Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En 2026 se cumple una década desde la firma del Acuerdo de Paz, que no solo buscó, como lo resume Mariana Gómez, directora del Fondo Colombia en Paz, el silencio de los fusiles, sino que también trazó una hoja de ruta de acuerdos sociales y de transformación territorial.
El primer punto de este acuerdo, firmado en La Habana (Cuba), plantea abordar uno de los debates más elusivos de la historia del país: la reforma rural. Esto implica, como sostiene Gómez, transformar los territorios “más afectados por la violencia, en los que el Estado no ha estado presente y que están más aislados por la geografía nacional”.
Una de las propuestas para enfrentar estos retos —cuyos resultados se presentaron esta semana— comenzó a gestarse apenas un año después de la firma del Acuerdo, a partir de tres documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) emitidos entre 2016 y 2017. En ellos se recomendó al Estado colombiano asumir un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover el desarrollo rural, la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio climático en zonas afectadas por el conflicto armado.
Estos recursos, que sumaron cerca de USD 100 millones y se complementaron con USD 60 millones en créditos condonables de Suiza, Suecia y Noruega, se consolidaron en una bolsa destinada a impulsar el programa Colombia Sostenible, que durante los últimos ocho años ha promovido proyectos comunitarios en municipios históricamente golpeados por la violencia.
Con esta base, se lanzó una convocatoria, en febrero de 2018, en la que, a través de la ruta de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), comunidades locales presentaron proyectos de tres tipos: conservación (iniciativas con un área de intervención de mínimo 250 hectáreas registradas oficialmente), producciones sostenibles (con mínimo 65 beneficiarios asociados, priorizando población indígena, afro, mujeres y personas con discapacidad) y combinados.
Según sus organizadores, la estrategia apunta a mejorar ingresos para promover la movilidad social y la equidad en zonas vulnerables, al tiempo que busca conservar el capital natural mediante acciones contra la deforestación y la restauración de ecosistemas estratégicos. A esto se suma el fortalecimiento de la asociatividad, con modelos de gobernanza construidos desde lo local, la implementación de prácticas productivas resilientes frente al cambio climático y el cierre de la frontera agropecuaria para evitar la degradación de nuevos bosques.
“Colombia es un país biodiverso, y no pensar en la conservación y restauración ambiental es no resolver el problema de fondo de la violencia en los territorios. Es nuestra propia geografía la que ha dificultado que el Estado llegue a todos los lugares del país”, sintetiza Gómez. “¿Cómo se les pide a las comunidades que abandonen las economías ilícitas si el Estado no está presente?”.
Con este enfoque, los resultados del programa fueron presentados en un evento en Bogotá que reunió a beneficiarios, funcionarios y expertos para analizar los aprendizajes del modelo implementado en 114 municipios del país.
La paz a partir de la sostenibilidad
Uno de los ejemplos de transformación productiva se encuentra en Cauca, alrededor del cultivo de yuca. En el municipio de Buenos Aires, como relata Ana Mirella Caracas, beneficiaria del programa, “nuestras comunidades han sido golpeadas por la violencia y el desplazamiento durante décadas, en las que hemos resistido para que nuestros niños no tengan que emigrar a las ciudades”.
Caracas es parte de Ardecam, una organización que agrupa a 24 asociaciones de productores del departamento. Bajo su liderazgo, la organización participó en una convocatoria de Colombia Sostenible para fortalecer la producción de yuca con criterios de sostenibilidad.
A través del acompañamiento, no solo se tecnificaron los procesos productivos, sino que se incorporaron prácticas agrícolas sostenibles. Uno de los resultados fue la creación de un pasabocas de yuca que hoy se comercializa a nivel local.
“Estamos aún empezando, pero el objetivo es seguir generando valor agregado alrededor de la yuca y consolidar microempresas que mejoren la calidad de vida en nuestros territorios”, señala Caracas.
