Pese a que la región Orinoquía superó ampliamente dos de las tres metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, entre las que se destaca un aumento de 4.000 a 300.000 hectáreas bajo esquemas de conservación y producción sostenible, el mal estado de las cuencas hidrográficas por el alto grado de contaminación de los afluentes continúa siendo una de las falencias de esta zona del país.
Aunque el balance del pacto Región Llanos-Orinoquia, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo para Casanare, Meta, Arauca y Vichada es principalmente favorable, representantes del sector público, privado, académicos y la sociedad civil tuvieron un espacio para expresar los objetivos que están aún en proceso de consolidación en sus territorios. La oportunidad se dio en Villavicencio, durante el Encuentro por el Agua y la Energía Renovable que desarrolla la campaña BIBO de El Espectador, en alianza con ISAGEN y bajo la dirección técnica de WWF Colombia.
El diálogo multiactoral puso sobre la mesa la necesidad conjunta de cambiar el paradigma al momento de hablar de gestión del recurso hídrico y la transición energética. Desde su experiencia como vocera de la Red Colombiana de Reservas Naturales de la sociedad civil, Martha Morales señaló que todavía persiste la noción de que “la institución conserva y el privado produce”, por lo que no se estarían uniendo esfuerzos suficientes para subsanar problemáticas tan complejas como, por ejemplo, la falta de tratamiento de aguas residuales e industriales en la región.
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El grupo de Restauración manifestó, en una de sus conclusiones, que no hay forma de hablar de sostenibilidad del recurso hídrico en sus municipios si las aguas servidas continúan llegando de manera directa a los ríos sin pasar por un proceso de descontaminación. Situación que reconoció el director de Cormacarena, Andrés García, quien aseguró en agosto de este año que “el 25% de las aguas residuales son tratadas antes de ser vertidas al río Acacías, es decir que el 75% de estas aguas caen a este río de la misma manera que salen de las casas”.
De acuerdo con el más reciente informe de la Superintendencia de Servicios Públicos (entregado a finales de 2021) en el país hay 715 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, pero solo 183 plantas de este tipo (PTAR) registraron parámetros operativos por lo que “no más del 25% de prestadores llevan un control, seguimiento y monitoreo a la operación de esta infraestructura”, señala el documento. Además, ninguna de las que hay en la Orinoquía se encuentra en el listado nacional de aquellas que tratan la mayor cantidad de caudales. Incluso, la superintendencia reconoce que capitales de gran concentración poblacional como Villavicencio y Florencia no cuentan con infraestructura de tratamiento.
Para hacer frente al alto grado de contaminación de los afluentes se está diseñando el Fondo del Agua para Villavicencio y Acacias, con proyección a cinco años. La iniciativa cuenta con el apoyo de Ecopetrol, las alcaldías municipales, la academia y la ong The Nature Conservancy (TNC).
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Puntos por mejorar
Los asistentes al Encuentro atribuyen el mal estado de las cuencas hidrográficas a la falta de redes de monitoreo, dado que la información recolectada es dispersa y el seguimiento a la calidad del agua se realizaría de forma intermitente.
“No se hacen estudios a las fuentes hídricas y en temporada de verano nuestras fuentes se secan. Hemos solicitado que se hagan aforos (mediciones del caudal), porque sin ello hay alta mortandad de especies”, precisó Ricardo Alarcón, activista ambiental del municipio de Acacías, Meta.
Para dar solución a esa carencia, Leonor Valenzuela, coordinadora de análisis de Wildlife Conservation Society (WCS), destacó que el monitoreo debe partir desde los nacimientos de agua y que debe trabajarse de manera colaborativa. “La comunidad puede aportar mucho porque, en ocasiones, para Parques Nacionales es complicado hacerlo por ausencia de personal”, dijo.
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No solo en el monitoreo la sociedad civil jugaría un papel importante. Las organizaciones no gubernamentales e incluso las personas naturales podrían, según los panelistas del grupo de Conservación, emplear distintos mecanismos de participación para abogar por zonas con gran riqueza hídrica y de biodiversidad en sus municipios. Una forma mencionada fue la postulación de Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas, también llamadas OMEC.
