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En Colombia la demanda de energía ha venido creciendo mucho más rápido que la oferta, lo que significa que el margen de maniobra –el colchón— que tenemos se hace cada vez más estrecho. Si no logramos cambiar esa situación con soluciones reales, podemos enfrentar una situación de crisis, precios más altos e incluso racionamiento de electricidad y nos alejará del postulado de acceso justo que busca la transición energética.
El panorama actual evidencia un sector afectado porque en los últimos cuatro años ha entrado al sistema menos del 20 % de la energía nueva prevista, mientras la demanda ha crecido el doble de lo planeado (ya va por los 8,31 % en lo corrido de 2024), el fenómeno de El Niño redujo los embalses y muchos usuarios pagan altos precios, especialmente en la Costa Caribe, debido al cobro de la Opción Tarifaria implementada en la pandemia a la que se suman las pérdidas y las inversiones para rehabilitar la precaria situación de las redes.
Se ha propuesto aliviar los precios reformando la estructura de mercado vigente. Sin embargo, estas intervenciones solo llevarían a desestimular la inversión privada, o sea una menor oferta de energía y, por lo tanto, mayores precios o racionamiento en el futuro. Algunos proponen que el Estado asuma esas gigantescas inversiones, que se cifran en billones de pesos. Pero el sector público no tiene los recursos financieros y técnicos para adelantar y administrar los proyectos de largo plazo que se requieren para atender la creciente demanda.
Como parte de la discusión sobre el control de tarifas, se argumenta que el costo más alto es la generación y que la Bolsa de Energía infla los precios. La realidad es que la generación representa apenas un poco más de la tercera parte de la tarifa al usuario final y el precio establecido en la Bolsa solo afecta un 7% el valor final de la misma. Por lo tanto, esos controles no serían una solución al problema.
Es importante destacar el crecimiento que el sector tuvo en los últimos 30 años en los que, mediante la inversión de empresas públicas, mixtas y privadas, con valores cercanos a los $140 billones actuales, se triplicó la capacidad de generación, de 7 gigavatios (GW) a más de 20 GW, soportando el desarrollo económico del país, el acceso de cientos de miles de familias al servicio de energía y la garantía de abastecimiento, sin apagones como los que sufrimos en 1992. Muchas de las planteadas “soluciones” para reducir las tarifas podrían llevarnos a una mayor estrechez que genere una desaceleración económica que afecte el bienestar y el progreso.
Como empresa comprometida con el desarrollo del país y el fortalecimiento del sistema en el largo plazo, hemos aportado en la búsqueda común de soluciones reales. Consideramos que la única manera de garantizar el suministro de energía a futuro y con un precio justo, es que haya más energía disponible de la que se consume, desarrollando más proyectos con inversión.
Se requiere además que las tarifas de la Costa se alivien con apoyo del Gobierno, sin asumir más controles estatales; que se estimule la inversión en generación y mejoramiento de redes, pues los inversores queremos seguir confiando y aportando soluciones, siempre que haya estabilidad jurídica e institucional; y que el Gobierno considere nuevas subastas y apoye la resolución de las dificultades ambientales, sociales y de licenciamiento que sufren grandes proyectos de generación renovables y limpios. Así, juntos, lograremos construir soluciones reales para la coyuntura y garantizamos la energía del futuro.