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Los bosques amazónicos están sucumbiendo a la tala indiscriminada. Cada año, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) comparte cifras escandalosas sobre deforestación. En junio de 2018, Caquetá, Putumayo y Amazonas perdieron cerca de 144.174 hectáreas; el doble que lo deforestado en 2016.
Aunque el Ideam informa que el acaparamiento de tierras y la ganadería son los principales motores, la tala ilegal para el comercio causa el 10 % de la deforestación del país. Solo en esos tres departamentos se han extraído 359.223 m³ de madera, suficiente para llenar 21 canchas de fútbol, de portería a portería, con árboles amazónicos. Y a pesar de que existen esfuerzos por parte de autoridades militares y ambientales (como el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia (que hace parte de este Plan Nacional de Desarrollo), las cifras podrían ser más grandes.
Por eso, durante casi dos años, la Environmental Investigation Agency (EIA), una ONG internacional, llevó a cabo una investigación que revela cómo los traficantes lavan y trafican madera no autorizada (incluyendo especies prohibidas como el cedro) en Caquetá, Putumayo y Amazonas. Por medio de minería de datos, más de cuarenta derechos de petición, cien entrevistas en terreno y el análisis de miles de salvoconductos, pintaron el panorama del tráfico ilegal de madera en la Amazonia colombiana.
Fronteras porosas
Colombia comparte 1.644 kilómetros de frontera con Brasil y otros 1.650 kilómetros con Perú. Sin embargo, el único punto aduanero (oficial) es Leticia (Amazonas). El puerto tiene un “régimen especial aduanero”, que permite que se importen mercancías libres de impuestos por un valor menor a US$1.000. Para la exportación de madera, lo único necesario es una factura y un certificado fitosanitario del Instituto Agropecuario Colombiano (ICA). “En la práctica, los comerciantes incurren en lo que se le conoce como hormigueo; es decir, fraccionan los cargamentos para que su valor no exceda US$1.000, utilizando amigos y familiares para ingresar madera peruana sin tener que cumplir con requisitos adicionales”, explicó un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a la EIA.
Además del régimen aduanero, sin importar el peso o valor de las importaciones de madera, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debe certificar que el origen de la madera es legal. Aquí es donde el negocio y las cifras oficiales se complican.
Según las respuestas a los derechos de petición que envió la EIA, la DIAN dice que 9.663 m³ de madera peruana y brasileña entraron por Leticia al país entre 2015 y 2019, pero la ANLA aseguró que no ha emitido ninguna autorización para importación de madera en el mismo período de tiempo y que no son ellos, sino la CAR (en este caso, Corpoamazonia) la que debería realizar el control de los especímenes que sean objeto de autorización para importación.
Al otro lado de la frontera, las cifras tampoco cuadran. La Sunat, que es la autoridad aduanera de Perú, aseguró que no tiene registros de cargamentos de madera con destino a Colombia entre 2015 y 2019. Es decir que en el papel no hay contrabando. ¿De dónde sale la madera y por qué todos se hacen los de la vista gorda?
En las más de cien entrevistas con autoridades ambientales, Fuerza Pública y comunidades indígenas y campesinas en ambos lados de la frontera, los entrevistados reconocieron que hay una mafia y que algunos funcionarios están involucrados. “Las coimas se perciben como el costo de hacer negocios”, dice el informe.
El mercado negro de salvoconductos
La EIA analizó 16.470 salvoconductos emitidos para Putumayo, Caquetá y Amazonas entre enero de 2012 y julio de 2017; casi el 87 % de todos los permisos para movilización de madera expedidos por Corpoamazonia. Aunque esta Corporación debería hacer supervisión a las áreas en donde se hace aprovechamiento legal de madera, no se llevan a cabo regularmente por falta de recursos o falta de voluntad personal o política. “Algunos permisionarios nuestros se han prestado para amparar con sus permisos legales la madera ilegal. Sacan sus permisos y no aprovechan en su área autorizada, tienen acuerdos con los dueños de los remolcadores que van subiendo y recogiendo madera de Perú y Colombia”, reconoce John Jairo Arbeláez Galindo, exdirector de Corpoamazonia en el departamento del Amazonas.
En esos tres departamentos amazónicos hay 535 titulares de salvoconductos, pero solo 39 de ellos comercializaron el 50 % de los 359.223 m³ de madera que se deberían estar movilizando “legalmente” por los ríos y carreteras, y solo diez personas tenían a su nombre el 57 % de los salvoconductos.