Otra iniciativa se desarrolló en Yondó (Antioquia), donde se acompañó a una comunidad en la creación de un emprendimiento con mariposas. Por un lado, se consolidó una estrategia de conservación de cerca de 300 hectáreas de bosque para proteger más de 50 especies identificadas en la zona rural.
Al mismo tiempo, se creó un taller para elaborar artesanías inspiradas en estas especies de mariposas. “A través del proyecto se construyó un espacio donde trabajamos distintas piezas, así como un libro con especies de la zona. En estos procesos también se vinculó a jóvenes con oportunidades reales en el territorio”, explicó Martínez.
Estas experiencias son parte de más de 200 proyectos agroambientales impulsados por el programa: 164 iniciativas productivas sostenibles —incluidos negocios verdes—, 26 proyectos de conservación y pagos por servicios ambientales (PSA), y 11 de carácter mixto. En total, beneficiaron a más de 36.428 familias rurales.
Entre el 41 y 42 % de beneficiarias fueron mujeres (15.254). Además, el 42,8 % de las contrataciones directas del programa correspondieron a mujeres, muchas de ellas en roles directivos y estratégicos.
La intervención se concentró en municipios con PDET, que, según Ramiro López-Ghio, representante del Grupo BID en Colombia, están “caracterizados por niveles de pobreza de ingresos del 42 %, que duplican la media nacional”.
En estos territorios, más de 36.000 hectáreas comenzaron a transformarse con acompañamiento técnico orientado a hacer compatibles la producción y la sostenibilidad. Se fortalecieron cadenas de café, apicultura, frutos amazónicos, ecoturismo y artesanías, impulsadas desde lo comunitario. Con el tiempo, estas iniciativas lograron conectarse con mercados: 164 acuerdos comerciales con empresas como Compañía Nacional de Chocolates, Alpina, Crepes & Waffles y Natura abrieron puertas en restaurantes, marcas y supermercados.
La mejora en los sistemas productivos no solo se reflejó en mayores ingresos. Según el reporte oficial, también contribuyó a reducir la carencia alimentaria en los municipios intervenidos se redujo a la mitad.
En términos ambientales, se conservaron y restauraron más de 21.000 hectáreas, mientras que en los predios intervenidos el área de bosque pasó, en promedio, de 5,3 a 11,3 hectáreas, según estimaciones de investigadores de las universidades de los Andes y de Antioquia.
En este proceso, el programa introdujo el concepto de “mosaico dinámico”, conectando 61 paisajes productivos que integran agricultura, áreas de conservación y asentamientos humanos en una superficie de 63.186 kilómetros cuadrados, con el objetivo de superar el enfoque predial y avanzar hacia una gestión territorial de mayor escala.
Un impacto verificable
Los resultados fueron verificados a través de una alianza con las universidades de los Andes y Antioquia, que realizaron encuestas, análisis satelitales y visitas de campo para contrastar la información presentada.
Según el informe de evaluación, estos resultados “demuestran incontrovertiblemente que la transformación estructural del campo colombiano, operada en clave de paz y sostenibilidad ambiental, no es solo una aspiración normativa, sino una empresa técnica y socialmente viable”.
A esto se suma el análisis de costo-beneficio destacado por Jorge Higinio Maldonado, director de la evaluación de impacto: “A partir de proyecciones a 20 años, que por cada 100 pesos invertidos, se generó un beneficio de 167”.
Además, el Fondo Colombia en Paz contrató una auditoría internacional para garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos. De acuerdo con la firma Deloitte & Touche S.A.S., el programa no presentó hallazgos en estados financieros, procesos de contratación ni sistemas de control interno durante las vigencias evaluadas desde 2019.
Con estos resultados, tanto el BID como el Gobierno Nacional manifestaron su intención de avanzar hacia una segunda fase del programa, Colombia Sostenible 2.0, que buscará consolidar y escalar este modelo en otros territorios.
Como concluye Mary Gómez, coordinadora del programa, “este no es el final de un programa, es el comienzo de una nueva historia. Dejamos un legado de restauración y productividad que le pertenece a cada vereda”.
