10 Jun 2021 - 2:00 p. m.

Derechos humanos y cultura medioambiental, dos claves para dinamizar la economía pospandemia

La recuperación económica en Colombia no solo debe ser verde. Los derechos humanos son un elemento clave para garantizar que el desarrollo esté armonizado con la naturaleza y promueva la justicia social.

La lucha por una agenda medioambiental sostenible está más vigente que nunca. Dentro de las lecciones que ha dejado el paro nacional desde el pasado 28 de abril, fecha en que comenzó, ha mostrado que las decisiones políticas y económicas de nivel estatal trastocan de manera irreversible y directa otros escenarios de alta importancia colectiva, que históricamente han sido marginados de las prioridades para el desarrollo del país.

Justamente, los intereses ecológicos y las políticas medioambientales no han dejado de estar presentes en los clamores de los marchantes que no quieren que, en medio de la emergencia sanitaria que atravesamos y de las crisis sociales que hoy más que nunca están saliendo a la luz, se sume un colapso de los ecosistemas y mayores desajustes y arbitrariedades en la forma como se manejan los recursos naturales.

Una muestra de ello fue lo que ocurrió el pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medioambiente, jornada en la que a lo largo de 15 departamentos, más de 230 organizaciones ambientalistas se organizaron para pedirle al Gobierno que no olvidara su compromiso de ratificar el Acuerdo de Escazú (tratado que busca garantizar el acceso a información ambiental, participación y elevar el reconocimiento y la protección de los defensores ambientales en América Latina y el Caribe), que marginara la idea de darles continuidad a las campañas de asperjar con glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito, que detuviera la deforestación en la Amazonia y que aboliera las prácticas del fracking, entre otros puntos.

Voces expertas, consultadas por la campaña BIBO, coinciden en que a pesar de las adversidades, Colombia está a tiempo de revertir los impactos del cambio climático, con el ajuste y ejecución de políticas públicas, a la vez que se puede pensar en proyecciones de recuperación económica y desarrollo después de la pandemia, en las que la defensa de los derechos humanos, la justicia ambiental sostenible y el cierre de brechas sociales sean valores irrevocables.

Carola Mejía, economista boliviana e integrante de la campaña latinoamericana Reactivación Transformadora, asegura que países como Colombia y los ubicados en esta región del mundo deben articular, por encima de otros países, esfuerzos que permitan pensar en un desarrollo sostenible de largo aliento, que parta de garantizar el bienestar social y medioambiental, así como el respeto a los derechos humanos y los derechos de la naturaleza .

“Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Somos ricos en el ámbito natural y cultural, pero nuestras prácticas y el uso histórico y sostenido de actividades altamente extractivas, que esencialmente se basan en la explotación de hidrocarburos, minerales y recursos naturales para la exportación, han derivado en altos niveles de deforestación, son causantes del cambio climático y de una gran pérdida de biodiversidad, generan muchos conflictos socioambientales y han generado tal dependencia económica, que hacen que veamos muy lejana todavía la consolidación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planeados para 2030”, dijo.

Además, la economista agregó que “mientras eso siga sucediendo y no nos abramos a modelos económicos más justos y responsables con el medio ambiente, tendremos que someternos a las consecuencias de nuestras propias decisiones, es decir, a caer en un abismo sin retorno en el que nuestro planeta se siga muriendo en sus ecosistemas, poniendo en riesgo la vida, la seguridad alimentaria e hídrica, así como profundizando los actuales problemas socioeconómicos, relacionados con altos niveles de pobreza, vulnerabilidad, inequidad, poco acceso a servicios básicos como salud, seguridad social, educación de calidad, o las constantes amenazas a los líderes ambientales”, aseguró Mejía.

Justamente, sobre las dificultades que persisten en el país y en la región para articular los intereses sociales con los medioambientales, Carmen Candelo, asesora en Gobernanza y Medios de Vida Sostenible de WWF Colombia, insiste en que la base de todas estas situaciones se puede entender a partir de la falta de convergencia entre la justicia y la seguridad.

Candelo, a partir de sus años de experiencia trabajando en territorios en el occidente y el suroccidente del país, sugiere que los cambios reales y a la medida de las necesidades de las poblaciones se lograrán cuando a partir de la defensa de derechos humanos se vea que allí está la llave para generar gobernanza en la mitigación del cambio climático.

“Pensemos por un momento en el flagelo dolorosísimo de la deforestación. Distintos monitoreos muestran que en 2020 fueron deforestadas 140.000 hectáreas de tierra, 53 % más que en 2019, y eso que el año pasado la pandemia nos encerró. Sus efectos colaterales, como siempre lo han sido, fueron el acaparamiento de tierras, la extensión de la frontera agropecuaria y, por supuesto, la crecida exponencial de las amenazas y asesinatos de líderes sociales… no olvidemos que somos el país que más los mata. Ahora, si queremos triunfar y salir adelante social y naturalmente, la tarea es no renunciar a la implementación integral del Acuerdo de Escazú, hacer nuestras planificaciones de país con cara a nuestros dos mares, no invisibilizar a las poblaciones vulnerables y llegar hasta el final para que las políticas de papel se cumplan; llevarlo a la calle es nuestra meta, esa que debemos hacer cumplir”, propuso la asesora de WWF Colombia.