Tal vez el caso más representativo del mercado negro de salvoconductos es el cedro. En los años 70, la demanda de maderas duras como el cedro (“Cedrela odorata”) o cedro Tarapacá, propició una bonanza de madera de cedro en la Amazonia. “De Tarapacá salió bastante madera, era muy rentable porque la compraban de Cali y Bogotá. Muchos venían, se quedaban y gastaban, pero al pueblo no le dejó nada. La gente que trabajaba quedó sin casa”, explicó a EIA un comerciante de madera que lleva décadas en el negocio.
“Aunque existía la autoridad ambiental, no había regulación que dijera que no se podía hacer un aprovechamiento indiscriminado del mismo”, explica Edwin Flórez, presidente de la Asociación de Productores de Madera de Tarapacá. Pero el cedro desapareció gradualmente de las orillas de los ríos, por lo que los madereros tuvieron que ir cada vez más selva adentro. Por esta razón, Corpoamazonia impuso una prohibición al cedro en 2015 hasta 2025. Sin embargo, y aunque la bonanza acabó, aún se comercializa con esta especie. “Es muy fácil. Los cargamentos de cedro son pasados por otra especie en los salvoconductos y para pasar los retenes se muestra apenas un pedazo de la carga, o se le echa barro a la madera para que no se reconozca la especie”, le explica a César Molinares, uno de los periodistas que lideró la investigación.
En puertos como Puerto Asís, a orillas del río Putumayo, los tramitadores de los salvoconductos dicen que es muy fácil legalizar cedro de Perú, que viene de áreas protegidas como la cuenca del río Yaguas (en donde está el Parque Nacional del Yaguas), con documentos de Corpoamazonia para hacerlos pasar como madera colombiana de otras especies, o se declara como madera que fue extraída antes de la prohibición del cedro.
Quienes hacen el trabajo sucio son conocidos como “intermediarios”. El primer tipo son los “gasteros”, que convencen a los campesinos y comunidades indígenas de firmar los permisos de aprovechamiento forestal, los acompañan hasta las oficinas de Corpoamazonia o consiguen un poder legal para hacer los trámites. Los gasteros también son quienes proveen las motosierras, limadoras, machetes y gasolina para talar los árboles. A cambio, entregan bienes a la comunidad.
Los líderes indígenas de tres comunidades en el bajo Putumayo le contaron a EIA cómo les dieron acceso a 1.900 hectáreas de sus bosques a los gasteros a cambio de alimentos, provisiones, artículos escolares, generadores eléctricos y gasolina ACPM. Las comunidades firmaron poderes legales dándole al gastero la potestad para solicitar permisos forestales y salvoconductos a nombre de las comunidades, pero el nombre del gastero no aparece en la documentación, ya que el líder de la comunidad fue llevado a Corpoamazonia a firmar los documentos formales.
“Llega el intermediario a las comunidades diciendo: ‘Estoy comprando esto, estoy pagando esto’, y la necesidad es tan verraca, que se acepta”, dijo un líder indígena del bajo Putumayo. En otra comunidad del Bajo Putumayo, un gastero le entregó a la comunidad un generador eléctrico de $30 millones, que les sirvió para tener un mínimo de luz, pero eventualmente se quedaron sin gasolina para que siguiera funcionando.
El presidente de la Asociación de Madereros de Putumayo defendió la práctica de los gasteros, diciendo que proveen ingresos para comunidades que no pueden asumir los costos de una operación maderera: “Nos involucramos en la comunidad. Les ayudamos con cosas simples como llevarles agua hasta el caserío, una planta eléctrica que no tiene costo. Es un beneficio colectivo… Ellos la sacan a la orilla del río y nosotros les colaboramos con los gastos y estamos pendientes de la parte técnica”.
Otro tipo de intermediarios son los “apoderados”, que negocian directamente con las comunidades indígenas, campesinas o propietarios privados, a quienes pagan montos fijos por firmar los documentos necesarios para obtener los permisos de Corpoamazonia y después obtienen un poder para actuar como representantes, y así extraer y mover madera. La mayoría de apoderados están en Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, Mocoa y Valle del Guamuez (en Putumayo), Curillo (Caquetá), y Tarapacá (Amazonas).
Uno de los casos que documentó EIA sucedió en Villagarzón, en donde un apoderado se aprovechó de una comunidad campesina para lavar madera. En un caso, el apoderado ofreció “comprarle” a un propietario su concesión maderera para extraer madera a nombre del propietario. El apoderado compró documentos que le concedían la extracción y movilización de 15.000 piezas de madera, pero sólo extrajo 5.000. Las 10.000 piezas restantes fueron extraídas en otro lugar y lavadas utilizando los documentos de la concesión del propietario.