Entrevista
“La conservación ambiental es clave para resolver de fondo el problema de la violencia”
En diálogo con BIBO de El Espectador, Mariana Gómez, directora del Fondo Colombia en Paz, habló del programa Colombia Sostenible y cómo sus resultados hablan sobre la ejecución en torno al Acuerdo de Paz, que está cerca de cumplir diez años.
La reforma rural es una de las grandes apuestas de Colombia Sostenible; ¿cómo se vinculan los resultados de este programa con esa apuesta planteada en el Acuerdo de Paz de 2016?
Uno de los elementos principales del legado de este programa tiene que ver con las metodologías para la transformación territorial, pero también con la generación de conocimiento que ha permitido que estos municipios PDET salgan adelante con proyectos que ellos mismos escogieron.
No se les puede decir a las comunidades locales que dejen las economías ilícitas si el Estado está ausente, y se requieren programas rigurosos y técnicos para atender sus necesidades reales. Eso ha sido otro factor clave, como lo demuestra el ejercicio de evaluación que realizó la Universidad de los Andes, y es que estos proyectos han reducido la inseguridad alimentaria y han incrementado los ingresos de estas comunidades, lo que va a permitir a su vez que esto sea sostenible y que se dejen las economías ilícitas en estos territorios. Estos factores son los que van a asegurar que la continuidad y la sostenibilidad se den por sí solas.
¿Qué radiografía sobre las comunidades y sus capacidades para desarrollar estrategias en el territorio deja el balance del proyecto?
Las iniciativas de las comunidades inicialmente se conocieron a través de unas convocatorias, y fue muy gratificante ver cómo todos estos procesos, de territorios tan diferentes, querían unirse al proyecto. Luego de esto, el acompañamiento partió de un principio fundamental en el que sabemos que en los territorios, por la ausencia histórica del Estado, faltan capacidades para formular un proyecto, para hacer un seguimiento financiero o para buscar esas apuestas comerciales.
Y los acompañamos en todos estos procesos, pues nadie ha dicho que es fácil. A muchos les falta todavía para poder ir solos, pero ya están abiertas las posibilidades para llegar a otros niveles o a exportar sus productos. Se ha sacado mucho adelante.
¿Por qué fue clave que más del 44 % de las beneficiarias del proyecto fuesen mujeres?
Es innegable que las mujeres somos las arquitectas reales de esa transformación territorial en procesos ambientales, pero también en la transformación hacia esos procesos productivos sostenibles y, al final, debido a la sensibilidad que tenemos, en esos cambios en los territorios.
Uno de los retos, que el mismo Gobierno nacional ha admitido, es la dificultad para lograr articular las apuestas ambientales con aquellas agrícolas. ¿Cómo se logró conjugar estos dos factores en el programa?
Colombia es un país biodiverso, y no pensar en la conservación y en la restauración ambiental es no resolver el problema de fondo de la violencia en los territorios. Y es algo incluso más profundo, pues es nuestra propia geografía la que ha dificultado que el Estado llegue a todos los lugares del país.
Para poder implementar el Acuerdo de Paz, tienes que entender la geografía de este país y poder entrelazar estos dos componentes ha sido fundamental para la sostenibilidad misma de estos proyectos.
Estamos a las puertas del aniversario número 10 del Acuerdo de Paz, que ha tenido que sortear varios retos desde su firma e implementación. ¿Qué balance deja el Gobierno Petro?
Este gobierno ha hecho un gran esfuerzo en la implementación del acuerdo, y muestra de ello es lo que presentamos esta semana. Faltan muchas por desarrollar y muchos retos que no vamos a alcanzar durante este gobierno. Esperamos que el gobierno que continúe aborde esta tarea, pues esto es una política de Estado.
La clave es seguir dialogando con los territorios y entender las dinámicas que han generado la violencia. Todo esto para seguir abriendo el camino para que las comunidades sigan creciendo y que el país se transforme hacia la paz.
Por