Afrontar y vencer luego de la pandemia

El COVID-19, además de reconfigurar los sistemas de salud a nivel global, ha cambiado paradigmas sobre cómo la economía se debe repensar en aras del bien colectivo, dándoles a las grandes industrias un rol social que esté en la capacidad de incluir a la mayor cantidad de personas posible en sus lógicas de desarrollo.

Para lograr este tipo de cometidos, la profesora Lina Muñoz, directora de la especialización y la maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, le dijo a este diario que “la crisis sanitaria nos habló a todos al oído para decirnos que nuestros proyectos económicos deben ser sostenibles y que deben dejar de ser cortoplacistas. Una reactivación paulatina de los mercados en Colombia debe priorizar la salud de los ecosistemas, las bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y nuestras cadenas de alimentación. Así se verá también cómo se protegen los derechos de los trabajadores y nuestras formas de vida”, aseveró.

Por su parte, Carola Mejía llevó sus reflexiones sobre desarrollo durante y después de la pandemia a una oportunidad casi inédita de reconciliarnos con el planeta, así como con nuestros valores humanos y democráticos, reconociendo la estrecha relación que existe entre la salud del planeta y las personas.

“Pensar en modelos de desarrollo más justos y sostenibles en el contexto actual, donde han convergido varias crisis, es algo urgente y a la vez posible, como nos lo ha mostrado la misma pandemia. Para ello, tenemos que afrontar los problemas y soluciones con integralidad y con una visión de largo plazo, para atender simultáneamente las múltiples crisis, poniendo en el centro de las decisiones la vida y el respeto a los DD.HH. y a los derechos de la naturaleza. Con eso claro, podemos dar pasos de gigante para ver que la pandemia no es un impedimento parta tratar la crisis climática y de pérdida de biodiversidad, sino la gran oportunidad de replantear el futuro que queremos para la región, reconociendo la gran responsabilidad que tenemos para garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones, su derecho a la vida y a un entorno saludable. Con esto, el planeta nos da una oportunidad para resarcirnos a favor de la justicia ambiental, social y climática. Sabemos que los países del norte global son los más responsables del cambio climático y de la gran presión que se le ha puesto al planeta, superando incluso sus límites naturales y afectando principalmente a los países más vulnerables, sin embargo eso no quita que la responsabilidad ante un mundo mejor es tarea de todos, sin excepción”, argumentó la investigadora de Reactivación Transformadora.

Siendo más específica con las actividades que el país debe realizar para desarrollarse económicamente tras la pandemia, de la mano con la protección de DD.HH., Lina Muñoz señala que el turismo y la educación sobre el desarrollo de nuevas energías renovables pueden llevar la vanguardia para nuevos estándares sociales.

La abogada, que también pone a las urbes como grandes actores que se deben armonizar con los intereses de la ruralidad, indicó que “la sostenibilidad debe ser un negocio atractivo para todos. Por ejemplo, si el turismo se adapta a muchas más actividades de conservación de los ecosistemas y a un aprovechamiento económico que parta de energías renovables, es decir, de descarbonización, lo más probable es que sus flujos de caja se dinamicen sin pasarle por encima al planeta, mostrando que esta pandemia al menos ha servido para este tipo de lecciones en las que podemos pensar en el otro. Y si esto lo llevamos a importancias sociales, pues lo consecuente es que, además de ser algo atractivo para compañías y particulares, vaya acompañado de educación para que los proyectos de energías renovables no vulneren los DD.HH. en las poblaciones donde estos se quieren hacer. Con estándares sociales y éticos que sean rígidos, lograremos una cultura ambiental en participación ciudadana que le quite el freno de mano a la economía”.

Tanto Mejía, como Candelo y Muñoz, llegaron a la conclusión de que las nuevas lógicas de mercado y de orden en las transacciones económicas que el país se proponga no tendrán cabida si no se reitera en todo momento la importancia en la protección de la vida de los ambientalistas.

De hecho, Carmen Candelo, citando objetivos del Acuerdo de Escazú, recordó que ese pacto apela a que las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales tengan un Estado que los apoye y los ratifique en espacios de trabajo libres de cualquier tipo de violencia.

“La gobernanza se debe consolidar con base en los derechos. Y qué más que darle una relevancia alta y sostenida a la vida de estas personas que son asesinadas mes a mes. Es necesario activar la economía y estandarizar más la justicia ambiental, pero siempre desde el lado de los vulnerables, de las personas que se la juegan para que este mundo sea mejor todos los días. Somos pluriétnicos, defendemos los gobiernos propios, pero en el sentido que nos vemos como un Estado Social de Derecho, también debe correr por nuestras venas el hambre de proteger a los que nos cuidan el ambiente. Los afros cuentan con la Ley 70 del 93, la Constitución cobija a los pueblos étnicos en general, pero ¿quién se la juega por los ambientalistas? Repensemos nuestra forma de vivir y así vamos a ver cómo nuestra economía se vuelve justa, verde y resiliente para todos”, concluyó Candelo.

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