Corpoamazonia descubrió la trampa, realizó una auditoría y canceló la concesión, pero le impuso al campesino una multa de más o menos $60 millones, que no pudo pagar. En otro caso, el intermediario se acercó a un miembro de la comunidad que no tenía una concesión maderera y le ofreció actuar en su nombre para obtener permisos para extraer 1.100 m³ de madera. El apoderado utilizó el mismo “modus operandi”: reportó haber extraído toda la madera de la propietaria, pero en realidad utilizó los documentos para extraer y movilizar aproximadamente 460 m³ de madera en otro lugar. Corpoamazonia también canceló esta concesión y sancionó a la campesina, una mujer de edad. “Yo no tengo una finca y, según entiendo, solo los propietarios pueden obtener concesiones. Por eso compramos salvoconductos… de los beneficiarios de las concesiones”, dijo en su defensa el apoderado de este caso.
En los últimos nueve años, Corpoamazonia ha sancionado a 96 conductores de distintas compañías transportadoras, 98 propietarios de aprovechamientos maderables y tan solo dos apoderados. Han incautado 2.400 m³ de madera, especialmente canalete (“Cordia alliodora”), achapo (“Cedrelinga catenaeformis”) y cedro (“Cedrela odorata”). La mayoría de sanciones fueron por movilizar madera sin salvoconductos.
Sin embargo, según EIA, las sanciones recaen sobre los propietarios y no sobre quienes importan y exportan madera, que continúan haciendo negocios sin ningún problema, solicitando y recibiendo nuevos permisos para extraer y movilizar madera. Por ejemplo, Armando Nitolo Montenegro fue sancionado como titular de aprovechamiento en noviembre de 2013 por transportar madera sin un salvoconducto y nuevamente en 2014 como apoderado de otro propietario. Aun así, Corpoamazonia continuó emitiéndole autorizaciones de aprovechamiento en 2016 y permitiéndole ser apoderado de otros propietarios.
Los corredores
Los centros de acopio más importantes para el tráfico de madera en Perú son el puerto de Islandia y la cuenca del río Yaguas, con fuertes vínculos con comerciantes colombianos. Cuando EIA realizó su visita, varios cargamentos de cedro y otras especies estaban listos para ser procesados. Algunos aserraderos tienen letreros advirtiendo que aquellos que entren sin permiso podrán ser agredidos con armas de fuego.
En el lado colombiano, el corredor más importante para el tráfico es el río Putumayo. A lo largo de su curso, el río delimita la frontera entre Colombia y Ecuador y después entre Colombia y Perú. Controlar lo que ocurre a lo largo de esta frontera puede ser un gran reto. Algunos funcionarios del Gobierno le informaron a EIA que el corredor entre Tarapacá, Puerto Arica, El Encanto y Puerto Alegría (en el departamento de Amazonas) es una ruta para la madera ilegal extraída en ambos lados de la frontera.
En cada punto de control de Corpoamazonia, que tiene en su jurisdicción los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas, hay entre diez y veinte militares que deben encargarse de controlar 170 kilómetros de ríos fronterizos, una tarea imposible. Los traficantes juegan al “gato y el ratón”, moviéndose entre el lado peruano y el lado colombiano, dependiendo de la autoridad que quieran evadir.
En Puerto Asís (Putumayo), por ejemplo, entre el 2012 y 2017, cerca de 924 planchones llegaron a Puerto Asís en este período con por lo menos 67.330 m³ de madera de 84 especies forestales: 184 embarcaciones por año o 15 por mes. En los muelles fluviales de La Esmeralda (para barcos que navegan río abajo) y Hong Kong (para lanchas más pequeñas que se dirigen río arriba), los trabajadores, sin seguridad social ni seguros contra accidentes de trabajo, cargan bloques enormes de madera de una embarcación a otra hasta los camiones estacionados a cientos de metros de los muelles. “Muchos de ellos trabajan sin ningún tipo de protección, en chanclas, y muchos tienen dedos mutilados producto de cargar bloques que van desde los 15 hasta los 200 kilos. Les pueden pagar entre US$25 y US$57, pero eso les alcanza apenas para almorzar”, contó Molinares.
La madera se va para Bogotá, Cali, Villavicencio, Bucaramanga y Neiva. Las primeras tres ciudades en esta lista reciben más del 50 % del volumen movilizado. El resto se moviliza dentro de Putumayo, Caquetá y Amazonas (y probablemente se removiliza con un nuevo salvoconducto o factura, tras ser procesada en un aserradero). La mayoría de esta madera proviene de municipios con altas tasas de deforestación como Cartagena de Chairá (Caquetá), seguido por Puerto Leguízamo (Putumayo), Solano (Caquetá) y Tarapacá (Amazonas).
*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador
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