En 2018, cuando el Convenio sobre la Diversidad Biológica acuñó el término OMEC, se determinó que se utilizaría para hablar de un área definida que podía ser gestionada
-sin llegar a tener la categoría de área protegida- con resultados a largo plazo para la conservación. Por tanto, en la región de la Orinoquía es viable que la comunidad nomine y registre, por ejemplo, predios para la protección del agua, zonas exclusivas de pesca artesanal o reservas naturales de la sociedad civil no registradas.
En cuanto a los esquemas habilitadores necesarios para mejorar la calidad de agua y la electrificación de la economía local, el grupo de Gestión del Uso destacó que fortalecer la gobernanza es primordial. “Falta trabajar en definir las competencias de las instituciones”, indicó Linda Orjuela, de la dirección territorial Orinoquia de Parques Nacionales Naturales. La funcionaria recordó que instrumentos de planificación existen de sobra, pero su armonización no es la adecuada y para el caso de los POMCAS (Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas), no todos los sectores se sienten representados en su creación y aplicación.
Como aporte extra a este punto de la discusión, desde el Proyecto Biocarbono Orinoquia -estrategia para fomentar la producción agropecuaria sostenible- se propuso también reestructurar el Sistema Departamental Ambiental del Meta (SISDAM) debido a las “inconsistencias” que se presentan en las diferentes instancias de representación dentro del sistema.
Sin embargo, se resaltan iniciativas sobresalientes que han facilitado la articulación interinstitucional como lo es NORECCO (Nodo Regional de Cambio Climático de la Orinoquia) y el proyecto Triángulo del Puma, de carácter privado, que une a las reservas El Amparo, La Reseda y al Parque Yurumí en pro de proteger el corredor biológico por donde transita el puma.
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Normativa compleja que dilata mejoras
“Hace siete años se publicó el decreto 1066 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior) pero han salido infinidad de normativas después y es difícil su aplicación”, afirmó Diana Rojas, directora técnica de EcoValor. Con su apreciación, la consultora hizo referencia a los retos que su compañía ha encontrado al asesorar a empresas del sector agroindustrial de la Orinoquia en el cumplimiento de leyes ambientales que, se supone, debían ser más fáciles de implementar con la simplificación del ordenamiento jurídico que planteaba el mencionado decreto.
En realidad, la complejidad de aplicar la normativa se extiende a otros sectores que intentan adaptar su actividad productiva a la vía de la sostenibilidad, como lo es el sector energético. “Es más fácil crear una central nuclear en Francia que un parque fotovoltaico de 20 megavatios en Colombia (...) se deberían estandarizar y centralizar los términos de referencia entre las corporaciones para el desarrollo de energías renovables”, señaló Ernesto Pérez, gerente general de Solargreen.
Durante su intervención, Pérez relató que su compañía, y otras tantas del gremio, tienen proyectos fotovoltaicos listos para construir en varias regiones del país que permanecen estancados por la falta de licencias ambientales, de infraestructura o el incumplimiento de los operadores regionales. Por ende, solicitó que el discurso político no se centre en expandir el sistema eléctrico sin antes incluir una verdadera revisión y ajuste de los desaciertos actuales del sistema. Otros colegas del panel de Gestión del Uso se sumaron a la petición y pidieron aumentar las subastas de energía para viabilizar parques eólicos y centrales fotovoltaicas en la región llanera.
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Proyectarse desde lo local
Las soluciones se formulan a partir de los contextos y, bajo esa lógica, la plenaria del Encuentro enumeró una serie de acciones a implementar para que las metas del próximo Plan Nacional de Desarrollo converjan en la conservación y cuidado de los ecosistemas.
- Diseñar proyectos anidados que involucren a los sectores productivos en la formulación de soluciones basadas en la naturaleza.
- Realizar campañas para el aprovechamiento de productos forestales no maderables.
- Capacitar y educar a la población de la Orinoquía para que entienda que la deforestación no es camino para la adjudicación de tierras.
- Fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad con los proyectos de conservación y restauración de fuentes hídricas.
- Fomentar sistemas silvopastoriles.
- Impulsar la siembra de cultivos de rápido crecimiento para generación de energía eléctrica y calorífica.
- El concepto de basura no existe, lo que falta es aprovechamiento de los residuos, incluidos los del sector agropecuario.
El próximo 16 de noviembre se realizará el Encuentro Nacional por el Agua y la Energía Renovable de este año, completando así once años consecutivos de este espacio de diálogo en torno a la gestión del agua y a la transición energética. Bogotá será la sede de esta conversación presencial que recogerá los hallazgos de la gira por regiones.