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Lo que la empresa Eco Oro (antes Greystar) consideró su sueño dorado, explotar 12,6 millones de onzas de oro en el Páramo de Santurbán, se convirtió en una pesadilla. A las protestas de los santandereanos y los líos jurídicos que detonó su intención de intervenir una zona ecológica estratégica, ahora sus antiguos socios le están dando la espalda.
La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), un brazo del Banco Mundial encargado de promover el desarrollo económico, decidió vender la participación accionaria que tenía en la empresa de origen canadiense. La entidad era dueña de un 10% de las acciones.
La decisión se tomó luego de recibir una queja por parte de organizaciones ambientalistas. El 12 septiembre de 2014, en Washington, sede del Banco Mundial, representantes de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Desarrollo Ambiental Internacional (CIEL), Mining Watch Canada, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán le recordaron a los representantes del Banco que el proyecto Angostura estaba en contra de los objetivos que la IFC tiene con sus inversiones pues pondrían en riesgo a una comunidad de cerca de dos millones personas.
Ante sus inquietudes, la IFC examinó con más detalle el proceso de exploración de Santurbán. Empezó a hacerlo en mayo de 2014 y luego de analizar documentos, entrevistar a funcionarios en Bucaramanga y Bogotá y conversar con la sociedad civil, emitió un documento de 55 páginas con sus conclusiones en septiembre de este año. En ellas muestra que la IFC omitió aspectos claves que debería contemplar cualquier proyecto que entre en la lista de beneficiados del Banco Mundial. Uno de los más importanetes: una completa evaluación ambiental.
Darcy Crowe, vocero de IFC en Colombia, confirmó que en noviembre se vendieron las acciones y que la corporación sólo invierte en proyectos que tengan un impacto positivo para el desarrollo del país. Por su parte Carlos Lozano Acosta, miembro de la AIDA, añadió que "el retiro del Banco Mundial del proyecto es un duro golpe político y financiero para la minería en el páramo de Santurban. El gobierno debe reflexionar sobre su actitud permisiva hacia la mineria a gran escala en páramos, que es ilegal".