fue apoyada por el Ministro de Ambiente, donde estén reunidos la procuraduría, la defensoría del pueblo y la fiscalía, entre otros.
En el documento que se le entregó a las autoridades durante la audiencia y a partir de datos reunidos por la academia, organizaciones internacionales, universidades y sociedad civil, se advierte que la hidroeléctrica de El Quimbo, ha dejado a 1.419 personas sin empleo, se han perdido 26.750 jornales y, según estimó González, da pérdidas de 50 millones por hora.
Aunque hace algunos años ya se había solicitado una audiencia pública nacional ambiental frente a la ANLA, pero esta fue rechazada por la Autoridad por no tener motivos suficientes, así que parece que lo presentado por los interventores durante el evento, serán argumentos de fuerza mayor.